Llarena vuelve a la carga
Pablo Llarena vuelve a la carga en Europa. Después de más de tres años de fiascos por la negativa de varios tribunales europeos a conceder la extradición de los exiliados del Procés a través de las euroórdenes presentadas por el Tribunal Supremo, el instructor de la causa contra el independentismo parece, ahora sí, decidido a jugársela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Llarena finalmente ha expresado su voluntad de trasladar a la máxima instancia judicial comunitaria una cuestión prejudicial para que aclare los límites de los tribunales estatales a la hora de rechazar las euroórdenes. Se trata, pues, que fije finalmente una posición general. La negativa belga a enviar a España al ex conseller de Cultura Lluís Puig Gordi ha colmado el vaso de un Llarena que nunca ha dado el brazo a torcer ante las negativas de sus colegas europeos, a los cuales no ha dudado en acusar de deslealtad. Además, a pesar de que todavía queda mucha partida, también ha querido aprovechar la decisión de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo favorable a retirar la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.
En todo caso, el magistrado del Supremo deja claro que seguirá jugando a fondo hasta el final. De forma que la interferencia judicial en la política española, y más concretamente en el pleito catalán, está asegurada. La alta judicatura del Estado, de talante conservador e imbuida de un indisimulado nacionalismo español, hace tiempo que ha asumido sin complejos un rol protagonista en el juego político, por no decir directamente en la cruzada patriótica. Por lo cual la posibilidad, por otro lado no nada fácil, de que se pueda entrar en los próximos meses en una etapa de diálogo y distensión entre la Moncloa y el nuevo Govern de la Generalitat seguirá poco o muy condicionada por las interferencias judiciales.
Pablo Llarena es diáfano en su determinación: quiere llevar a los exiliados a prisión, y lo intentará hasta el final, caiga quién caiga, aunque suponga poner en riesgo el prestigio del sistema judicial español y cualquier vía de solución política. De hecho, la jurisprudencia del mismo TJUE ha avalado unas cuantas veces la competencia de los tribunales estatales para no extraditar de manera automática a personas reclamadas entre estados europeos, a pesar de que al otro lado de la balanza esté la realidad de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Bélgica por haber rechazado la extradición de la etarra Natividad Jáuregui, lo cual llevó a la Audiencia Nacional a emitir una nueva euroorden que finalmente se ejecutó el noviembre pasado. La partida judicial europea puede ser larga y en cualquier caso, acabe como acabe, es una losa que pesa y pesará sobre la ya bastante deteriorada democracia española. La existencia de exiliados y presos políticos supone un lastre para la política exterior española, y ahora ya también de la europea, como ha experimentado recientemente su máximo responsable en la visita oficial a Rusia por el caso Navalni. Pero Llarena, no hay duda, sigue y seguirá.
