Hablar de dinero todavía está mal visto socialmente. Quizá sea cultural, como suele decirse, pero el caso es que hablar de dinero queda de pobre, poco refinado, nos mancha con la pecaminosa avaricia y la insolidaridad. Quizá sea por el peso hispánico de la hidalguía, pero el caso es que hablar en política de los costes de los servicios, de los abusos y de la justicia distributiva no es fácil. Al prejuicio moral se suma una percepción de la propiedad de los recursos particulares: la riqueza de los territorios del Estado es del Estado, y es esta figura centralista y homogeneizadora la que reparte.
¿Y cómo reparte? Pues con un sistema de financiación insuficiente, arbitrario, opaco e injusto. Tan opaco e imprevisible que, durante décadas, las comunidades se enteraban de cuánto dinero tendrían para hacer sus presupuestos cuando el secretario de estado daba a los secretarios generales de las consejerías de Economía un sobre en mano —sí, sí, ¡en mano!— con una cifra. Habitualmente la escena tenía lugar en julio, a la salida de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en Madrid. El CPFF es un organismo con presencia de todas las comunidades, donde el País Vasco tiene voz pero no voto —porque no lo necesita, va por libre— y donde el ministro tiene voto de calidad. Esto significa que la administración estatal puede invalidar cualquier acuerdo entre unas comunidades a las que, en cambio, se incentiva a sacarse los ojos en la arena pública en un juego competitivo de suma cero. Todas las administraciones territoriales compitiendo por escasos recursos y obligaciones en servicios sociales proporcionales a sus competencias.
Un buen momento para negociar
Hoy Catalunya tiene una economía en crecimiento, un buen nivel de empleo, pero un fuerte malestar social por los cambios tecnológicos y demográficos, la desigualdad y la presión sobre los servicios públicos. Se hace muy evidente el desequilibrio entre quien distribuye los recursos y quien gestiona los servicios públicos, y una mayoría abrumadora considera que a la Generalitat no le llega suficiente dinero para hacer frente a un nivel de prestaciones que esté a la altura de la contribución impositiva.
Acercarse al ciudadano
Esta percepción no es ni insolidaria ni avariciosa, simplemente es la constatación de una realidad. Como es real también que no habrá nuevo modelo de financiación en España sin un adelgazamiento del Estado y sin la participación de las comunidades gobernadas por el PP. Como lo es, también, que existen numerosas comunidades mal financiadas y que Madrid se permite bajar impuestos gracias a las ventajas del efecto capitalidad y a un modelo político que hace una pobre gestión, por ejemplo, de la sanidad pública.
Después de décadas de malestar, de liderar la negociación y del café para todos, hoy Catalunya está en condiciones de negociar un pacto bilateralmente con el gobierno español que permita acercar los recursos a las decisiones. El éxito de la negociación dependerá de la habilidad pero sobre todo del compromiso del PSC con la realidad catalana. Seguro que el ex conseller de Economia Antoni Castells puede recordarle a Salvador Illa los incumplimientos de la ministra Elena Salgado, que ignoraba olímpicamente las cartas que el conseller hacía pasar por registro ministerial para reclamar la trazabilidad pública de los 2.000 millones que se debían a la Generalitat.
ERC tiene la oportunidad, la responsabilidad y la dificultad de negociar en poco tiempo un sistema de financiación que murió por el incumplimiento reiterado del compromiso de actualizarlo, pero también por la crisis económica. El gobierno del PP aprovechó la crisis de la deuda para sustituirla por una serie de fondos de liquidez destinados a estrangular la financiación pública y de rebote a la economía catalana, que, ahogada por la deuda, no podía ir a buscar oxígeno a los mercados porque no es un estado y no tiene interlocución directa con la UE.
Cambios demográficos
Catalunya es un motor que no merece luchar contra aquellos que lo preferirían gripado. Crece y lo hace también gracias a un aumento de población inmigrante que tiene el deber de contribuir y el derecho a acceder a los servicios públicos. Un rápido crecimiento demográfico exige respuestas rápidas de las administraciones, y el ascensor social tiene forma de acceso al mercado laboral y de escuelas y hospitales. Esto requiere dinero. Sin una buena financiación será imposible garantizar la cohesión social. Si las administraciones fracasan, no nos lamentemos ni preguntemos por qué es tan fácil vender la antipolítica de algunos partidos xenófobos y mezquinos.
