La patética cifra del 36%
La publicación de las estadísticas regionalizadas sobre la ejecución de las partidas de inversión en infraestructuras de los presupuestos estatales del año 2021, con la patética cifra del 36% en cuanto a Catalunya, ha causado estupor. Hablemos.
Ejecutar presupuestos no es simple, y lo es cada vez menos. Por muchas razones, casi todas buenas, la tramitación va en aumento, pero los presupuestos continúan siendo anuales y la duración del año permanece inmutable. Reconociendo este problema, en la UE los presupuestos se aprueban para siete años. Pero esto es difícil de trasponer a los estados porque implicaría reducir las oportunidades de un Parlamento de incidir sobre el presupuesto. En regímenes democráticos con un control parlamentario fuerte –no es el caso de Europa– el presupuesto aprobado en base anual es un rasgo medular.
Es importante entender que el coste de no ejecutar no es solo que se retrase la finalización de proyectos –tarde o temprano, La Sagrera se acabará– sino también que los recursos asignados a una partida no ejecutada se pierden para el objetivo de la partida. Se vuelven remanentes genéricos que permitirán al Estado emitir menos deuda. El dinero de las consignaciones presupuestarias son como el agua de los ríos de Heráclito: el del año próximo, por mucho que lleve la misma etiqueta, es dinero diferente del de este año.
Es difícil de ejecutar pero es vital hacerlo. Sigue que la diligencia, el interés y la efectividad de los responsables de la ejecución son claves. Si tienen suficiente ánimo, la ejecución se puede hacer. Si desfallecen, hay poco margen: nos podemos encontrar con el 36% en un santiamén. El gobierno de Sánchez lo ha tenido muy claro en cuanto a los fondos europeos Next Generation. El imperativo de ejecutar ha informado su acción normativa y gestora. Términos como PERTE se han vuelto familiares. Veremos si tienen éxito. Como el interés y la atención, el ánimo, son considerables, pienso que será así. Y me sabe mal, claro, que no se aplique la misma diligencia a la ejecución presupuestaria de los fondos propios, aunque entiendo que hay una diferencia: los fondos europeos que no se ejecuten vuelven a Europa. Los fondos valencianos que no se ejecuten vuelven al Estado.
La experiencia también indica que la proximidad de los gestores con los beneficiarios importa. No hay que apelar a la malevolencia para entender que la sensibilidad de los gestores hacia lo que tienen cerca será relativamente más viva. Una diferencia que puede ser pequeña pero que, dados los limitados días que tiene el año, puede acabar marcando una gran diferencia. En este tema la lógica del kilómetro cero tiene fuerza.
En el combate contra la patología de la poca ejecución tenemos que denunciar y expresar nuestro agravio, si no, no habrá incentivo para resolver nada. Pero hace falta así mismo que formulemos líneas de actuación e ideas concretas. Comento cuatro de manera no sistemática.
1. La primera es transmitir a los políticos hoy con cargos en Madrid, pero con carrera política en Catalunya, que esperamos de ellos que lo vigilen. Es normal en un regimen democrático –lo he vivido en EE.UU.– que los políticos en un gobierno central se ocupen de los intereses legítimos de sus constituyentes más directos. Claro que lo tienen que hacer de manera proporcionada, pero sería absurdo que respetaran los sesgos que perjudican su territorio.
2. A raíz del Estatut del 2006 se introdujo la metodología de compensar la parte no ejecutada de la inversión presupuestada mediante la asunción estatal de gasto ya hecho de la Generalitat. Con la sentencia del TC del 2010 el procedimiento decayó. No he entendido nunca del todo por qué un “No es obligado hacerlo” se convierte en un “No lo haremos”. En todo caso, el mecanismo de compensación sería recuperable.
3. De hecho, desde el mismo 2006, existe una comisión bilateral para el seguimiento de inversiones estatales, pero prácticamente no se ha reunido nunca. Ahora se habla de reavivarla. Lástima que ya se haya comprobado que acordar hablar formalmente de vez en cuando sobre el tema no haya tenido suficiente fuerza para incentivar al gobierno central a afanarse en ejecutar. Es una línea, pues, sin credibilidad.
4. Pienso que un paso adelante sería constituir un consorcio de ejecución de infraestructuras entre el Estado y la Generalitat. Iría en la misma dirección que las oficinas de ejecución que defiende Pere Macias, entre otros, pero tendría que llegar mucho más allá en dos aspectos: sería una estructura permanente y universal, es decir, para todas las infraestructuras, y sería receptora automática de la globalidad de los recursos asignados en los presupuestos para obras que ejecutar en Catalunya.
