El Partenón de Atenas, en Grecia
24/07/2026 - 12:11 h.
Director adjunto en el ARA
3 min

Democracia viene de demos (pueblo) y cracia (poder, autoridad). Aristocracia viene de aristos (el mejor): el poder de los mejores. Pero al devenir un poder hereditario, los mejores dejaron de serlo. Lo mejor es combinar la democracia con la meritocracia, un gobierno del pueblo en el que los cargos los ocupen los que tienen más mérito, los que se lo merecen.

La corrupción y el nepotismo estropean la democracia: muestran el demérito de personas que actúan en beneficio propio, no de todos. Podría darse el caso de que estas personas fueran las mejores en su tarea, pero pierden el mérito cuando dejan de lado la voluntad de servicio a la colectividad, cuando miran sobre todo por sí mismos. La calidad moral es crucial en la meritocracia: los mejores son juzgados tanto en términos técnicos como éticos. Puedes ser un profesional de primera, pero si eres un corrupto, ya no estás entre los mejores; de golpe caes en el ranking.

Las democracias liberales están en crisis. Es fácil que olvidemos los valores que les dan sentido: libertad, igualdad y fraternidad. Siempre existe el peligro de que el afán de beneficio individual, por otra parte tan humano, pase por delante de la responsabilidad hacia la colectividad. Pensar en uno mismo, en la propia familia y los amigos más cercanos, es normal. El problema es cuando esto te hace perder la perspectiva democrática y meritocrática. Pasa en las mejores familias, se llamen Pujol o Sánchez, se llamen CiU, PSOE o PP. Poner límites a la estancia en el poder tiene este sentido: evitar tentaciones y apropiaciones, facilitar la regeneración y el relevo, encontrar nuevos talentos, nuevas personas de mérito.

Pero la democracia no solo funciona gracias al mérito y la integridad de quienes ostentan puestos de mando. El comportamiento del pueblo también es relevante. Los gobernados, igual que los gobernantes, deben cumplir las leyes y deben exigir que se cumplan. La base de la democracia moderna es la idea de igualdad ante la ley, surgida de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirada en los valores de la Ilustración y concebida en 1789 por la asamblea de la Revolución Francesa. La ley nos iguala.

Por ejemplo: todos tenemos que pagar impuestos, cada uno según su riqueza (en el controvertido impuesto de sucesiones, alrededor de un 70% de los catalanes no pagan nada). En el ámbito organizativo, este asunto de los impuestos es crucial. Cuanto más pagas, significa (o debería significar, si el sistema impositivo funciona bien) que más riqueza tienes y que con tu aportación más contribuyes a la igualdad de oportunidades de todos a través de unos servicios proporcionados por el Estado: educación, sanidad, seguridad, transporte público, carreteras, alcantarillado, etc. En realidad, si eres acomodado, si tienes una mínima conciencia de tu privilegio (que puede ser ganado a pulso, como mérito propio, o en parte heredado), el hecho de que haya una fiscalidad bien organizada que te obligue a contribuir al bien común es algo importante. Te hacen el trabajo. Te dejan tranquilo de conciencia y, de paso, legitiman tu posición privilegiada. Ahora mismo, 120 millonarios británicos han pedido al nuevo premier que les haga pagar más impuestos.

El problema surge si después los servicios públicos no funcionan, si los funcionarios o gobernantes son corruptos o no tienen mérito (han sido escogidos por su fidelidad al partido, no por sus conocimientos), si se da dumping fiscal entre territorios del mismo Estado o si hay gente (a menudo la gente más rica) que se escapa de pagar sus impuestos. Todo esto es lo que mina la democracia. Y es el pan nuestro de cada día.

Hoy, la que durante décadas ha sido la democracia liberal del país más poderoso hace aguas por todas partes. En EE. UU., el presidente norteamericano, Donald Trump, está traspasando muchas líneas rojas: se está enriqueciendo descaradamente él mismo, su familia y sus amigos. Con una burda impunidad moral, se salta cada día la ley y la adapta a sus intereses y, como máximo, a los de una visión restrictiva del pueblo, de la cual quedan fuera los que no responden a su supremacismo blanco. Está convirtiendo la democracia en autocracia. Y su ejemplo se expande. Hoy, la lucha más urgente, también en Cataluña y España, es la de salvar la democracia meritocrática de los cantos de sirena autoritarios y xenófobos.

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