La batalla por el "inquiemple" explota las contradicciones del PP

BarcelonaUna de las medidas pactadas entre el PSOE y Junts en el decreto social aprobado esta semana aborda la paralización de los desahucios de familias vulnerables. Este punto ha ido generando polémica: tanto los junteros como el PP le cogieron como ejemplo de por qué habían rechazado convalidar el primer decreto de la Moncloa. Por último, ambos partidos han aceptado avalar la medida, que, de hecho, lleva vigente desde la pandemia y cuenta con el apoyo de las formaciones parlamentarias de izquierdas. Sin embargo, lo han hecho después de flirtear con los movimientos contra la inquiemple, un fenómeno del que hace tiempo que se habla –especialmente en las redes sociales– y que denuncia, sin datos concluyentes, la proliferación de los casos en que un inquilino deja de pagar uno o dos meses después de firmar el contrato.

El pasado jueves las asociaciones que combaten esta práctica ya estuvieron a punto de plantar al PP en la presentación de su plan de vivienda. Los populares son, junto a Vox, los que más se han acercado a estas plataformas y ahora son víctimas de sus contradicciones. La Plataforma de afectados por el empleo y la inquiemple ocupa asegura que hay 80.000 propietarios afectados –aunque suman el empleo convencional– y que necesitan "medidas urgentes que protejan sus derechos". Tras amenazar con no asistir a ningún otro acto del PP como represalia por la aprobación del decreto, los populares se apresuraron a intentar resolver la polémica implicando a sus gobiernos autonómicos en la lucha contra el "inquiemple". Pero el PP ya tiene a Vox intentando sacar rédito y alertando de que la "cesión" de los populares hará que "se paguen con impuestos los alquileres de los okupas", ya que el decreto de la Moncloa también incluirá avales de pago a propietarios a los que se haya dejado de pagar el alquiler.

Hay un problema con la definición de inquietud. El portavoz del Colegio de la API en Catalunya, Carles Sala, asegura al ARA que bien puede ser "inquiocupa" quien "alquila conscientemente una vivienda pagando la fianza y el primer mes pero deja de pagar con intencionalidad" o un que deja de pagar por una "circunstancia sobrevenida", aunque la primera definición sea más extendida. El gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, ​​Òscar Gorgues, sostiene que, en cambio, no se puede incluir en esta definición a los inquilinos que tengan un problema sobrevenido, sólo aquellos "que no tengan intención de pagar desde el principio, en un robo de guante blanco". Por su parte, el director general de Amat Inmobiliaria, Guifré Homedes, reconoce que existen múltiples casos diferentes.

Desde el Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera, que investiga en Idra, avisa de que el término inquiocupa es una invención por parte de lobis que buscan, a su juicio, criminalizar a las personas que no pueden sufragar el alquiler: "Se trata de una ofensiva reaccionaria para ampliar la categoría de empleo". A su juicio, quien sitúa este debate en el centro es también quien quiere "demonizar al inquilino" en lugar de hacer hincapié en el precio del alquiler. "Una aberración jurídica" para acelerar desahucios, ya que "quienes compran un edificio como Casa Orsola necesitan despejar las viviendas rápido". Un estudio precisamente de Idra concluye que menos del 10% de los inquilinos en el Estado se han retrasado alguna vez en la vida la hora de pagar y los que impagan son aún más residuales.

"Cifras de inquietud no te podré dar ni yo ni nadie", coinciden los tres expertos inmobiliarios, aunque apuntan a que es un fenómeno al alza en los últimos años. Homedes comenta que "en el mercado de alquiler es difícil encontrar vivienda" y que estas prácticas "irán al alza porque hay gente atrapada por falta de alternativas". Los expertos avisan de que si no hay un desalojo rápido la vivienda puede salir del mercado del alquiler en cuanto el propietario lo recupere. En todo caso, Sala argumenta que "es difícil decir si se ha magnificado" el fenómeno, pero que "se ha normalizado" sin haber endurecido políticas. Eso sí, matiza que "en ámbitos territoriales más densificados es difícil que se produzca la inquietud por la elevada demanda". También reciben la medida pactada del decreto con escepticismo porque el "viacrucis" por el desalojo continuará y ponen el acento en el que es necesario aumentar el parque público de vivienda.

La pugna

El politólogo Eli Gallardo, consultor de la agencia Neula, asegura que la derecha y una parte de la izquierda "dibujan una iconografía para dar valor a la propiedad situándola frente a los ocupas o inquiocupas". Asimismo, Marc Guinjoan, profesor de ciencia política de la UAB, detalla que es "un caballo de batalla" que sirve para marcar "distancias" políticamente y que Vox también lo utiliza respecto al PP. Añade que "la derecha siempre ha intentado hacer uso del fenómeno del empleo y hacer más relevante en un momento que interesa" y pone de ejemplo un caso paradigmático reciente: el caso de los edificios ocupados del Kubo y la Ruina, del barrio barcelonés de la Bonanova, en el que justo antes de las elecciones municipales del 2023 volvió a explotarse sobre todo por parte de Ciutadans, aunque también por Vox y el PP, incluso con concentraciones. Apunta que en "vivienda es muy fácil hacer manipulaciones, haciendo de la anécdota el caso para sacar conclusiones en políticas" y que los medios y las redes juegan un papel clave. En el matiz, apunta que "Juntos ha introducido parte del discurso más liberal de proteger al propietario". Gallardo puntualiza que es una política win-win (de ganancia segura) porque da seguridad al propietario y es una garantía para los inquilinos.