Ciertamente, el resultado electoral, en forma de escaños, parece ideado por una mente perversa. Que los dos bloques en litigio estén tan ajustados y acaben por ser decisorios aquellos que hace tiempo se han situado al margen y dicen tener como objetivo dinamitar el Estado tal y como lo conocemos, es más bien raro. Más paradójico resulta el hecho de que aquellos a quienes la aritmética parlamentaria les permite condicionar la investidura dicen que lo hacen en nombre de los “intereses de Catalunya” y de avanzar hacia la independencia justamente cuando, en el voto, el electorado catalán se ha pronunciado de forma muy diferente. De forma agregada, ERC y Junts no han alcanzado el 25% del voto popular. Parece que la voluntad general, precisamente, no es la que dicen querer imponer –unos de máximos y otros de mínimos– en la negociación que pueda impulsar a Pedro Sánchez a la presidencia. Una razón adicional por la que creo que, después de mucho tira y afloja, no será posible. El resentimiento del exterior lo impedirá. Más allá de demandas asumibles de financiación, lengua y más autogobierno, existen exigencias que no solo no son aceptables por el gobierno del Estado, sino que no son compartidas de forma dominante en Catalunya. Buena parte de los planteamientos del Procés no es que choquen con España, lo hacen dentro de Catalunya.
Pero más allá del tema de los contenidos para un posible acuerdo, está el tema de los procedimientos. Ciertamente, existen problemas territoriales por resolver en España, pero no parece que sea ahora, deprisa y corriendo, cuando se puedan arreglar. Lo ha dicho el PNV con la sensatez que les suele caracterizar: hablemos del proyecto territorial. Y sí, sería necesario. El estado autonómico es un simulacro de estado federal improvisado, imperfecto e inacabado. Un país no puede permitirse tener contenciosos de estas características permanentemente abiertos y en conflicto. Una negociación continuada que parece un mercado persa en el que aprovechar la ocasión para “peixos al cove” o bien para “Sánchez, mamón, llama a Puigdemont”. La solución federal justamente lo es porque no es una ideología, sino una forma práctica de abordar la política y la conciliación de intereses y sentidos de identidad diversos. Una forma de cohabitar que permitiría una articulación asimétrica de territorios y sensibilidades que campan por España, pero también las diversas formas de entender el país y los plurales sentidos de identidad que conviven en Catalunya. El catalanismo conservador, antes, y todo el independentismo, ahora, tienden al desprecio del federalismo, justamente por su carácter laico e integrador, afirmando que no existen federalistas ni en Catalunya, ni en España. No es cierto. Los sondajes de opinión dicen que cada vez es más la población que ve ae federalismo como un marco de entendimiento y de convivencia. Llevar las cosas al campo de la razón. En definitiva, el federalismo suministra modelos de gobierno plural y multinivel, de cooperación y consentimiento mutuo aceptando realidades asimétricas y geometrías variables.
Es evidente que esto requiere tiempo, debates y consensos; sin embargo, sobre todo depende de voluntad política. Incluso el Partido Popular podría entrar en un acuerdo como este cuando se diera cuenta de que cabalgar sobre el anticatalanismo da algunos votos, pero les impide tener una mayoría para gobernar España. Se necesitan retoques a la Constitución, pero sobre todo hay que abordar la financiación estableciendo un sistema transparente, justo y que establezca bien los fondos de solidaridad. También cuáles son las funciones y obligaciones del Estado y de los gobiernos federados, así como establecer de forma abierta qué atribuciones quiere y puede asumir cada uno. El carácter asimétrico es clave, como garantizar la protección e impulso a las lenguas y culturas diversas. El Senado debe convertirse en la cámara territorial de forma clara y no de forma confusionaria y poco entendida como es ahora. El simbolismo de llevar esta institución, así como otras, a Barcelona y otras ciudades representativas, tendría una carga muy potente. El equilibrio organizado institucionalmente, esto es el federalismo. Cooperación y subsidiariedad son los dos grandes principios que deben regir la gobernanza federal tanto en lo que se refiere a las relaciones por debajo de los niveles de los estados, como por encima de este para garantizar un sistema global. La cooperación consiste en una toma conjunta de decisiones, con la consiguiente corresponsabilidad respecto a las actuaciones llevadas a cabo. La sociedad federal intenta imbuir en sus miembros los valores de la cooperación, la negociación, el consenso y la solidaridad, que deben primar sobre la desconfianza, el conflicto o la imposición. Es una nueva cultura. Me temo que no estamos a tiempo e, imbuido por un puntual golpe de suerte, el nacionalismo tampoco lo quiere, ya que cree que es mucho mejor una disputa y un tratamiento bilateral. Sin embargo, más o menos a la larga no hay otro camino que el de apelar a la solución federal.
