El lunes 28 de octubre el Parlamento israelí adoptó dos leyes que impiden las operaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) tanto en Israel como en los territorios ocupados.
La UNRWA es un salvavidas para la Franja, donde millones de personas dependen de su apoyo para cubrir necesidades básicas. Cifras recientes apuntaban a que Israel ha bloqueado el 83% de ayuda alimentaria destinada al territorio desde el 7 de octubre de 2023. La destrucción de hospitales, clínicas y centros de asistencia de emergencias en la Franja forma parte de una estrategia destinada a dejar a la población civil en una situación de vulnerabilidad extrema, y empuja a una limpieza étnica. Sin servicios de salud ni apoyo humanitario, los efectos de la violencia se amplifican. La población palestina queda atrapada en un escenario en el que no sólo se niegan sus derechos, sino que también quiere impedirse cualquier acceso a medios de supervivencia y recuperación.
Además de brindar asistencia vital, la UNRWA cumple una función simbólica fundamental al mantener vivo el derecho de retorno para los refugiados palestinos, tal y como lo consagró la Resolución 194 de la ONU. Este derecho inalienable, que garantiza a los refugiados palestinos la posibilidad de regresar a su casa, representa una amenaza para la narrativa oficial de Israel. En su esfuerzo por deslegitimar este derecho, Israel intenta posicionar a la UNRWA como un obstáculo que perpetúa la identidad de los palestinos como refugiados y sostiene una reivindicación histórica que preferiría considerar cerrada. La mera existencia de la UNRWA y su trabajo en apoyo a millones de refugiados palestinos desafían la visión israelí de normalización.
La estrategia de criminalización no se limita a la UNRWA; también se extiende a otras organizaciones palestinas y humanitarias que documentan las atrocidades en la Palestina histórica. El ataque contra ONGs palestinas como Al Haq, Addameer y Defense for Children International-Palestine refleja una política sistemática de silenciar a las organizaciones que documentan los abusos. Al catalogarlas como terroristasIsrael procura controlar la narrativa y aislar a los palestinos del apoyo y la legitimidad internacional. Esta criminalización también priva a los palestinos de recursos y estructuras que les permiten enfrentar la represión y documentar sus experiencias. Sin estos soportes, las violaciones quedan invisibles y el desamparo es total.
Algo que vale la pena comentar es que Israel ha prohibido las actividades de la UNRWA a través de su Parlamento, una institución a la que se alude para intentar probar que Netanyahu gobierna una democracia y no un régimen colonial. Sin embargo, esta decisión legislativa se sitúa en el marco de un estado que limita la soberanía y los derechos de la población palestina, sin otorgarle voz ni participación en las decisiones que afectan a su vida cotidiana. Al bloquear el UNRWA, la medida legislativa, en lugar de ser una muestra de democracia, subraya un enfoque de poder colonial que impone sus decisiones y restringe los derechos básicos de millones de personas en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y en las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel.
