Este jueves en el Congreso se debatirá una de las medidas más polémicas de la reforma de las pensiones que está llevando a cabo el gobierno español. Se trata de la puesta en marcha de los fondos de pensiones de promoción pública, una especie de planes de pensiones complementarios que tendrán gestión privada a pesar de que será el Estado quien los controlará. Empresas y trabajadores tendrán que hacer aportaciones y serán un complemento, a modo de ahorro, de la pensión final. De momento parece que la votación será ajustada, a pesar de que la semana pasada el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la quiso asegurar pactando con EH Bildu su abstención a cambio de aumentar un 15% las pensiones no contributivas este año. El proyecto de ley, sin embargo, llega al Congreso sin acuerdo social, puesto que ni sindicatos ni patronales se han sumado, y con la oposición de ERC y del PP y el apoyo condicionado a una retahíla de enmiendas del resto de grupos.
Será el primer pulso del ministro Escrivá en la anunciada segunda parte de la reforma de las pensiones. La primera, que supuso, por ejemplo, recuperar la revalorización de las pensiones según el IPC y dejar atrás así el factor de sostenibilidad del PP aprobado en 2013, obtuvo un apoyo bastante amplio. Ahora, sin embargo, se tienen que pactar medidas no tan agradecidas y electoralmente menos populares, puesto que se trata de compensar estos gastos extra con recortes a medio y largo plazo. El gobierno se ha comprometido en el protocolo de medidas que envió a Bruselas como condición para poder recibir los fondos de ayuda Next Generation y el tiempo empieza a correr.
Esta segunda fase de la reforma incluye otras medidas que serán polémicas, como por ejemplo el cambio en las cotizaciones de los autónomos, con las negociaciones encalladas desde hace meses; la ampliación del cómputo de años cotizados, que es un poco la clave para reducir a la larga el coste de las pensiones para el erario público, y el mecanismo de equidad intergeneracional, pensado para hacer frente al aumento de gasto que supone la jubilación a gran escala de la generación del baby boom y que implica aumentar las cotizaciones 0,6 puntos durante diez años. Este último punto sí que tiene el apoyo de los sindicatos.
Todas estas decisiones tendrán una incidencia fundamental en la vida de muchas personas, no solo en los pensionistas de hoy, sino, sobre todo, en los del futuro. Hace tiempo que se habla de que hay que revisar y reformar el sistema porque así como está ahora no es sostenible y no se pueden asegurar las pensiones del futuro. Las medidas se tienen que tomar ahora para asegurarse de que este peor escenario no acabe llegando nunca. Por eso hace falta consenso, social y político, y un debate abierto y transparente con la ciudadanía. No es fácil en un escenario político como el español en el que, especialmente por parte de la triple derecha, lo que se busca es la crispación y la patochada fácil. El contexto electoral –con los comicios andaluces y con lo que pueda pasar en otros lugares, en función de lo que pase en Andalucía– no ayudará mucho. La reforma de las pensiones, sin embargo, es uno de los grandes debates de esta legislatura y habrá que justificar muy bien cada decisión que se tome más allá de la coyuntura política de cada momento.
