Permisos iguales e intransferibles: no es oro todo lo que reluce

Estos permisos no resuelven los cuidados en igualdad, sólo posponen el problema unas semanas

Inés Campillo
4 min

SociólogaEl pasado junio el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la proposición de ley de Unidos Podemos de permisos iguales e intransferibles. El permiso paterno se amplía a 16 semanas, seis de ellas obligatorias, igualándose al materno. El único disenso en la izquierda política parece versar sobre si el padre debe disfrutar del permiso obligatorio inmediatamente después del parto de su pareja o de forma fragmentada (dos semanas al inicio y otras cuatro a lo largo del primer año). En todo caso, se supone que la medida promoverá la igualdad de género en el hogar y en el trabajo, ¿quién podría estar en contra?

Se dice, además, que nos acercará a los países nórdicos, pero allí no tienen permisos iguales e intransferibles. Ningún país del mundo los tiene. En Suecia, madres y padres tienen 90 días de permiso intransferible y otros 390 días a repartir: a menudo los disfruta la madre, pero existe una prestación económica para aquellas parejas que lo dividen en igualdad. En cualquier caso, las criaturas están con alguno de sus progenitores durante el primer año y, cuando éstos se incorporan al trabajo, el bebé tiene plaza asegurada en una escuela infantil pública y sus padres permisos para atender sus enfermedades comunes.

Esto está muy lejos de las 26 semanas del bebé que cubriría la ley española y en un contexto mucho más desolador: precariedad, largas horas, sueldos míseros y unos sistemas de educación infantil 0-3 y de atención a la dependencia deficientes. Por lo tanto, cuando hablamos de igualdad e intransferibilidad de los permisos, debemos reconocer que su duración total, y el contexto (social, laboral e institucional) en el que se insertan, son muy importantes. ¿Creemos realmente que sólo con ellos vamos a evitar la discriminación laboral de las mujeres y a conseguir una implicación paterna igualitaria en los cuidados?

Esta propuesta de permisos se justifica precisamente con ese doble argumento: promoverá una reorganización igualitaria de los cuidados en los hogares y, gracias a ello, se acabará con la discriminación laboral de las mujeres, pues tanto ellas como los varones serán vistos por los empleadores como personas cuidadoras. Sin embargo, es dudoso que estos permisos vayan a acabar con la desigualdad en el mercado laboral. Por varios motivos: en primer lugar, la discriminación laboral de las mujeres no responde únicamente a que éstas sean (potencialmente) madres y asuman en mayor medida que los hombres las tareas de cuidados, sino que también es el resultado de otros mecanismos, como los estereotipos de género, el acoso y abuso sexuales, etc.

En segundo lugar, aunque estos permisos sean un paso hacia la corresponsabilidad parental, es engañoso pensar que su aplicación traerá consigo la igualdad. Por un lado, son las mujeres quienes se embarazan y, en muchos casos, necesitan bajas médicas o por riesgo en el embarazo; y son ellas también las que se toman mayoritariamente el permiso de lactancia, por razones obvias. Por otro lado, y más importante, los cuidados de las criaturas no terminan en la semana 26, sino que sólo acaban de empezar, más aún cuando no existe universalidad de la educación infantil 0-3, ni permisos puntuales por enfermedades comunes, ni excedencias remuneradas, ni derecho a reducción de jornada sin reducción de sueldo.

En este contexto, ¿quién cuidará? Probablemente, de nuevo, las madres, entre quienes habrá una clara brecha de clase: las que puedan acogerse a reducciones de jornada, disfrutar de una excedencia o de flexibilidad, y las que no puedan e incluso vean peligrar su empleo, si lo tienen. En suma, estos permisos no resuelven los cuidados en igualdad, sólo posponen el problema unas semanas para quienes están en el empleo formal. Por eso, es improbable que acaben con la discriminación laboral de las mujeres.

Si no vamos a poder conseguir los objetivos propuestos, ¿no deberíamos repensar nuestras prioridades e invertir este presupuesto en dar respuesta a necesidades más urgentes? El 36% de las madres que dieron a luz en España en 2016 no tuvieron derecho a permiso de maternidad; las autónomas tienen dificultades para disfrutar siquiera de sus 16 semanas; a las embarazadas se las sigue despidiendo o no se les renueva su contrato temporal; nuestro permiso materno es uno de los más cortos de Europa e impide que las madres que lo deseen puedan amamantar durante los primeros seis meses; y las madres solas siguen penalizadas por una medida que asume que todas las criaturas nacen en familias de dos sustentadores.

Sería más urgente universalizar los permisos de maternidad y paternidad, desligándolos del empleo, reforzar la inspección de trabajo, ampliar el permiso materno, especialmente para las madres solas, e introducir permisos puntuales para enfermedades comunes. Y si queremos ir más allá en la reorganización social de los cuidados, entonces es imprescindible universalizar los sistemas de educación infantil 0-3 y de atención a la dependencia y mejorar nuestro mercado de trabajo, acabando con la temporalidad y precariedad, creando empleo de calidad y reduciendo drásticamente la jornada laboral.

Es absolutamente necesario luchar contra la discriminación laboral de las mujeres y caminar hacia la corresponsabilidad parental, pero hay distintas estrategias para hacerlo. A mí y al grupo de madres al que pertenezco, al que debo parte de los argumentos de este artículo, nos enfurece que esta propuesta de ley se haya planteado para las madres pero sin ellas, a costa de ellas, sin modificar en absoluto su mísero permiso de maternidad y sin atender a los problemas que muchas de ellas tienen aún para disfrutarlo. Afortunadamente, el debate se ha abierto –como atestiguan Patricia Merino, Diana Oliver, Carolina del Olmo o Esther Vivas– y debe incluir las voces diversas de las madres: las precarias, las paradas, las autónomas, las madres solas, las que quieren amamantar y las que no quieren hacerlo.

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