La muerte del Castor nos sale cara
El fragor de la actualidad rabiosa hace que apenas se sienta el rumor de otros hechos que también deberían importarnos. Cómo leer en la información de Jordi Mumbrú en este diario, las obras para sellar y acabar de desmantelar el almacén de gas submarino Castor se encuentran en su fase tercera, y final. Será el epitafio, sellado en hormigón, de una historia demencial, en la que la empresa Escal UGS, filial de ACS, propiedad de Florentino Pérez, cometió un atentado ecológico a gran escala y salió recompensada con 1.350 millones de euros del erario público, según sentencia del Tribunal Supremo. El atentado en cuestión fue promovido por el último gobierno de Zapatero y continuado después por el primer ejecutivo de Rajoy.
Repasar la historia del proyecto Castor es largo y aleccionador, e invitamos a los lectores que puedan estar interesados en consultar la abundante hemeroteca disponible. En resumen, se trataba de construir un almacén de gas natural bajo las aguas del mar, a 1.700 metros de profundidad, frente a las costas de Castellón, que debía tener cabida para 1,9 miles de millones de metros cúbicos de gas. Debía constar también de una plataforma marina, un gasoducto de 30 kilómetros de longitud y una planta terrestre ubicada en Vinaròs. ¿Cómo suele decirse, qué podía salir mal?
Como recuerda todo el mundo, las primeras maniobras de extracción de gas provocaron movimientos sísmicos, lo que —y sobre todo la difícil rentabilidad— llevó a la paralización del proyecto, aunque Florentino, como hemos dicho, no se fue con las manos vacías. Luego viene una larga historia judicial y administrativa y, finalmente, las labores de desmantelamiento de la infraestructura, que ahora encaran la recta final.
Uno de los aspectos más interesantes del proyecto Castor es su relación con el llamado fracking o fracturación hidráulica, una técnica consistente en inyecciones masivas de agua y arena con aditamentos químicos a gran profundidad, con el objetivo de perforar la roca y obtener gas. El Castor no era estrictamente fracking (consistía en inyectar gas en un yacimiento petrolífero agotado), pero se le parecía por su gran impacto ecológico, y generó un debate apasionado en torno al susodicho fracking, con posturas en contra ya favor.
Por lo general, las posturas en contra del fracking se atribuían a cierto extremismo ecologista, mientras que las opiniones a favor se presentaban como maduras, ponderadas y atentas al interés público. Hoy en día, los perjuicios que causa el fracking son reconocidos en todas partes, y su práctica está prohibida, con distintos grados de prohibición, en un gran número de países (también España), mientras que su defensa ha quedado en manos de los negacionistas climáticos más recalcitrantes, tipo Trump, Milei y compañía. Los que defendían, a pie y caballo, el fracking frente a la costa castellonense, parecen haber abandonado su militancia. Ahora defienden la clara conveniencia de ampliar nuestros aeropuertos (el de Barcelona y el de Palma) para acoger aún a más millones de turistas low cost cada año. Lo hacen por el bien común.
