20/10/2021

Renovación del CGPJ e higiene democrática

2 min
El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

BarcelonaEl PP y el PSOE han llegado a un acuerdo para renovar los cargos caducados del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo, y previsiblemente los próximos días se podrán anunciar ya los nombres de las personas que los ocuparán. Pero en paralelo los dos partidos también han aproximado posiciones de cara a renovar el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, que lleva tres años con el mandato caducado. La interinidad de este órgano, que decide, entre otras cosas, los nombramientos de la carrera judicial, es especialmente escandalosa porque ha permitido al PP mantener una mayoría conservadora que, actualmente, no refleja la composición de las Cortes Generales. El CGPJ se tiene que renovar por higiene democrática.

En efecto, el PP es el principal responsable del bloqueo porque siempre que se ha intentado la renovación, e incluso cuando había un pacto de nombres con el PSOE, se ha echado atrás con diferentes excusas. La primera fue en 2018, cuando el famoso WhatsApp del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó –en el que explicaba a sus compañeros de partido que con el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del órgano controlarían "por detrás" la sala segunda del Supremo (la que juzga los casos de corrupción del PP)–, hizo volar por los aires el pacto. Después ha habido otros intentos frustrados, por ejemplo, el que denunció la ex portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, antes de ser destituida. Pablo Casado siempre ha tenido miedo del pacto por la reacción tanto de Vox como de Cs, que lo acusan de repartirse los cargos con Sánchez.

Finalmente, ahora se ha abierto una rendija, a pesar de que la condición que pone el PP es que se cambie la ley que regula la elección de los vocales del CGPJ para que sean los jueces los que los elijan. Es evidente que el PP busca la manera de eternizar el control conservador del órgano, puesto que la mayoría de jueces son de ideología conservadora. Sin embargo, es positivo abordar una reforma de la ley del Poder Judicial para que la elección no acabe siendo un reparto de cromos o un trapicheo político. Pero de alguna manera se tiene que mantener un control por parte del poder legislativo para evitar que la mayoría conservadora de los jueces se acabe convirtiendo también en un "gobierno de los jueces" o lawfare (guerra jurídica), en que la justicia acabe convirtiéndose en un actor político que corrige al resto de poderes democráticos.

Lamentablemente, esto está pasando en España con la actuación de algunos jueces en el caso del Procés, e incluso lo vemos ahora cuando Manuel Marchena se enfrenta al Congreso por la inhabilitación de un diputado de Podemos. Por su parte, el Tribunal Constitucional se ha convertido en una tercera cámara legislativa, asumiendo un papel que no es el suyo.

Otro debate que las fuerzas independentistas tendrán que abordar es el de la necesidad de aprovechar su peso parlamentario para tener presencia en estos órganos. La experiencia demuestra que puede ser útil tener ojos e influencia en órganos que acaban siendo decisivos en la política española.

stats