En materia de vivienda, los medios publican regularmente mensajes o réplicas entre promotores, la academia (muy dividida, por cierto), los movimientos sociales y una sucesión de gobiernos demasiado erráticos en cuanto a la inversión en vivienda asequible. Son posiciones muy confrontadas que hacen dudar constantemente de la capacidad de los gobiernos democráticos de garantizar y ampliar el estado del bienestar. Todos están de acuerdo en que el objetivo de los 50.000 pisos sociales en Cataluña es una buena iniciativa, pero los resultados conseguidos hasta ahora dan pie a todo tipo de mensajes contradictorios. ¿Qué está impidiendo alcanzar el volumen de producción prometido? En medio de estas tensiones, aparece la narrativa de la cruda realidad de las ciudades actuales, que autores como Llucia Ramis, Javier Gil, Paulina Flores, Jordi Amat y Marta Jiménez Serrano describen con astucia y, a la vez, tristeza.De las muchas lecturas que se pueden hacer de la obra de Thomas Piketty, hay una que tiene que ver con la desconcentración del poder y la propiedad, las relaciones de poder que confrontan inquilinos y arrendadores, y sus respectivos relatos. Una buena aportación de Piketty es que pone el acento en las desigualdades generadas no solo por la concentración de la propiedad de los medios de producción (el foco del marxismo clásico), sino también por la propiedad de la vivienda. Las desiguales perspectivas vitales que pueden tener los inquilinos frente a las opciones de los propietarios (que, mayoritariamente, lo son por herencia) ponen en duda la desconcentración del poder y la propiedad que se había ido consiguiendo desde la Revolución Francesa. El 50% de la población más pobre tiene una décima parte del patrimonio medio del conjunto de la población y continúa demasiado expuesta a las dinámicas del precio de la vivienda de mercado. Piketty hace referencia a las autoras feministas que hace años defienden que la economía del hogar es una parte importantísima de las economías familiares urbanas y que, sumadas, inciden en el funcionamiento de las economías nacionales. A mí me hace pensar que la manera como las ciudades resuelvan la cuestión de la vivienda tendrá unas derivaciones macroeconómicas importantísimas en los próximos años.España es uno de los países ricos que dejan a la intemperie a la mitad de la población que no tiene acceso a una vivienda asequible. Es un estado rico en el sentido de que tiene empresas que acumulan muchas propiedades, pero con la paradoja de que tiene un patrimonio público menguante. Y en materia de vivienda, solo el 2% de las casas son patrimonio público.
Los primeros patrimonios públicos de vivienda en España fueron un legado terrible del franquismo. Bloques de pisos en polígonos de vivienda masiva, construidos rápidamente y con poca calidad. Por eso, durante la Transición, el traspaso de las actuaciones del Instituto Nacional de Urbanización y del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda del Estado hacia la Generalitat supuso una herencia de difícil gestión: se ha hecho poco mantenimiento y muchas veces se han privatizado para evitar quebraderos de cabeza a la administración.Pero cincuenta años más tarde, cuando se publica el barómetro del CEO, el acceso a la vivienda se convierte en el problema más importante para la mayoría y el 85% de los encuestados consideran que la prioridad es construir vivienda pública. Si algo demostró la pandemia es que las casas, cuando hay problemas gruesos, se convierten en el refugio principal de las familias. Durante años, el Estado ha destinado millones de euros a financiar el acceso a la vivienda en propiedad a través de desgravaciones en el impuesto sobre la renta, y esto ha favorecido la estabilidad de una clase media que ha podido comprarse un piso. Pero este dinero público ha acabado en manos privadas y no ha beneficiado al 50% más pobre de la sociedad. Las comunidades autónomas han tenido que destinar buena parte del presupuesto público de vivienda a sufragar las ayudas sociales para el pago del alquiler, para no dejar a la gente en la calle. En los presupuestos de la Generalitat hay una previsión anual de 160 millones de ayudas al pago del alquiler, casi el doble de lo que se destina a que el sector público promueva vivienda asequible. La banca pública ha consignado 600 millones para financiar la construcción de hasta 7.000 viviendas asequibles, pero hay pocos promotores que se dediquen a la vivienda social, y en todo caso es dinero que se debe devolver con garantías. Si hacer vivienda libre es complicado, la protegida es una carrera de obstáculos.El año 2025 se han terminado 3.517 viviendas protegidas en Cataluña (y 16.175 viviendas libres). Es un buen dato comparándolo con los 1.893 de 2024 o los 2.243 de 2023, y es atribuible al impacto de los fondos Next Generation que Europa ha articulado para ayudar a construir viviendas asequibles eficientes energéticamente. Pero todavía estamos a la mitad de los pisos asequibles que se terminaron el año 2010; en concreto, 6.675. Este año se terminan las ayudas europeas, y me pregunto por qué, si el volumen de producción es tan bajo, nadie pide aumentar la inversión pública.La ley del suelo del Estado había obligado históricamente a los municipios a crear patrimonios públicos de suelo, pero el ministerio no ha hecho nunca un seguimiento de esta obligación y muchas ciudades han vendido terrenos para sufragar otros gastos. Hay muchas leyes que apuntan en la dirección de reducir la dependencia del mercado privado de la vivienda, pero hay que ver los impactos reales de las leyes y los planes, porque un estado no será nunca igualitario si el acceso a la vivienda continúa siendo un gasto mensual inasumible para la mitad de sus familias.
