"Funciona"
En una entrevista a El Periódico y publicada este domingo, el candidato del PP a la presidencia del gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, decía que “el gobierno con Vox puede funcionar, ya lo hace en cuatro comunidades autónomas”. No hace tanto tiempo los dirigentes del PP, y especialmente Feijóo, evitaban hacerse fotos con los de Vox en las manifestaciones, para no ser relacionados con la extrema derecha. Eran los tiempos en que desde Vox llamaban “derechita cobarde” al PP, mientras les iban ganando terreno y electorado.
La operación de blanqueamiento y normalización de un partido de extrema derecha como Vox dentro del sistema político español comenzó desde su primer acto importante en Vistalegre, el 6 de octubre de 2019, hace ahora siete años. Una especie de ceremonia inaugural para hacer saber a todo el ultranacionalismo españolista que por fin habían llegado los refuerzos, después del experimento inicialmente exitoso, pero después fallido, de Ciudadanos. En esta normalización de Vox han participado todos los agentes que podían participar, desde los medios de comunicación que los han presentado como un partido de derecha liberal, o de centroderecha, hasta el sistema judicial, que enseguida los admitió para ejercer la acusación particular en juicios mediáticos como el del Procés. De hecho, la actividad de Vox en los tribunales ha sido especialmente vistosa, y ha ampliado y profundizado el camino de la judicialización de la política que ya hacía un cierto tiempo que recorría el PP. De esta manera, hemos visto cómo un partido abiertamente profranquista y pronazi se dedicaba a presentar querellas y demandas que eran aceptadas con complacencia en los tribunales, mientras que políticos y representantes civiles perfectamente democráticos (del independentismo catalán, de la izquierda española y socialistas, incluyendo incluso al presidente del gobierno español) se han visto arrastrados al barro del lawfare.
Un paso cualitativo en la normalización de Vox se produjo a partir de 2023, cuando el PP se abrió a acuerdos de gobierno, e incluso a gobiernos conjuntos, con la extrema derecha, en gobiernos autonómicos y municipales. Como dice Feijóo, estos gobiernos “funcionan”. El “funcionamiento” consiste en la supeditación del PP a las directrices de Vox, que imponen sus exigencias por el método poco sutil, pero efectivo, de la coacción: si no hacéis lo que os indicamos, no os votamos los presupuestos o directamente rompemos los acuerdos unilateralmente. Los adelantos electorales en diversas comunidades autónomas que forzó el PP para dar moral de victoria al vacío Feijóo y tratar de desmarcarse de Vox sirvieron precisamente para todo lo contrario: hoy, en Baleares, el País Valenciano, Andalucía y Castilla y León, los presidentes y presidentas del PP no osan dar ningún paso sin el visto bueno de los fascistas, que imponen más que nunca su agenda racista, patriarcalista, negacionista, desreguladora y, por supuesto, abiertamente enemiga de la diversidad y la lengua y la cultura catalanas. Sí que “funcionan”, y, si obtienen los mecanismos de control del gobierno del Estado, ya “funcionarán” a pleno rendimiento.
