Dentro del largo historial de utilización política que ha llevado a cabo el PP de las víctimas del terrorismo a lo largo de los años, y en particular de las víctimas de ETA, la semana pasada se produjeron dos episodios destinados a ser recordados. Una fue la irrupción estelar en el Senado, durante la intervención de Pedro Sánchez, de la senadora por el PP Marimar Blanco, que se sentó en primera fila junto a Feijóo mientras era aplaudida de pie por la bancada popular. La otra sucedió en el Congreso, donde el portavoz popular Miguel Tellado exhibió un cartel con víctimas socialistas de ETA, afirmando que Sánchez y su gobierno "no podrían mirarlos a los ojos", una de las frases-comodín con las que los políticos intentan dar a sus intervenciones un dramatismo postizo y erizado. Las dos escenas hacían mal mirar y generaron multitud de comentarios precisamente por eso: por su inconveniencia y su viscosidad. Todo ello era un intento de salir del paso por el “error”, según los propios dirigentes del PP, de haber votado en el Congreso a favor de una enmienda que permite a los presos españoles (también a los etarras) acumular las penas que han completo en otros países de la Unión Europea. Lograron posponer el debate en el Senado hasta este pasado lunes, y entonces Marimar Blanco —hermana del concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco— volvió a preguntarse cómo podían Sánchez y el gobierno “mirar a los ojos”, etcétera, y repitió su recital de cómo ofende sus “entrañas” el nombre de Txapote. El senador de Compromís Enric Morera —presidente de las Corts Valencianes durante los años del Botánico— la puso en evidencia al preguntarle cómo era que no había dicho nada cuando la Audiencia Nacional convalidó las penas de Txapote en 2014, cuando gobernaba el PP. Al parecer, entonces, sus entrañas no se removieron en absoluto.
La ofensiva judicial iniciada también este lunes por el PP contra el PSOE, con querellas por tráfico de influencias, financiación ilegal y cohecho, fue decidida en una reunión de urgencia en la calle Génova el pasado domingo al mediodía, tras las celebraciones (es un decir) del Día de la Hispanidad en Madrid. Este mismo martes se ha conocido la sentencia del caso Erial: diez años de cárcel para Eduardo Zaplana, enfermo terminal permanente y dirigente estrella del aznarismo. En el Tribunal Supremo sigue detenida la sentencia por la caja B del PP: la pospusieron, literalmente, "para no interferir en el ciclo electoral".
Es decir, que todo ello hace aspecto de huida hacia adelante, de ir subiendo la apuesta por disimular el sabor de boca que dejó el penoso episodio de las votaciones sobre las penas de los etarras, en las que al PP le pasó como a los partidos independentistas: sintió pánico al ver las reacciones, en las redes y en los medios, de los influenciadores que se supone que les apoyan. Éste fue también el efecto retrasado de un vicio de la política española que se ha arrastrado durante décadas, del que es culpable el PP por acción y el PSOE por omisión: la manipulación desvergonzada y nauseabunda del dolor causado por el terrorismo de ETA y la guerra sucia del estado en el País Vasco. Ésta es, también, otra quiebra de la plenísima democracia española.
