Reconozco que todavía estoy bajo el impacto de las imágenes de jueces y magistrados manifestándose, puñetas incluidas, ante las sedes de juzgados y tribunales de distintas capitales españolas, contra la amnistía (o tal vez contra una proposición de ley presentada en el Congreso de Diputados que apenas habían podido examinar). Antes de eso ya fue suficientemente delirante ver cómo el órgano de gobierno del poder judicial, un Consejo General del Poder Judicial caducado hace cinco años, y por eso mismo de dudosa legitimidad, se pronunciaba preventivamente sobre un texto que todavía no había visto y que, una vez vio la luz, supuso que se encargara un informe sobre la cuestión, que no es preceptivo ni mucho menos vinculante, porque se trata de una proposición de ley de un grupo parlamentario y no de un proyecto de ley del gobierno, puesto que éste está en funciones y no tiene capacidad legislativa. Una pérdida de tiempo y de dinero.
España tiene un problema estructural y grave con la transición aún no comenzada de uno de los poderes del Estado que goza de menor estima y crédito social según todas las encuestas. El sistema de provisión de los jueces y magistrados perpetúa la hegemonía asfixiante de la derecha judicial. Y la centralización del poder judicial y la existencia de “cuerpos nacionales” son una rémora del pasado. No hay más que ver que el título VI de la Constitución, consagrado al poder judicial, es una copia casi literal de las leyes orgánicas del franquismo. Y esto constituye un problema para la descentralización de la justicia, pero también para la organización territorial del poder en España, puesto que la justicia permanece impermeable al estado autonómico. Si las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad fueron un poder fáctico determinante de las condiciones del régimen del 78, aunque fueran en parte reformados durante la primera etapa de los gobiernos socialistas, el poder judicial quedó inerme, petrificado, con las mismas estructuras de poder que durante el franquismo.
Y esas lluvias nos han traído estos lodos. La fronda contra la amnistía, con el pretexto de que vulnera la separación de poderes y la exclusividad de jurisdicción de los jueces y tribunales, constituye un episodio más que revela la incapacidad de una parte de la judicatura de aceptar su sometimiento al imperio de la ley. No cualquier ley, sino una ley orgánica, calificada al menos por la mayoría absoluta del Parlamento, el único poder con legitimidad democrática directa, depositario de la soberanía popular y facultad para interpretar y actualizar con carácter permanente la voluntad constituyente de 1978. Pero no es sólo la amnistía. Ya hace tiempo que se siente un toque de trompetas estridente por parte de sectores judiciales refractarios o incluso proclives a la reacción ante cualquier atisbo de reforma o mejora del acomodo territorial o en temas sociales.
Alertan del riesgo de destrucción de la Constitución y ponen presión al Tribunal Constitucional, ahora que quizás parece haber mutado su signo, ante la posibilidad de que se desvíe trágicamente del auténtico ser de España en cuestiones como la lengua. Aquí está el activismo fanático y el exceso de jurisdicción del TSJC en relación al modelo lingüístico educativo. Por no hablar de los votos particulares de los magistrados conservadores del TC a sentencias que consideran contrarias a las buenas costumbres o la civilidad, ya sea el aborto o la eutanasia, acusando al resto de colegas del alto tribunal de retorcer la Constitución por inventarse nuevos derechos. Se diría que la derecha jurídica y judicial española milita en la red de Steve Bannon, el siniestro estratega de la derecha internacional. No hay tantas diferencias con lo que ocurre en España, Polonia, Hungría o Israel.
Y si tuvieran razón, que no la tienen, la Constitución no podría convertirse en una “camisa de fuerza”, como dijo la Corte Suprema de Canadá en su opinión consultiva de agosto de 1998 (párrafo 150). El constitucionalismo no es el principio alfa que todo lo regula, sino un principio que se encuentra precisamente junto a otros principios y valores como la justicia o el pluralismo político, por ejemplo, que son quienes inspiran la futura ley de amnistía. La justicia porque se exonera de responsabilidad a personas que nunca deberían haber sido juzgadas. Y el pluralismo político porque se confía a los poderes territoriales ya los partidos la resolución de un conflicto que nunca debería haber salido de la esfera política. Lo importante es que el derecho resuelva los problemas, no que los perpetúe.
