La Audiencia de Madrid vuelve a parar los pies al juez que investiga a Begoña Gómez

MadridLa Audiencia de Madrid ha lanzado un nuevo toque de atención a Juan Carlos Peinado. El juez que investiga a Begoña Gómez desde hace casi dos años sorprendió a todos el pasado mes de septiembre al decidir que la causa debería acabar ante un jurado popular –nueve ciudadanos elegidos al azar–. La esposa de Pedro Sánchez, su asesora en la Moncloa y el empresario Juan Carlos Barrabés –con el apoyo de la Fiscalía– se opusieron y ahora la Audiencia de Madrid les da la razón. Considera que las resoluciones que dictó el instructor no tenían la "necesaria fundamentación" y no hacían un relato que incluya los "indicios verosímiles", lo que impide que las partes "conozcan de manera suficiente las razones de la decisión" y "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva". En consecuencia, anula cuatro resoluciones del juez Peinado. Ahora bien, esto no impide que el juez dicte una nueva interlocutoria bien argumentada para mantener su hoja de ruta.

"No basta con una simple exposición objetiva de los hechos, sino que debería efectuarse un mínimo esfuerzo argumentativo que justifique la tipicidad, antijuridicidad de la conducta y participación delictiva", reitera la Audiencia de Madrid, que en todo momento recuerda que en octubre ya rechazó que hubiera dos juicios por separado con jurado popular contra Begoña Gómez. Y subraya que una "decisión trascendental" como encaminar la causa hacia un jurado popular no se puede tomar "sin precisar qué concretas conductas justifican la continuación de la causa" y "cuál es la base incriminatoria que da solidez y consistencia a la hipótesis acusatoria".

En su recurso, el abogado de Begoña Gómez alegaba que no hay indicios que permitan que la causa acabe ante un jurado popular. Y la Audiencia de Madrid acoge con total afinidad su exposición: "Lo pone de manifiesto la misma interlocutoria recurrida, ya que no menciona ni recoge ningún indicio de que se hayan cometido los delitos", reconoce. Esta era la queja que hacía Antonio Camacho respecto a la decisión de Peinado de enviar a un jurado popular la pieza principal, en la que Begoña Gómez está acusada de corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias, apropiación indebida y intrusismo laboral. En relación con la pieza sobre malversación por la contratación de su asesora, su defensa reprochaba a Peinado que "la única referencia" que hacía a los indicios del delito era remitirse a las diligencias que se habían practicado.