La ignominia del Tribunal de Cuentas
El procedimiento del Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalitat contra 41 cargos y ex cargos del Govern, que tendrán que depositar una fianza conjunta de 5,4 millones de euros en los próximos días, es un auténtico monumento a la ignominia, un escándalo que hace bajar unos cuántos escalones la calidad de la democracia española. De hecho, la forma de proceder recuerda mucho a la de los regímenes autoritarios y dictatoriales, que aplicaban la justicia de manera retroactiva contra los defensores de la democracia acusándolos de "rebeldes".
Una acción exterior que era perfectamente legal y que nunca fue impugnada ante ningún tribunal resulta que ahora es, a los ojos de este organismo administrativo, un fraude de ley que merece unas multas millonarias por lo que se hizo hace una década. Las personas afectadas se encuentran en una situación de indefensión absoluta, y este martes los abogados han tenido solo tres horas para leer un informe de 500 páginas y presentar alegaciones. Lo más vergonzoso es que, mientras dura el proceso, los investigados tienen que depositar una fianza millonaria que, en la práctica, supone la ruina personal de la gran mayoría. Personas sin un gran perfil político y que básicamente han sido servidores públicos, como el ex conseller Andreu Mas-Colell, el ex director del Diplocat Albert Royo o la ex interventora general Mireia Vidal, tienen que hacer frente a fianzas solidarias de tres millones de euros o más. Ni en las peores pesadillas de un estado autoritario orwelliano se podrían haber imaginado que en España, un país miembro de la UE, podía pasar una cosa parecida. Condenados a la muerte civil sin posibilidad ni de defenderse.
El hecho de que entre los investigados haya alguien de la talla y el prestigio académico de Andreu Mas-Colell ha supuesto, otra vez, una nueva crisis de reputación para España gracias al manifiesto de apoyo de una treintena de premios Nobel de economía. Explicar afuera que un organismo administrativo que no pertenece al poder judicial, que está fuertemente politizado y que es famoso por sus casos de nepotismo pueda causar un daño tan grande a ciudadanos europeos es ciertamente complicado. Claramente se trata de una revancha de ciertas estructuras del Estado que todavía están controladas por el PP y que han decidido que la acción de la justicia, que absolvió de malversación a algunos de los investigados, se quedaba corta.
La acción del Tribunal de Cuentas es una roca de dimensiones considerables en el camino del diálogo que justamente este martes han iniciado los presidentes español y catalán con un encuentro en la Moncloa. Pedro Sánchez tiene que ser consciente de que, como ya dijo su ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habrá que retirar todas estas "piedras en el camino" para poder avanzar hacia un diálogo mínimamente efectivo. El gobierno español tiene que acabar con la actuación arbitraria de los sectores del Estado que quieren torpedear cualquier solución al conflicto catalán. Y tiene que permitir que la Generalitat encuentre una manera de avalar estas fianzas y evitar así lo que es una condena sin juicio a todas las personas afectadas.
