El gobierno de la Generalitat ha tramitado recientemente en el Parlament el proyecto de ley de la dirección pública profesional, una iniciativa que constituye un pilar crítico y determinante para la transformación de nuestra Administración. Es muy posible que esta reforma no tenga la repercusión mediática de otras iniciativas legislativas. Sin embargo, su aplicación rigurosa puede incidir, de manera significativa, en la eficiencia del aparato institucional y en la mejora real de los servicios públicos. El principio que inspira esta reforma es establecer una línea de demarcación clara entre la responsabilidad política y la responsabilidad profesional de gestión.En cualquier sistema democrático consolidado, corresponde legítimamente a los gobiernos determinar las prioridades políticas y la hoja de ruta del país. El presidente y sus consejeros han de poder escoger a sus principales colaboradores de orientación política para definir el programa de gobierno, interpretar las demandas cambiantes de la sociedad, diseñar las políticas públicas y asignarles recursos presupuestarios. Esta función de decisión política no solamente es plenamente legítima, sino que resulta del todo indispensable para el funcionamiento democrático.Una cuestión bien diferente, sin embargo, es quién debe asumir la dirección ejecutiva necesaria para traducir estas prioridades políticas en resultados concretos. Dirigir hoy organizaciones públicas altamente complejas, administrar recursos económicos colectivos, liderar equipos humanos multidisciplinares, impulsar procesos de transformación digital o evaluar el impacto real de las políticas exige unos conocimientos técnicos, una trayectoria y unas competencias directivas muy específicas. Por este motivo, una parte muy sustancial de los actuales puestos directivos de la Generalitat y de su sector público institucional deberían dejar de depender de la confianza política o de la libre designación para pasar a ser cubiertos mediante procedimientos públicos, transparentes y competitivos. El proyecto de ley prevé que el futuro desarrollo reglamentario fije los criterios para delimitar qué cargos corresponden a la responsabilidad política y cuáles deben reservarse estrictamente a profesionales. No se trata de despolitizar la acción de gobierno, sino de profesionalizar la gestión de la Administración de manera estable y permanente.
A menudo se ha presentado este debate como una falsa confrontación entre política y gestión. No lo es. Una administración de excelencia necesita una buena dirección política y una buena dirección ejecutiva. Son funciones conceptualmente diferentes, pero complementarias. Este modelo no es ninguna singularidad catalana ni ningún experimento aislado. Responde a los principios que desde hace décadas orientan la modernización de las administraciones públicas más avanzadas de Europa. Los trabajos de la iniciativa SIGMA –el programa de la UE y la OCDE especializado en la mejora de la gobernanza pública– insisten en estos ejes: la selección basada en el mérito, la neutralidad política, la transparencia en los procedimientos, la capacidad técnica y la responsabilidad directa por los resultados alcanzados.El proyecto estructurará dos niveles de dirección profesional y confiará la evaluación de los candidatos a un órgano independiente que propondrá los perfiles más idóneos. La autoridad política mantendrá la capacidad final de designación, pero esta decisión queda acotada a una terna de personas que previamente han demostrado su competencia. Asimismo, se establecen mandatos temporales de siete años –renovables– para dotar la gestión de estabilidad más allá de los ciclos electorales, vinculando la continuidad y parte de la retribución variable a una evaluación del ejercicio y del cumplimiento de objetivos.Conviene, sin embargo, no idealizar la reforma. La aprobación del texto legislativo será tan solo el primer paso de un cambio cultural profundo que enfrenta tres retos principales. 1) La credibilidad del modelo: la meritocracia no se proclama, sino que se ha de poder comprobar. Si la sociedad percibiera que los nuevos mecanismos son una fachada para mantener cuotas partidistas, la reforma fracasará. 2) La capacidad de atraer talento en competencia con el sector privado, lo cual exigirá procedimientos de selección ágiles, autonomías de gestión reales y estructuras retributivas adecuadas. 3) La exigencia de unos valores públicos indispensables como la ética, la transparencia, la equidad y la defensa del interés general.La aplicación inicial en la Generalitat y su sector público es una decisión prudente para evaluar los resultados antes de extender el modelo al conjunto del sector público catalán y al mundo local. Cataluña tiene la oportunidad de impulsar una reforma de estado largamente reclamada. Disponer de una dirección pública profesional, competente y evaluada por sus resultados no favorece a un gobierno determinado: fortalece nuestras instituciones y garantiza unos servicios de calidad.
