Hay realidades que incomodan. No porque sean nuevas, sino porque nos recuerdan aquello que preferimos no ver. El sinhogarismo es una de ellas. No es una anécdota urbana ni un paisaje inevitable; es el síntoma de una quiebra colectiva, de una sociedad que ha normalizado que haya personas que no tienen dónde dormir. Y, aún más grave, que ha empezado a diseñar espacios para que no puedan estar allí.
La arquitectura hostil, bancos con separadores metálicos, superficies inclinadas, esquinas llenas de obstáculos, es la metáfora perfecta de nuestro tiempo. No resuelve nada, pero esconde. No cuida, pero expulsa. No dignifica, pero ordena. Ordena la miseria fuera del campo visual. La hace invisible. Como si invisibilizar fuera una política social.
Hace pocos días fui al aeropuerto de Barcelona-El Prat, que, recordemos, tiene gobernanza pública. Allí se ha instaurado un control de acceso a las zonas abiertas al público. Te preguntan si tienes un vuelo o si vas a esperar a alguien. Formalmente es una medida de organización. Materialmente, es un filtro para impedir la entrada de personas sin hogar, entre otras. Lejos de poner todos los esfuerzos en buscar soluciones estructurales, se opta por evitar que el problema se vea. Administramos la incomodidad en lugar de gobernar la complejidad.
Las administraciones muestran su preocupación por el sinhogarismo. Colaboran con entidades del tercer sector, impulsan programas, elaboran planes. Pero, en paralelo, en espacios bajo su responsabilidad, se aplican medidas que expulsan a los más vulnerables. ¿Podríamos llamarlo cinismo? No se puede hacer un relato de derechos y, al mismo tiempo, levantar barreras físicas o simbólicas para que determinadas personas no tengan cabida.
En este contexto, en el Parlament de Catalunya se está tramitando la proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente al sinhogarismo y erradicarlo, promovida por las entidades del tercer sector, y con un hecho políticamente relevante: todos los grupos de la cámara, a excepción de los partidos de extrema derecha, la registraron conjuntamente. Ahora está a punto de cumplir un año de recorrido parlamentario.
El pasado diciembre llegaron las enmiendas: 573. Hacer una buena ley exige debate y las enmiendas son parte esencial del proceso legislativo. Hay que confiar en que este volumen responda a la voluntad de perfeccionar el texto y no a la tentación de marcar perfil ideológico. Porque, en esta materia, lo que hace falta es amplio consenso y agilidad. Sería un contrasentido que aquellos que han suscrito una propuesta conjunta acabaran encallándola por dogmatismos. El sinhogarismo no admite cálculos cortos ni batallas simbólicas; reclama generosidad negociadora, acuerdos sólidos y resultados tangibles.
Pero más allá de la ley está el modelo. Hace años que la evidencia internacional apunta hacia estrategias basadas en el housing first: garantizar primero una vivienda estable y digna, y a partir de aquí articular el acompañamiento social y sanitario. Glasgow, por ejemplo, es un modelo de éxito que ha convertido el housing first en un servicio centralizado con apoyo gubernamental, que ha ido ampliando su cobertura para personas con necesidades complejas. No se trata solo de dar techo, sino de reconstruir proyectos vitales. La vivienda no como premio después de un itinerario, sino como punto de partida. Persistir en modelos centrados exclusivamente en recursos de emergencia o albergues temporales es cronificar la provisionalidad.
En Barcelona, después de muchos meses de preparación, el 1 de junio de 2015 se iniciaba un proyecto piloto housing first. Aquella apuesta no ha ido mucho más allá del formato piloto. Mientras tanto, entidades del tercer sector, como Fundación Arrels y otras, han ido ampliando programas inspirados en este modelo con sus recursos, siempre limitados. En diciembre de 2025, en un pleno extraordinario pedido por los grupos municipales de Junts y Comuns sobre sinhogarismo, se aprobaba un plan de medidas presentado por estos dos grupos, con una dotación de 60 millones de euros. Esperemos que esta proposición no se quede, como suele pasar, en un cajón. Las declaraciones y los acuerdos solo tienen valor si se ejecutan.
La dignidad no es una concesión administrativa. Es inherente a la condición humana, igual que la vulnerabilidad. Todos, en algún momento de la vida, podemos atravesar situaciones de extrema fragilidad. El sinhogarismo no define personas; describe circunstancias. Y las circunstancias se pueden transformar con políticas públicas valientes y coherentes, sostenidas en el tiempo, capaces de ofrecer itinerarios reales de estabilidad e inclusión, compartidas con las entidades del tercer sector.
Hay que poner el sinhogarismo en lo más alto de la agenda pública no como consigna, sino como compromiso. No podemos dejar de luchar por una sociedad que garantice los derechos fundamentales y cuide de las personas en situación de vulnerabilidad. Una sociedad donde todos puedan desarrollar una vida digna y con sentido.
La pobreza es la enfermedad más frecuente y a veces parece que moleste, cuando lo que nos debería preocupar es nuestra incapacidad, o nuestra falta de voluntad, para erradicarla. Y esto, nos guste o no, nos interpela a todos.
