Como cada año ha llegado nuestro particular Día de la marmota (¿recuerdan la distraída y angustiante película de Bill Murray?): el día de los datos de ejecución real de la inversión del gobierno central (ministerios y organismos dependientes) del año anterior. La realidad no ha faltado a la cita; tampoco la consiguiente indignación, que ha llenado, como mandan las tradiciones, líneas y minutos en medios convencionales, y también en las redes sociales. Todo, seguido de un vigoroso anuncio del gobierno catalán de exigencia (no sabemos si muy vigorosa) de explicaciones, acompañado del renovado lamento de varios grupos de interés económico, otra nota tradicional. Finalmente, también ha acudido la renovada autoresponsabilización: si en Madrid no se ocupan de hacer proyectos ejecutables por falta de personal en las delegaciones ministeriales en Catalunya (no quiere venir nadie porque aquí somos raritos), hay que suplirlo con la iniciativa catalana. Tan sencillo que sería contratar externamente la realización de los proyectos, si no tienen suficiente personal en Catalunya. Como es bastante habitual en otros lugares, por cierto.
Y hecha ya la adhesión al ritual anual catalán del Día de la marmota, podría acabar aquí la columna. Aun así, este año han pasado algunas cosas que nos han dado una festividad un poco especial. Sin ir más lejos, el récord histórico negativo de ejecución lo ha logrado una ministra catalana en el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez. Esto puede parecer paradójico, y aun así es muy lógico. Ahora iremos, absteniéndonos de comparar Catalunya con Madrid, puesto que nos dice la señora ministra que queda feo y no ayuda a entender la realidad (sic).
Antes, unos números, por los hechos (datos de la Intervención General del Estado). Como ya es consabido, la ejecución de la inversión central en Catalunya el 2021 fue el 35,7% del presupuesto. Y entrando un poco más en detalles menos comentados, encontramos cosas interesantes. Hay que hacer mención a la ejecución del Mitma (la alusión a la señora ministra no era gratuita), puesto que este ministerio y sus organismos dependientes representan más del 90% de la inversión central presupuestada en Catalunya. Bien, pues, si la ejecución del conjunto de la inversión es el 36%, la del grupo Mitma se queda en el 30%. Todo un récord histórico negativo de ejecución, que destrona el anterior récord, logrado en el primer año de la mayoría absoluta de Aznar, en el 2000, cuando la inversión ejecutada por Foment en Catalunya fue el 50%. Bastante bien, comparado con el 2021.
Hagamos un paso más. Dentro del paquete Mitma hay inversiones que paga el presupuesto (carreteras y ferrocarril, sobre todo; tanto por el ministerio como por empresas públicas) e inversiones que incluyen los presupuestos, pero que pagamos los usuarios (de aeropuertos y puertos, sobre todo; sector público empresarial). Bien; de las inversiones presupuestadas (pero no pagadas) en aeropuertos y puertos se ha ejecutado un 53%, pero de las realmente pagadas por el Estado se ha ejecutado el 26%, y –dentro de estas– ¡las del sector ferroviario no han llegado al 20%! Por cierto, analizar las inversiones centrales distinguiendo entre las que paga el presupuesto y las que pagamos los usuarios tuvo un cierto momento en los años iniciales del siglo. Habría que recuperarlo.
Había anticipado que el hecho de que el récord negativo llegue de manos ministeriales catalanas (el género es indiferente para el caso) no es paradójico, sino lógico. Ahora toca desentrañarlo. Como ya se discutió en Anatomía de un desencuentro, los responsables institucionales catalanes en el gobierno central están sometidos a la amenaza del estereotipo que pesa sobre su grupo territorial: “los catalanes son unos egoístas, que solo persiguen el interés de Catalunya”. Por eso, con objeto de progresar en las instituciones centrales, los catalanes (sobre todo si tienen responsabilidades de tipo territorial, como las infraestructuras) tienen un incentivo muy fuerte a dejar muy claro que no miran por el interés particular de Catalunya, una restricción que –aun así– nunca afecta a gobernantes procedentes de otras regiones. Es un tipo de conducta adaptativa muy documentada por la psicología social en el análisis del conflicto entre grupos.
Esto se hace todavía más pesado si consideramos que la actitud inversora del gobierno central se produce en un contexto particular: el modelo secular de la España, capital París, invariable en los tres últimos siglos. Más allá de pactos coyunturales, a menudo urgidos para asegurar la aprobación de los presupuestos del Estado, la acción real de los centros inversores conectados con la política territorial siguen inevitablemente las prioridades de onda larga, las de fondo, que están por encima de acuerdos presupuestarios. Esto explica dónde hay y dónde no hay proyectos ejecutables; mejor que cualquier otro argumento. Es una realidad que tenemos muy aprendida, pero que quizás necesitamos reaprender cada cierto tiempo.
La dinámica inversora de las instituciones centrales sigue unas pautas que tienen las raíces muy lejos en el tiempo, y es un instrumento al servicio de la construcción nacional española. Esto las hace tan singulares en el contexto europeo. Estas pautas no se alteran por mayorías circunstanciales –con independencia del peso periférico–, puesto que disfrutan de un apoyo muy amplio en la sociedad española. Esto también lo sabíamos ya. Aunque de vez en cuando –si no se ve otra salida– impostamos que quizás la próxima vez será diferente.