La Obra Cultural Balear (OCB) ha tenido suficiente con recoger los datos del Servicio de Salud de las Islas Baleares para comprobar que la lengua catalana no es ni ha sido nunca un impedimento para cubrir plazas de enfermería en estas islas. Esto es importante, porque el Partido Popular y el ejecutivo de Marga Prohens habían insistido en decir lo contrario. Según llegaron a declarar la consejera de Salud del Govern Balear, Manuela García, y el vicepresidente y consejero de Economía, Antoni Costa, el catalán era "un obstáculo" para la contratación de personal en la sanidad pública de Baleares. Deberían dimitir o ser cesados por ello. En todo caso, son los datos del propio Gobierno Balear los que los dejan en evidencia.
Para ir al por menor, para 803 plazas en el proceso de estabilización cuando el catalán era un requisito, 568 candidatos acreditaron los conocimientos de catalán exigidos, mientras que 239 se acogieron a la moratoria de dos años que estableció el ejecutivo del Pacte de Progrés para poder sacar el B2. En cualquier caso, ninguna plaza quedó sin cubrir por ningún motivo que tuviera nada que ver con la lengua. Sin embargo, una de las primeras decisiones del gobierno actual (del PP, con el apoyo de Vox) fue suprimir el requisito del catalán, con el argumento de que dificultaba la llegada de personal sanitario. La disyuntiva entre tener un servicio sanitario de calidad o promover la lengua propia ("¿Qué quieres, que los médicos te curen o que distingan las eses sordas y las sonoras?") es, además de absurda, completamente falsa. Y además de absurda y falsa, supone un atentado contra los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Baleares. De todos, porque los derechos son de toda la sociedad, no sólo de una u otra parte. Utilizar las lenguas para romper la cohesión social es una irresponsabilidad y hacerlo desde las instituciones de autogobierno, una indecencia. (Hay que decir que la plataforma Sanitarios por la Lengua realiza un gran trabajo en defensa de los derechos lingüísticos de la ciudadanía.)
La constatación de lo que dicen los datos del IB-Salut deja claro que la eliminación del requisito del catalán en la sanidad de Baleares no obedece a otra cosa que al prejuicio ideológico ya los negocios brutos del PP y Vox con el catalán como moneda de cambio. De forma más amplia, desmiente una de las falsedades más repetidas por el nacionalismo españolista, que intenta presentar la diversidad lingüística en general, y el catalán en particular, como un estorbo para el buen funcionamiento de la vida pública, y como un capricho o una imposición de los "nacionalistas", como si los nacionalistas no fueran ellos. Las lenguas que no son el castellano no son "cooficiales", sino que deben ser oficiales en plena igualdad con el castellano, y deben ser reconocidas y promovidas como tales en todos los ámbitos de la administración, así como por los políticos y las instituciones. El conocimiento y el respeto por la diversidad lingüística es una de las cuestiones pendientes más importantes, y más urgentes, que debe afrontar España si algún día quiere alcanzar un estatus democrático aceptable.
