Los dirigentes españoles se encargan con frecuencia de recordar que la disputa por la ley de amnistía no es sólo (que también, naturalmente) una disputa por el gobierno de España, sino también, y sobre todo, una pugna de contenido plenamente nacional y nacionalista. Para el nacionalismo español, en la aceptación o negación de la amnistía está en juego (para variar) el ser de España, que es, como sabemos, indivisible ya su vez extremadamente frágil. Así lo han vuelto a poner de manifiesto el encuentro en Bruselas entre Carles Puigdemont y Jordi Turull y una delegación del PSOE encabeza por el tercero del partido, Santos Cerdán, y las reacciones –furibundas, irracionales– que ha suscitado entre las filas de la derecha nacionalista.
Antes, en el comité federal del PSOE celebrado el fin de semana, y que tenía como único objetivo hacer explícito el apoyo de la militancia a la amnistía de los encausados por el Proceso, Pedro Sánchez afirmó que esta medida se lleva adelante, o se quiere llevar adelante, "en nombre de España, en interés de España". Estas palabras eran autojustificativas, pero también podían entenderse (debían entenderse) como una provocación. Y ha funcionado, porque los destinatarios se dieron por aludidos. Feijóo el primero, y después otros portavoces habituales de las esencias patrias (Abascal, Ayuso, Carlos Herrera, etc.) se hicieron eco y se mostraron levantados, enervados.
La hemeroteca de Sánchez y de Salvador Illa muestra descarnadamente su repentino cambio de parecer en relación a la amnistía, que ha pasado de no tener cabida en la Constitución a ser la panacea por los males de España. Pero así -por conveniencia- es como se hace a menudo la política, y tal vez sea mejor de esta manera, porque, cuando se hace en nombre de grandes ideas y principios patrióticos (en nombre de España, por ejemplo) el resultado suele ser catastrófico. No es ningún descubrimiento que el PSOE ha jugado al patrioterismo siempre que le ha convenido, pero también es cierto que ahora se ha avenido a dar un paso que puede ir bastante más allá de la concesión de una medida de gracia. Sería la articulación de la idea de un estado español que se reconociera a sí mismo como plurilingüe, pluricultural y plurinacional, y que fuera capaz de legislar y gobernar en consecuencia. Ésta, al fin y al cabo, es la propuesta que hizo el propio Puigdemont en su discurso en Bruselas del pasado 5 de septiembre, que significó la luz verde a la negociación, por parte de Junts, de la investidura de Pedro Sánchez ( y de la amnistía).
El mal principal de España, aunque a muchos les cueste creerlo, es su nacionalismo de raíz jacobina. Este nacionalismo ha arrastrado a España a todo tipo de abusos, actos de violencia y retrasos, incluyendo la Guerra Civil y la dictadura franquista, de consecuencias que todavía hoy condicionan de lleno la política española y la catalana. Superar este nacionalismo agresivo y retrógrado sería un camino largo y complejo, pero es la oportunidad que tiene España si de verdad quiere evitar que, dentro de unos años, vuelva a empezar un nuevo Proceso.
