144 horas para pactar dos palabras y salvar el consenso por el catalán

BarcelonaEl pasado martes tenía que haber fumata sobre el pacto por el catalán. Pero a primera hora de la mañana nadie sabía si al final sería blanca o negra. Todo el optimismo que hasta lunes impregnaba las cúpulas de Esquerra, Junts, el PSC y los comunes desaparece el martes cerca de las nueve de la mañana cuando los socialistas deciden plantarse. No tienen más margen: desde el viernes que hay contactos entre Salvador Illa y Alícia Romero (PSC) con Jordi Sànchez y Mònica Sales (JxCat) para encontrar la fórmula para definir el uso del castellano después de la sentencia del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Y no hay manera de llegar a un acuerdo: el PSC quiere usar el término “uso curricular” mientras que Junts pide que se hable de “uso” de lenguas oficiales en genérico. Los socialistas no lo ven y dan marcha atrás. El martes a primera hora vuelven a un redactado similar al pacto del 24 de marzo, del que Junts se había descolgado y al que no puede volver. Saltan todas las alarmas: hay una quincena de versiones del texto y se acaba de retroceder, prácticamente, a la primera. ¿Cómo se llega a este punto? Si tenían un acuerdo el 24 de marzo para reformar la ley de Política Lingüística, ¿cómo acaban los partidos negociando una ley ad hoc para responder a la sentencia? El ARA ha reconstruido las negociaciones que han salvado el consenso por el catalán con testimonio de todas las partes.

Recapitulamos. Las críticas de las entidades prolengua y el malestar interno llevan a Junts a desmarcarse definitivamente del acuerdo inicial el 12 de mayo, a pesar de que tres días antes el TSJC había dado quince días a la Generalitat para cumplir de forma “forzosa” la sentencia del 25%.

Creen que tiene que haber solo un decreto ley del Govern que asuma la responsabilidad de fijar los proyectos lingüísticos ante los centros educativos y rechace los porcentajes en la enseñanza. Todo se complica. Pero el lunes 16 de mayo se reúnen los órganos de coordinación de ERC y Junts, y los republicanos se muestran dispuestos a sacar adelante el decreto ley que proponen los de Carles Puigdemont. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, hay otro encuentro clave en la Casa de los Canónigos: están el president Pere Aragonès, Sergi Sabrià, Marta Vilalta, Laura Vilagrà, Natàlia Garriga y el secretario de política lingüística, Francesc Xavier Vila, por parte de los republicanos; y en representación de Junts está el vicepresidente, Jordi Puigneró, Jordi Sànchez, Albert Batet, Laura Borràs y, de forma telemática, Jordi Turull. De allí sale un pacto: el Govern hará un decreto ley, pero también se promoverá una nueva norma ad hoc en el Parlament con el que se intentará sumar al PSC y los comunes. No hay mucho otra aritmética posible: la CUP ya ha advertido que no jugará en esta negociación, el Govern necesita a En Comú Podem para convalidar el decreto y los de Jéssica Albiach no estarán sin los socialistas.

El grupo de WhatsApp

Empiezan a sucederse las negociaciones frenéticas en el Parlament. “No había hecho nunca tantos kilómetros por los pasillos”, dice uno de los negociadores, puesto que los despachos de ERC y Junts están en el lado opuesto a los del PSC y comunes. El jueves 19 de mayo Romero crea un grupo de WhatsApp que será determinante para la negociación: “Consenso catalán”. No hay foto de perfil, pero están Marta Vilalta y Mònica Palacín (ERC); Esther Niubó y la propia Romero (PSC); Mònica Sales y Francesc Ten (JxCat) y David Cid y Jèssica Gonzàlez (comunes). Hay buena relación entre todos ellos y esto facilita el entendimiento. “El talante de todos los implicados ha sido clave para llegar a un acuerdo”, dice uno de ellos. No se plantea que haya nadie de la CUP: “En dos meses no hemos participado en ninguna reunión de trabajo ni negociación”, lamentan los cuperos, a quienes se les comunicó que “preferían que estuviera el PSC”.

A la hora de negociar, los grupos implicados parten de un texto que han pactado primero Esquerra y Junts, y que es inasumible para el PSC: se dice que “en ningún caso” se tienen que establecer porcentajes en la enseñanza para las lenguas oficiales y esto entra en colisión con la sentencia. Los socialistas, que consiguen excluir el rechazo explícito a las cuotas, quieren dejar claro que el castellano tiene que ser definido como lengua de aprendizaje, una de las líneas rojas para Junts. Se dan espacio durante todo el fin de semana -a pesar de los contactos telefónicos- y el lunes por la mañana cada formación reúne a su ejecutiva.

Los partidos comparten la información. En el caso de las negociadoras del PSC, que validan cada paso con Illa y Miquel Iceta, mantienen contactos con la exconsellera de Educación Irene Rigau (CiU) o el profesor de sociolingüística de la UAB Albert Branchadell. Por parte de Junts, tiene un rol el secretario general de Exteriores (y exnúmero dos de Cultura) Lluís Baulenas y la diputada Anna Erra. Joan Ridao, presidente del Instituto de Estudios del Autogobierno, y el secretario de Govern, Xavier Bernadí, asesoran a ERC, mientras que los comunes están en contacto permanente con el diputado en el Congreso y profesor Joan Mena.

El solucionador

Pero volvemos al principio de esta crónica, el martes 24 de mayo cuando saltan todas las alarmas. El día antes, Junts insiste en eliminar la definición de “curricular” del castellano y el PSC no lo acepta. En un tour de force, los socialistas responden el martes por la mañana con una nueva versión del texto que recupera la esencia de la ley de política lingüística. Todo está a punto de romperse y Vilalta y Cid corren hacia el despacho de Romero para intentar salvarlo. Allí acuerdan una última reunión telemática a cuatro bandas a media mañana y finalmente surge el consenso. PSC y Junts pactan un término medio aceptable para las dos bandas: “uso curricular y educativo” del castellano. Los de Puigdemont lo avalan, a pesar de que en una reunión inmediatamente posterior del grupo parlamentario hay voces del entorno de Borràs que reclaman dejar fuera al PSC e intentar una mayoría del “52%”. En una línea similar, el lunes en el Palau de la Generalitat ya había habido una reunión con los partidos independentistas, Òmnium, Som Escola y Plataforma per la Llengua.

Son las doce y media del mediodía y solo falta una reunión para llegar al final: el primer secretario del PSC y jefe de la oposición, Salvador Illa, se reúne con el president, Pere Aragonès, en la Generalitat y quedan claros los términos del acuerdo por el catalán. A la salida, el socialista lo comunica a Sànchez y Albiach, y después de comer todos saben ya que la fumata será blanca. La reunión definitiva se hace en los despachos de Esquerra, donde se rubrican las firmas a la proposición de ley con suficiente tiempo para entrar la iniciativa en el registro antes de las seis. Se informa a Òmnium -que avala el texto, a diferencia del primer acuerdo del 24 de marzo- y a Plataforma per la Llengua, que se acaba desmarcando.

Pero todavía hay un último susto antes de que se acaba el periplo. Cuando el pacto ya está cerrado y todos hablan de cómo saldrán en la foto ante la prensa -o incluso de ir a hacer una cena y un gin-tonic una vez se apruebe la ley-, los negociadores de Junts -Batet, Sales y Sànchez- se cierran de golpe en el despacho de Josep M. Jové (ERC). El silencio se apodera del resto: tienen muy presente como JxCat se descolgó el 24 de marzo después de firmar el pacto. Hay algún incendio, les confiesan cuando salen, pero esta vez será un fuego controlado.