¿Qué es denunciado por todos como un mal intolerable, ya la vez reclamado por todos? La pregunta no llega ni a adivinanza, de tan obvia como es la respuesta: la financiación singular. Es decir, una financiación como la que (se supone que) el gobierno socialista de España tiene previsto conceder a la Generalitat de Catalunya, a consecuencia de las negociaciones entre PSC y ERC para investir presidente a Salvador Illa.
A la pregunta del párrafo anterior, “todo el mundo” debe entenderse como todo el mundo en la política española y buena parte de la catalana: todas las baronías territoriales del PP, casi todas las del PSOE, casi todos los medios de comunicación españoles, y buena parte de la oposición en el Parlament de Catalunya, particularmente Junts, PP y Vox. Juntos, en particular, trabaja para que el acuerdo fracase (lo que tiene muchas posibilidades de suceder), con el propósito de demostrar que ERC es poco más que una agrupación de botiflers y que no hay negociación posible con los socialistas ni con el gobierno de España, pese a que ellos mismos (la derecha catalana, para entendernos) tengan una larga tradición de acuerdo y pactos con los socialistas y con los sucesivos gobiernos de España.
El resto, por no perder la costumbre, se rasgan las vestiduras por la unidad de España, que se verá una vez más rota si el vendido y malvado Pedro Sánchez consiente en que “se les dé a los catalanes” (esta es la retórica y el nivel de análisis con el que se trata en el tema) una financiación equivalente a la cuota vasca. A su vez, todos recuerdan que “no quieren ser menos” y que, si hay alguna mejora en la financiación territorial, son los primeros en reclamarla para su comunidad. La paradoja es que estas mejoras, cuando se produjeron, ha sido como consecuencia de las negociaciones entre Catalunya y España. Éste volvería a ser el caso de llevarse adelante la reforma que implica la financiación singular, y que comportaría la aplicación, por primera vez en la financiación territorial española, del principio de ordinalidad.
Mientras tanto, la defensa que hace del acuerdo el gobierno de España se aguanta en los subterfugios de otras ocasiones en las que los socialistas han llegado a acuerdos con los catalanes. La semana pasada, la ministra de Hacienda compareció borrosamente en el Senado, más para evitar dar explicaciones sobre el acuerdo que para explicar nada concreto. Y Pedro Sánchez recurrió al clásico café para todos, para diluir las reivindicaciones de las periferias frente al monolitismo madrileño: prometió más dinero para todas las autonomías, en este caso a través del Fondo de Compensación Interterritorial. La salida recuerda mucho a la que tuvo Zapatero en su momento en relación al Estatut, con la diferencia de que Sánchez debe pensar que puede confiar en el Tribunal Constitucional, ahora de mayoría progresista, ante los eventuales recursos de inconstitucionalidad que puedan llover sobre un acuerdo de recorrido parlamentario incierto.
