Presupuestos del Estado

40.000 millones en inversiones y un 60% de gasto social: la Moncloa empieza a tramitar los presupuestos del Estado

El consejo de ministros extraordinario ha aprobado las cuentas públicas, con un techo de gasto de 169.142 millones de euros

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La ministra de Hacienda  y Función Pública, María Jesús Montero, en rueda de prensa a la Moncloa

MadridPrimer paso para los presupuestos generales del Estado para 2022. El consejo de ministros extraordinario de este jueves ha aprobado el proyecto de presupuestos para el año que viene después de que el PSOE y Unidas Podemos hayan llegado finalmente a un acuerdo trabajado de lo lindo estas últimas semanas. En conferencia de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anticipado este jueves que volverán a ser unos presupuestos "expansivos" (el techo de gasto será ligeramente superior al del año pasado, en concreto de 169.142 millones de euros) para encarar del todo "la recuperación económica justa" después de la crisis del covid. Pero ahora les queda la parte más complicada: encontrar a los socios parlamentarios para aprobarlos en el Congreso de Diputados, donde la ministra de Hacienda tiene intención de llevarlos la semana que viene para explicar la letra pequeña. "Espero que sean razonables", ha dicho Maria Jesús Montero sobre las enmiendas que a partir de ahora podrán presentar los partidos de la oposición. La ministra ha anticipado conversaciones "discretas" y sitúa como socios prioritarios al PNV y a ERC. Desde el ministerio de Hacienda explican que las demandas principales de los partidos se centran en las inversiones para los territorios y en proyectos estratégicos que tanto el gobierno catalán como el vasco quieren financiar a través de los fondos europeos.

En cuanto al proyecto aprobado este jueves, Montero ha destacado que el 60% de los presupuestos se destinarán a políticas sociales y ha recordado que los fondos europeos por la pandemia también se usarán con este objetivo. "Son unas cuentas para garantizar la cohesión social", ha resumido. Y ha concretado que el gasto social aumentará hasta los 248.391 millones de euros (con los fondos europeos). Según las estimaciones de Hacienda, esto se traduce en el hecho de que 6 de cada 10 euros de las futuras cuentas públicas se destinarán a políticas sociales.

"Ganan los jóvenes, los funcionarios, los pensionistas y la clase media y trabajadora, que contarán con más servicios públicos, y los empresarios y los autónomos", ha defendido Montero. En materia de juventud, el Estado ha presupuestado 12.550 millones de euros (40% de los cuales en materia de vivienda), el doble de la partida del año anterior. Destacan medidas como el "bono joven" de 250 euros al mes para impulsar la emancipación y también una partida que habilita un "bono cultural" de 400 euros para jóvenes de 18 años dirigido a la cultura. Finalmente, esta partida cultural no incluirá la tauromaquia como sector en el que los jóvenes podrán destinar el dinero público. "No todos los elementos que la legislación considera cultura quedarán bajo el paraguas de este bono cultural", matizan en el ministerio de Cultura. Por otro lado, los PGE del año que viene no incorporarán la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad que pedía la formación violeta.

Además de los jóvenes, los presupuestos también incorporan modificaciones para los pensionistas y los funcionarios. Los primeros, unos 10 millones de pensionistas, verán revalorizadas las pensiones tal como quería la Seguridad Social, es decir, vinculadas a la media del IPC de los últimos doce meses. Así, el ministerio de Hacienda calcula que las pensiones aumentarán entre un 2,2% y un 2,3% el año que viene. A su vez, las pensiones mínimas y las no contributivas aumentarán un 3% en 2022. En cuanto a los trabajadores funcionarios, se abrirán nuevas plazas y el aumento salarial será finalmente del 2%.

Montero también ha anunciado unas inversiones "récord" de 40.000 millones de euros. "Es la inversión más grande de la historia", ha destacado la ministra, que también ha anunciado 11.300 millones destinados directamente a la industria y 11.800 millones a la infraestructura y la movilidad.

Recaudación y fondos europeos

El gobierno español ya ha anticipado que la reforma fiscal profunda se dejará para el año que viene, pero estas cuentas incluirán algunas modificaciones. Destaca el 15% mínimo sobre el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades, como quería Unidas Podemos. Hacienda calcula que el "pequeño ajuste" del impuesto se traducirá en unos 400.000 millones de euros y tendrá un impacto sobre 1.070 empresas, según ha explicado Montero. La ministra ha detallado que calculan un incremento de los ingresos tributarios del 8,1%, una cifra por debajo del crecimiento estimado del PIB nominal: "La mejora de la economía permitirá un crecimiento del IRPF, el IVA y el impuesto sobre sociedades".

En cuanto al déficit, Montero lo ha situado para el próximo año al 5% y la previsión de la deuda al 119% sobre el PIB. La ministra ha recordado que las normas de déficit y deuda continuarán suspendidas el año que viene (en España y en Europa) y, por lo tanto, no hay objetivos de déficit y deuda de obligado cumplimiento.

Finalmente, los presupuestos del Estado incorporarán 27.633 millones de euros de los fondos europeos antipandemia. Una gran parte se destinarán a industria y energía (19,8%); I+D+i y digitalización, e infraestructuras y ecosistemas resilientes (17,4%). En concreto, significa un incremento del 3,8% respecto al año pasado.

Las cuentas públicas no se desbloquearon hasta el martes por la mañana, antes del consejo de ministros, cuando los dos socios de gobierno llegaron a un acuerdo, también, para la futura ley de la vivienda estatal. En concreto, el acuerdo en materia de vivienda se desbloqueó después de consensuar las líneas maestras para controlar los precios de los alquileres, sobre todo los de las zonas más tensadas.

El desbloqueo llegó gracias a una conversación entre el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por parte socialista; y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por parte de Unidas Podemos. A ambos lados de la coalición se ha recibido el acuerdo con satisfacción, una prueba de que han tenido que ceder y que habrá que poner atención a la letra pequeña.

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