El carro va de capa caída, pero no se despeña
MadridLas cosas le están saliendo a Pedro Sánchez razonablemente bien. El carro va de capa caída, pero de momento no se ha despeñado. Había mucha expectación por el discurso del expresidente Carles Puigdemont y, ciertamente, una vez escuchado, en la Moncloa se lo tomaron como la confirmación de que puede haber vías abiertas y que nada está perdido. Algunas declaraciones, no solo del ámbito político, habían preparado ya el terreno. Por ejemplo, las del exvicepresidente del Constitucional Juan Antonio Xiol, cuando hace un mes dijo en Catalunya Ràdio que “la amnistía cabe perfectamente en la Constitución”. Para el gobierno resulta esencial que este punto de vista se vaya asumiendo por una opinión pública que probablemente esté siguiendo el serial de la investidura con un relativo desconcierto.
El líder socialista ha demostrado que sabe organizar y sacar partido del calendario. Necesitaba tiempo para que fuera madurando el acercamiento del PSOE a otras fuerzas políticas y Alberto Núñez Feijóo le está haciendo el favor de proporcionárselo. Tanto es así que Sánchez puede permitirse el lujo de no ser por ahora en absoluto explícito ni concreto sobre los pasos que va a dar para llegar a los acuerdos que podrían permitir su investidura, mientras el líder del PP se ve en la obligación de moverse cada día en busca de apoyos que nunca termina de encontrar. Esta necesidad de seguir presente en el debate público recuerda a ese número de los prestidigitadores consistente en mantener un buen número de platos girando y debiendo correr de un extremo a otro de una larga mesa para impedir que vayan cayendo al suelo.
Así, al día siguiente de hablar Puigdemont, el presidente del PP se mostró dispuesto a negociar sobre el “encaje territorial de Catalunya”, sin amnistía, pidiendo una nueva reunión con Sánchez para hablar de ello. En el gobierno y en el PSOE hubo carcajadas, especialmente cuando pocas horas después el PP tuvo que aclarar las palabras de su líder. La política, en ocasiones, es realmente cruel. Los populares tuvieron que precisar que la propuesta de Feijóo parte de la consideración de que "la situación en Cataluña siempre debe abordarse desde un principio de igualdad entre territorios y de respeto a la ley y la Constitución". De hecho, nadie podía esperar que el PP sostuviera tesis distintas.
Marco constitucional
De la cuestión de la igualdad entre territorios los socialistas hablan menos, pero la alusión a la vigencia del marco constitucional es permanente. Por eso es tan relevante el debate sobre si la amnistía cabe o no cabe en la Constitución. Gobierno y PSOE son perfectamente conscientes de que el poder judicial en general y el Supremo en particular no tienen la menor inclinación a participar en determinadas iniciativas de blanqueo. Xiol –que ya hizo varios votos particulares discrepantes considerando desproporcionadas las penas de la sentencia del Procés– puede decir ahora que la amnistía sería plenamente constitucional. Ahora bien, no hace falta rebuscar demasiado para encontrar antecedentes de pronunciamientos judiciales que contienen auténticos avisos sobre la materia. En la causa del Proceso figura alguna resolución del Supremo especialmente clara. Por ejemplo, la que al analizar las peticiones de indulto advertía contra iniciativas que “sirvieron para ocultar delitos, cuyo perdón y consiguiente impunidad pretendieron disfrazarse mediante el eufemismo de leyes de punto final”.
Vistos estos pronunciamientos, o los que esta semana realizó la conservadora Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, resulta difícil pensar que pueda aprobarse con facilidad una ley de amnistía. Esta asociación censuró al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por no haber replicado a Puigdemont en las primeras cuarenta y ocho horas desde su comparecencia en Bruselas. Es decir, los mismos colectivos que hablan de la urgencia de despolitizar la justicia hacen política en todo momento. La respuesta de la Fiscalía General del Estado fue que, en cualquier caso, no quería participar en ningún lavadero político sobre un supuesto proyecto de ley del que por ahora no se ha difundido ni una palabra. Sin embargo, los fiscales deberán pronunciarse si esta de momento desconocida ley llega realmente al Boletín Oficial del Estado (BOE) y es objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado en el Constitucional.
En principio no hay muchas dudas de que el PP impulsaría un recurso de este tipo. Vox, sin embargo, ya no puede hacerlo. Su legitimación jurídica para ir día sí día también frente al órgano de garantías derivaba la pasada legislatura de que tenía un grupo parlamentario con más de cincuenta diputados. Con los treinta y tres que tiene ahora ya no puede ir. Pero quienes carecen de legitimación directa pueden intentar que actúe el Defensor del Pueblo. Con la reforma del Estatut ya ocurrió. Y Enrique Múgica, titular de la institución en ese momento, no necesitó demasiada presión para activarse. El actual defensor, Ángel Gabilondo, tiene otro perfil y no ha sido hasta ahora propenso a los recursos de inconstitucionalidad.
González y Guerra
Más complicado lo tiene el PSOE con algunos de sus antiguos gobernantes. Felipe González y Alfonso Guerra, entre otros, han salido esta semana y no precisamente para tirar del carro de Pedro Sánchez, que ya hemos mencionado que va de capa caída. El primero dice que la Constitución "no es un chicle" y que "no cabe la amnistía ni la autodeterminación". Y el segundo cree que "esa amnistía que proponen es la condena de la Transición". Con tanta gente disparando dialécticamente antes de tiempo estoy esperando con expectación el texto del gobierno sobre la amnistía.
La propuesta que elaboren los expertos deberá ser una auténtica filigrana para salvar tantos escollos políticos y jurídicos. Por eso pienso que tendrá que encontrar fórmulas menos terminantes. Creo más viable una progresiva desjudicialización de la política, con pasos concretos, pero difícilmente de repente. El otro día Puigdemont se frotaba las manos mientras hablaba con Yolanda Díaz. Cuidado, sin embargo. El camino no es fácil. Creo que habrá investidura de Sánchez. Pero la única razón es que para los convocados no existe una mejor alternativa.