BarcelonaEs dudoso que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tenga una decisiva relevancia en el proceso penal abierto sobre la trama Koldo de corrupción, que habría tenido en la pandemia una oportunidad para desplegar sus alas sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora bien, las descripciones que contiene este atestado sobre el modus operandiy los nombres en clave y los alias utilizados por este grupo organizado no son sólo aptos como base para empezar el guión de una serie de éxito, sino que proporcionan una importante munición política para la oposición, sobre todo si la saben utilizar , que de momento no es el caso. El problema del PP en estos casos es que a sus dirigentes se les nota la ansiedad. Llevan tanto tiempo tratando de abrir agujeros en las murallas de defensa que el PSOE ha levantado a su alrededor, que con frecuencia desperdician argumentos y energía. Si tan convencidos están de que en el gobierno no hay un palmo de nieto y que Sánchez es el jefe de una organización delictiva, no se entiende por qué no le han obligado a presentarse ante alguna de las comisiones de investigación abiertas en el Congreso o en el Senado.
El líder socialista tenía muy fácil negarse a declarar cuando el juez Juan Carlos Peinado quiso interrogarle en la Moncloa sobre las relaciones de su mujer, Begoña Gómez, con empresarios que estaban interesados en recibir subvenciones. En ese caso le amparaba para mantener silencio la condición de marido de la imputada, situación prevista por la ley. Pero difícilmente podría negarse a comparecer si le cita una comisión de investigación parlamentaria. Si al final acabara yendo a la Asamblea de Madrid, para que lo haya querido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se hablaría más de quien manda en el PP que de hipotéticas revelaciones de Sánchez, que ya se guardará suficiente con hacerlas; si es que realmente tiene datos inconfesables sobre la actuación de Koldo para enriquecerse ordeñando la vaca gubernamental con la venta de mascarillas y otros negocios durante la pandemia y quizás en otros momentos.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la ocasión para decir que “nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado tantos ministerios y tantas instituciones” y que “la corrupción [en el gobierno] avanza a un ritmo que asusta”, para acabar pidiendo la dimisión de Sánchez. Es lo que hemos definido como munición desperdiciada. El problema del PSOE no es que la Guardia Civil haya revelado pruebas irrefutables de la situación descrita por el PP, porque el atestado de la UCO no las contiene. La dificultad de los socialistas nace de su pobre defensa, que da por supuesto que existió una trama y que el exministro José Luis Ábalos estaba implicado hasta el cuello. Ésta es la deducción más probable a la que habrá llegado mucha gente al oír las explicaciones del líder socialista. No basta decir que “no habrá impunidad” y que el PSOE ya reaccionó como era necesario cuando le pidió a Ábalos que renunciara a su escaño, abriéndole un expediente de expulsión al negarse a abandonar el Congreso. La factura que pasa la corrupción no se paga de forma tan sencilla. Es necesario algo más que sacrificar al corrupto, condición que Ábalos sigue negando. Lo exigible es que se den explicaciones sobre cómo una trama de este tipo se ha podido desarrollar en el seno de la administración y ofrecer garantías de que una situación similar no se podrá repetir porque se han establecido controles para impedirlo . Limitarse a decir que ya se ha castigado al culpable es admitir que se ha hecho lo imprescindible.
El terrorismo, presente
En paralelo, en los últimos días han sido abundantes en despropósitos. Me han recordado mucho el episodio del diputado Alberto Casero (PP), cuando votó a favor de la reforma laboral y frustró los planes de su partido para tumbarla y crear por esa vía un grave problema en el gobierno. Esta vez no ha sido un error individual, sino del grupo parlamentario popular como tal, porque no se percató de las implicaciones de la reforma legal que permitirá convalidar en España las penas cumplidas en el extranjero, incluidos los casos de los terroristas. De nuevo el fantasma de ETA ha reaparecido en el debate político y se ha paseado por los pasillos del Congreso. Es una lástima para todos, sobre todo para las víctimas del terrorismo, que vuelven a encontrarse en medio de la tormenta. Pienso en especial en aquellas que nunca han querido tener proyección pública y han sufrido su dolor como una vivencia íntima, personal, sin dejar de agradecer las muestras de solidaridad. Sentimos con frecuencia cómo desde la derecha se acusa a los partidarios de las normas sobre memoria histórica y democrática de reabrir interesadamente heridas. Pero los contrarios a las leyes de reparación no extienden sus denuncias a quienes vuelven a utilizar la pasada existencia del terrorismo de ETA –que terminó hace trece años– como palanca para la confrontación política y el desgaste del adversario.
Con toda probabilidad, el gobierno no habría tenido prisa por llevar a cabo esta reforma si no fuera por la necesidad que tiene de consolidar la relación con Bildu y de obtener su apoyo parlamentario. Pero esa circunstancia no le quita pertinencia al cambio legal promovido. Cuando Bélgica le negó al Supremo la entrega de Puigdemont, gran parte de la comunidad jurídica puso el grito en el cielo por el incumplimiento del principio de colaboración entre los estados de la Unión Europea. Ahora, en cambio, se utiliza un criterio en sentido contrario para considerar un error que aquí se actualice la legislación y se considere que las penas impuestas en otros países comunitarios deben tenerse en cuenta y deben abonarse por fijar una fecha de cumplimiento de las sentencias dictadas. Entiendo que para muchas víctimas resulte difícilmente asumible –o directamente inaceptable– que la reforma anticipe la salida de prisión de terroristas que cometieron delitos de sangre. También es comprensible que otras muchas personas que no han sufrido experiencias tan dolorosas también lo rechacen porque lo consideren moralmente injusto. Sobre todo teniendo en cuenta que con frecuencia se han mantenido comportamientos intolerables, como los homenajes a excarcelados después de haber cumplido largas condenas de prisión por delitos de terrorismo. Y es que para intervenir con plena normalidad en la política, Bildu debe acabar de limpiar la casa.
