Comunes y Gobierno acuerdan eliminar el impuesto sobre la compra de viviendas para cooperativas sin ánimo de lucro
También negocian deducciones en el IRPF del 20% de las aportaciones a cooperativas agrícolas y de vivienda


BarcelonaSuben los impuestos a los grandes tenedores y descienden para los cooperativistas del sector agrícola y de la vivienda. Éste es el acuerdo sobre la mesa del Gobierno y Comunes en el tramo final de las negociaciones sobre el decreto ley que incrementará la tasa turística y el impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores. El gran grosor de las medidas se anunció hace tres semanas, ya lo largo de la última se han ido cerrando los últimos flecos. Según ha podido saber el ARA, el ejecutivo catalán y los comunes han acordado una bonificación del 100% del impuesto de transmisiones patrimoniales para las cooperativas de vivienda sin ánimo de lucro. Es decir: si adquieren un solar o un edificio no tendrán que pagar este tributo, que, según las últimas modificaciones acordadas, es de entre el 10% y el 13% del valor del inmueble. Fuentes del grupo de Jéssica Albiach aseguran que el acuerdo está ya cerrado, un extremo que no confirma la conselleria de Economia.
Aún habrá otro beneficio fiscal para los cooperativistas de los sectores agrícola y de vivienda (excluidos los dedicados a estancias de corta duración o pisos turísticos): podrán deducirse en el IRPF un 20% de las aportaciones de capital que hayan realizado a las cooperativas, con un máximo de 3.000 euros anuales. En la negociación, Comuns planteó que este beneficio fiscal se aplicara a todos los cooperativistas, pero, según las fuentes consultadas, el Govern argumentó que la figura del decreto ley, pensada sólo para actuar en casos de urgencia y necesidad a pesar de haberse convertido en recurso legislativo habitual, no permitía introducir una deducción que no fuera quirúrgica. Tanto estos beneficios como el resto de medidas del decreto ley, pensado para penalizar la especulación con la vivienda, tendrán que pasar por el Parlament. El ejecutivo catalán no concreta aún cuándo le llevará al consejo ejecutivo, a la espera de ligar también el apoyo de ERC.
El anuncio de este decreto ley fiscal con los comunes provocó el primer choque entre el Gobierno y la patronal, que reprochó a la conselleria de Economia no haberlo consultado con los promotores inmobiliarios. "Son modificaciones que van enfocadas a priorizar el uso de la vivienda para vivir y también aumentar la fiscalidad a quienes más tienen y pueden contribuir más a la bolsa común", anunció la consellera de Economía, Alícia Romero. Desde Comuns, su líder en el Parlament, Jéssica Albiach, aseguró que el pacto ponía la fiscalidad al servicio del derecho a la vivienda: "Primero, para que especular salga caro. Segundo, para proteger a los vecinos de la piratería inmobiliaria que está jugando con nuestra casa como si fueran acciones de la bolsa". El paquete final incluirá, pues, tanto bastones (para los grandes tenedores) como zanahorias (para las cooperativas de vivienda).
Una reivindicación del sector
La idea de introducir beneficios fiscales para las cooperativas de vivienda es una vieja reivindicación de ese sector. La federación de cooperativas catalanas se quejaba de pagar lo mismo que los promotores inmobiliarios cuando adquirían un edificio, pese a ser una compra dedicada a facilitar el acceso a la vivienda evitando la especulación. Las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso, por ejemplo, funcionan de forma similar a un alquiler asequible: la diferencia es que el precio que se paga es el justo para cubrir los gastos y, además, el inquilino puede permanecer allí por tiempo indefinido. Entre las comunidades ya en marcha y las que están en construcción, actualmente existen 1.200 viviendas cooperativas en cesión de uso a Cataluña. Es un modelo que todavía se encuentra en estado "incipiente", según fuentes del sector consultadas por el ARA, pero que a nivel internacional está tomando fuerza en territorios como Quebec, Uruguay o los países nórdicos. En países como Alemania, Dinamarca y Suiza, la vivienda cooperativa supone un 10% del parque total.