La T-Mobilitat no tiene fecha, pero sigue absorbiendo dinero público

Si hay un proyecto, aparte del grave atraso con las renovables, que demuestra que es hora de que todo el mundo, administraciones y empresas privadas, se vuelva a poner las pilas para modernizar las infraestructuras del país, es la T-Mobilitat. El lío en la gestión de este cambio que tiene que permitir actualizar el sistema tarifario al nivel de la mayoría de ciudades europeas, con tarjetas recargables o bien virtuales –pagando directamente con móvil–, es incomprensible. Los primeros pasos son de hace diez años, en 2012, y ya hace ocho que se creó la unión temporal de empresas SOC Mobilitat (formada por CaixaBank, Indra, Fujitsu y Moventia). Esta UTE tenía que concretar y poner en marcha un proyecto impulsado por las administraciones públicas, que al fin y al cabo son las que asumen el coste principal. Sería largo enumerar los muchos atrasos, pero solo hay que fijarse (como queda claro en un nuevo informe jurídico para justificar los motivos de la administración para una nueva modificación –la cuarta– del contrato original) que ahora mismo no se sabe cuándo se pondrá en marcha ni tampoco queda la opción de dar marcha atrás. Al contrario, la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha tenido que adelantar a la adjudicataria hasta 14 millones de euros –desde el diciembre pasado ya se han pagado 10,6– para darle liquidez y permitir que se acaben los trabajos. La razón es que CaixaBank, el socio financiero, amenazó con salirse del proyecto el otoño pasado. No son claras las razones por las cuales finalmente continuó, pero el hecho es que ahora ha sido la administración quien ha adelantado el dinero.

Es evidente que las cosas se han hecho mal –el sobrecoste se ensarta ya casi al doble de los 58 millones de euros previstos– y de momento no hay explicaciones claras ni de los motivos ni de las responsabilidades de cada cual. Y a pesar de todo, la urgencia es poner en marcha el sistema antes de que se vuelva a quedar obsoleto. El funcionamiento actual con tarjetas de cartón con banda magnética, propio de los años 90, está tan desfasado que ya no hay compañías que lo trabajen y tiene que ser la misma ATM la que pone parches cuando algo se estropea. Todo ello con un coste anual de unos 6 millones de euros que se habrían podido ahorrar si la T-Mobilitat, tal como estaba previsto, ya estuviera en funcionamiento.

Aquí parece que ha fallado casi todo, desde la parte tecnológica hasta la dirección política del proyecto. En este caso la cooperación público-privada no ha funcionado nada bien, hasta el punto que todos los implicados se echan la culpa los unos a los otros en privado, sin expresar públicamente las razones de los desacuerdos. Es verdad que cambiar todo el sistema tarifario de transporte puede ser complicado, pero en otras ciudades está funcionando sin problemas desde hace décadas y no parece que haya habido estos impedimentos. Llegará el momento de pasar cuentas pero, por encima de todo, lo que hace falta ahora es una dirección efectiva que ponga plazos claros y realistas al proyecto. La T-Mobilitat, que ahora solo funciona en pruebas en algunos ámbitos, tiene que ser una realidad cuanto antes mejor. Y todos los esfuerzos tendrían que centrarse ahora en este objetivo.