Financiación: Proceso, 2ª parte

"Nunca segundas partes fueron buenas"

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, 2ª parte

El objetivo del proceso independentista -la independencia de Catalunya- era un objetivo muy ambicioso, pero no insensato. Después de todo, en nuestro entorno geopolítico hay un buen grupo de países que se han independizado a lo largo del siglo XX; las repúblicas bálticas y Noruega son cuatro ejemplos especialmente exitosos.

Si el Proceso fracasó fue por la insensatez de los medios que se aportaron. El primero y más importante, sin duda, el menosprecio por la construcción de una mayoría sólida a su favor en el seno de la población catalana. Esta nefasta actitud es la que dio lugar a las leyes de desconexión de septiembre del 2017 –que ningún demócrata podía considerar con simpatía– y la aceptación de los resultados del referéndum del 1-O pese a la inexistencia de garantías en el recuento. Carencias no menores fueron la inexistencia de preparativos para hacerse cargo del país y la indisposición por parte de los dirigentes a incurrir en sacrificios personales (con independencia de que después los hayan asumido con mayor o menor dignidad). De ahí que la proclamación de la independencia fuese seguida de la desaparición de los líderes que debían implementarla.

Una vez aceptada la pertenencia a España por un período indefinido, el catalanismo ha recuperado el objetivo de obtener una financiación justa para la Generalitat. Se trata de un objetivo más que razonable pero también muy ambicioso.

Es ambicioso sobre todo porque exige que la Generalitat reciba más recursos provenientes del erario público, lo que implica que éstos dejarán de ir a otro destino. A esta dificultad hay que añadir la tradicional antipatía que despierta Cataluña en buena parte de la opinión pública española al menos desde su industrialización (Prim hizo un célebre discurso denunciándola ya en 1851).

Los protagonistas de esta fase son ERC y el PSC, que inicialmente adoptaron actitudes distintas. Sintéticamente, la estrategia de ERC constaba de dos elementos: la recaudación de los impuestos por parte de la Generalitat por un lado, y, por otro, la explicitación de qué parte de estos impuestos se destinaría a la financiación de los servicios que presta el Estado a los catalanes y qué parte a la solidaridad con el resto de comunidades autónomas. Obsérvese que no se cuantificaba la mejora de los recursos de la Generalitat: la idea era que poniendo luz sobre las cuentas el resultado mejoraría necesariamente.

Por lo que respecta al PSC, su estrategia también constaba de dos elementos: la recaudación de los impuestos por parte de un consorcio entre la Generalitat y el Estado por un lado, y, por otro, el principio de ordinalidad. Obsérvese que esta estrategia era menos ambiciosa en cuanto a las competencias pero mucho más en lo que se refiere a los recursos, ya que la ordinalidad exige o bien reducir los que algunas comunidades autónomas ya están recibiendo (lo cual es impensable) o bien aumentar muy significativamente los que debe recibir la Generalitat (por encima de los 6.000 millones/año).

A raíz de la investidura de Salvador Illa, ERC y el PSC fueron capaces no sólo de pactar la integración de los modelos en uno solo que incorpora a las partes más ambiciosas de ambos, sino que esta síntesis fuera aprobada por las altas instancias del PSOE.

Hasta aquí, pues, todo bien, pero ni el acuerdo entre ERC y el PSC ni la bendición del PSOE garantizan su materialización por la sencilla razón de que el modelo debe ser aprobado por el Parlamento español, en el que los firmantes no disponen de mayoría. Por tanto, las dificultades prácticas continúan.

En estas circunstancias debería ser evidente que lo peor que podemos hacer es volver a cometer el mismo tipo de errores que cometimos durante el Proceso: menospreciar las dificultades. Para evitarlo, es imprescindible no perder de vista dos cosas. La primera, que suponiendo que el Estado acabe cediendo las competencias fiscales a la Generalitat, ésta necesitará más de una década para ejercerlas, y que durante este período el actor será –de facto, si no de iure– un consorcio entre el Estado y la Generalitat. La segunda —y la más importante— que la nueva financiación no puede ser "singular", ya que deben votarla representantes de otros territorios de régimen común, algunos de ellos aún peor financiados que Cataluña. En este contexto, insistir en rechazar cualquier solución que represente un café para todos es una forma como cualquier otra de renunciar a mejorar la situación de los catalanes.

¿Que el texto acordado por la Comisión Bilateral Generalitat-Estado del pasado día 14 agua considera considerablemente el acuerdo ERC-PSC? Sin duda, pero esto sólo debe ser motivo para hacernos fuertes en éste.

Por cierto, debo haber leído unas cuatro veces a Don Quijote, y siempre me ha parecido que la segunda parte es mejor que la primera.