El INE dio el pasado año una previsión del crecimiento del parque inmobiliario en España en los próximos años: concretamente, calculaba la construcción de 217.000 viviendas nuevas cada año entre 2023 y 2027. Este crecimiento va ligado evidentemente a otro , que es el de la población: en los mismos años, el INE prevé un aumento de 1,8 millones de personas en España, que llegaría en 2027 a una población de 49,3 millones de personas. Por cierto: racistas y xenófobos pueden ponerse tranquilos, porque este crecimiento se producirá pese a una reducción de los nacimientos (calculan 106.000 menos por año), compensado por la llegada de inmigrantes (483.000 al año).
Son cifras que obligan a pensar en cómo incorporar a todos estos recién llegados en las debidas condiciones (un trabajo urgente, quizá el que más, de la nueva conselleria de Política Lingüística es crear las facilidades para que aprendan y usen el catalán). Porque es obvio que toda esta nueva población se distribuye de forma muy desigual en el conjunto del Estado, con una afluencia mucho mayor a las zonas con mayor dinamismo económico, es decir, las zonas turísticas. Es decir, Cataluña o Baleares o la Comunidad Valenciana, fuertemente saturadas, en contraposición con aquellas zonas que se llaman vacías o despejadas.
La gran concentración de población es simétrica a la abundancia de especuladores y fondo buitre. En Baleares, por ejemplo, según una noticia delAhora Baleares que recoge los datos del Instituto Balear de la Vivienda (que se llama Ibavi, porque construyeron el acróstico de su nombre con el castellanismo vivienda), de las viviendas de alquiler, la gran mayoría no están en manos de inmobiliarias, sino de entidades financieras extranjeras, como Blackstone o Cerberus y sus inacabables ramificaciones en forma de filiales, etc. Lo mismo sucede, más o menos, en Catalunya. El libre mercado entra en colisión de este modo con el derecho que tiene toda persona a vivir en una vivienda digna y en un entorno natural bien cuidado. Un derecho recogido también en la Constitución española del 78.
El debate sobre la vivienda debería tener en cuenta la necesidad de tratarla, la vivienda, como una política social y un servicio público, al mismo nivel que la enseñanza o la sanidad. Esto significa regular el mercado, ciertamente. El margen, en comparación con los países del mismo entorno, es amplio: España tiene alrededor de un 2,5% de vivienda pública, en contraste con la media europea, que es del 9,3%, y de alrededor del 20% en los países avanzados. En cualquier caso, cualquier discusión sobre el tema conviene que se centre no sólo en la reparación del trabajo que hasta ahora no se ha hecho, sino también en la anticipación y planificación del alud demográfico que aún queda por llegar . De lo contrario, los conflictos y el malestar social no harán más que ir también en aumento. Si los partidos democráticos, en particular los de izquierda, no son capaces de realizar este trabajo de anticipación, los que sacarán rédito político –con tergiversaciones, intoxicaciones y mentiras– serán los demás, con todo lo que ello conlleva.
