Por el pacto y por el catalán
La propuesta de modificación de la ley de política lingüística registrada por cuatro grupos parlamentarios ha levantado una cierta polvareda, especialmente entre el ala más nacionalista del movimiento independentista. La propuesta consiste en reconocer que el castellano también puede ser empleado como lengua de enseñanza y de aprendizaje, en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de los centros educativos y siempre en relación con el objetivo de asegurar el pleno dominio de las dos lenguas oficiales (dejamos ahora el occitano) por parte de todos los alumnos. Quienes han saltado contra la propuesta encuentran que esta "claudicación" ante la presión judicial será el fin de la inmersión, que será el fin del catalán, que será el fin (no nada glorioso) de la nación. Un poco de reflexión serena puede ayudar a definir mejor lo que se propone.
La propuesta de modificación de la LPL es sin duda una reacción al requerimiento judicial que impone la utilización del castellano en (al menos) el 25 por ciento de las horas lectivas. Pero visto con más perspectiva el requerimiento judicial constituye una magnífica oportunidad para ordenar el marco normativo en un aspecto que cojeaba desde hace décadas, que es precisamente el del papel del castellano como lengua de enseñanza.
Hace 28 años el Tribunal Constitucional validó que el catalán fuera el "centro de gravedad" de la escuela catalana, siempre que esto no excluyera al castellano como lengua de enseñanza, en virtud de su condición de lengua oficial y en relación con el deber de garantizar su conocimiento. En virtud de esta no exclusión, hace años que en las instrucciones que el departamento de Educación envía a los centros educativos se incluye la posibilidad de impartir contenidos curriculares en castellano. El 30 de mayo de 2013, por ejemplo, la entonces consellera Irene Rigau explicó en rueda de prensa que durante el curso 2012-2013, 332 centros de primaria (el 14 por ciento) y 123 de ESO (el 10 por ciento) hicieron un uso total o parcial del castellano en materias no lingüísticas.
Visto desde este punto de vista, lo que hace la propuesta de modificación de la LPL es aprovechar la ocasión del requerimiento judicial para elevar a rango de ley una práctica que se ha ido desarrollando de forma pacífica desde hace al menos una década , es decir, sin controversias (parece que las familias lo han aceptado con agrado en todas partes) ni efectos perversos (no se han reportado en ninguna parte perjuicios en la adquisición del catalán por parte de todos los alumnos).
Pero más allá de las ocasiones judiciales y de la conveniencia de recoger normativamente una práctica existente, la propuesta de modificación de la LPL tiene otra virtud, que es la de poner online el sistema educativo catalán con el de todos los demás territorios europeos que tienen dos o más lenguas oficiales: en pocas palabras, no hay ningún territorio de estas características donde una de las lenguas oficiales no esté disponible como lengua de enseñanza.
La alternativa a la propuesta de modificación de la LPL es declarar el catalán como "única" lengua vehicular del sistema, tal y como pide el independentismo más intransigente y la CUP en particular. Esto ya lo intentó una iniciativa legislativa popular del año 2011 que ni siquiera fue admitida a trámite dado su carácter manifiestamente anticonstitucional y antiestatutario.
Aparte de este pequeño inconveniente, y puestos a dar perspectiva a las cosas, podríamos preguntarnos qué apoyo social tiene la propuesta de la vehicularidad exclusiva del catalán. En su campaña contra la modificación de la LPL, la Plataforma per la Llengua aduce que según una encuesta propia el 82 por ciento de los entrevistados apoyan el modelo de escuela en catalán. Aquí existe una pequeña trampa: la pregunta que se les hizo no se refería al catalán como lengua "única" sino como lengua "principal", que es precisamente lo que la modificación de la LPL no cuestiona. La última vez que una institución oficial preguntó a los ciudadanos sobre cómo querrían que se organizara lingüísticamente la enseñanza fue en 1998. En aquella ocasión, cuando se ofrecieron diferentes opciones a los entrevistados sólo el 9 por ciento eligió "todo en catalán". En resumen: la propuesta de modificación de la LPL no solo actualiza el marco normativo, legaliza una práctica arraigada y alinea a Catalunya con los casos comparables, sino que es probable que también sintonice con el sentir de la sociedad catalana en general, que acepta la enseñanza en catalán pero no es evidente que esté a favor del exclusivismo lingüístico.
