Los debates pendientes de la campaña del 14-F
1. Medio ambiente: la ley del cambio climático espera su despliegue
La emergencia climática es una realidad reconocida por la Generalitat y por el Parlament desde 2019, mucho antes que irrumpiera la pandemia, pero la respuesta palpable en esta urgencia se hace esperar. La primera tarea del próximo Govern -sea o no con el departamento propio de Medio Ambiente que reclaman los movimientos ecologistas- será trasladar a la práctica los objetivos que ya fija la ley del cambio climático, una norma pionera aprobada hace cuatro años que se ha quedado atrapada en su despliegue. Están pendientes los presupuestos de carbono, que fijarán el esfuerzo que tendrá que hacer cada sector económico del país para cumplir el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero (GEH). El horizonte es muy ambicioso: una Catalunya en la que el 50% de la energía venga de fuentes renovables en 2030 y donde se logren las cero emisiones en 2050, y hay que concretar esta transición. El despliegue de la energía eólica y fotovoltaica se tiene que acelerar, pero lo tiene que hacer con garantías que los proyectos sean compatibles con otras actividades indispensables, como las agrícolas, para garantizar la soberanía alimentaria o la protección de zonas de gran valor ecológico. La descarbonización es un requisito que decantará, en buena parte, donde van a parar los codiciados fondos europeos, y habrá que discernir bien las prioridades. Sin embargo, más allá de esto, Catalunya también tiene pendiente desplegar impuestos propios para financiar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. A finales de este año tiene que implantarse el impuesto que graba el CO de los vehículos. Los otros dos previstos, a las actividades económicas más contaminantes y a los grandes barcos, todavía no se han desplegado. El proyecto de ley de prevención de residuos, y la adaptación de normas europeas como la del plástico desechable, también está pendiente. Y, tal como recuerdan temporales como el Filomena o el Gloria, el plan de protección y ordenación del litoral no puede aplazarse más.
2.Educación: cumplir la ley para llegar al 6% de inversión
La ley de educación de Catalunya no se cumple. No fue fácil aprobarla (en 2009 y con el apoyo de CiU, el PSC, ERC e ICV-EUiA) ni tampoco es nada fácil desplegarla, sobre todo en cuanto a la cuestión presupuestaria. Por eso, una de las promesas electorales que todos los partidos repiten en cada convocatoria electoral es invertir al menos el 6% del PIB en educación, tal como fija la LEC. Lo cierto es que ya ha pasado más de una década desde su aprobación y todavía estamos demasiado lejos de aquel objetivo: Catalunya destina ahora el 3,67% de su PIB a las aulas de escuelas e institutos. Este déficit de inversión genera, por ejemplo, que no se pueda desplegar el decreto de la escuela inclusiva, que tendría que garantizar una atención especial a más de 130.000 alumnos con necesidades educativas específicas, o que miles de estudiantes sigan yendo a clase en más de 1.000 barracones, o que haya una enorme falta de plazas públicas de guarderías para niños de 0 a 3 años. Tampoco se cumple que la enseñanza obligatoria sea gratuita. Ni en la escuela concertada -se pagan cuotas mensuales- ni tampoco en la pública, donde las familias asumen 148 millones de euros cada curso por servicios que tendrían que ser gratuitos, como el material o las excursiones, según calculó la Fapac. El Síndic de Greuges concluyó que faltan 1.163 millones en el sistema para garantizar una educación gratuita, un 20% más del presupuesto actual. Todo ello provoca muchas desigualdades entre niños y jóvenes, hasta el punto que la segregación escolar -se produce cuando hay desequilibrios socioeconómicos entre los alumnos de las escuelas de un territorio- se considera el problema principal al sector. Ya hace dos años, los mismos partidos que firmaron la LEC subscribieron el pacto contra la segregación escolar, pero también se despliega a cuentagotas. Y esto que no todas las medidas que prevé el acuerdo (avalado por el síndico, los municipios, las patronales de las concertadas y una veintena de organizaciones) exigen un aumento de la inversión. Ahora el Govern está a punto de aprobar un nuevo decreto de admisión para evitar guetos escolares. El presupuesto tampoco es una excusa cuando se trata de hacer reformas curriculares, como la que se impulsa para el bachillerato y la formación profesional, o para hacer planes de actuación para reducir el abandono escolar. En estas elecciones se ha hecho fuerte una nueva promesa en los programas de muchos partidos: más dispositivos para reducir la brecha digital, un problema que los expertos avisan que no se resuelve solo con más ordenadores o conectividad, sino que hay que trabajar mejor la competencia digital en los centros, formando a los alumnos y también a los docentes. Lo que sigue apareciendo en la mayoría de programas es el papel del catalán en la escuela, una cuestión que se ha instrumentalizado todavía más con la aprobación de la ley Celaá.
3. Pobreza: el impacto del covid pone los servicios sociales al límite
Las colas del hambre visibilizan una pobreza que en la Catalunya prepandemica ya golpeaba a dos de cada diez personas y a uno de cada tres menores de 16 años. A la pobreza estructural se añaden también miles de ciudadanos que por primera vez han tenido que recurrir a la ayuda social por el cierre de negocios y empresas y el hundimiento del mercado laboral informal. La demanda de alimentación se ha triplicado, así como las de ayuda para pagar luz, alquileres o becas. Oxfam-Intermón augura tasas nunca vistas hasta ahora por lo que ha bautizado como “el virus de la desigualdad”, que agrava una brecha social que no se reduce ni con ayudas sociales ni con compensaciones aprobadas deprisa y corriendo. Las entidades del tercer sector han agotado sus presupuestos para hacer frente al aumento de la demanda de nuevos usuarios y los servicios sociales municipales están saturados por ciudadanos que buscan una respuesta a la emergencia. Unos y otros urgen a revertir los recortes y a impulsar una política de vivienda social y un plan catalán contra el sinhogarismo. Jóvenes, mujeres e inmigrantes son el rostro de esta pandemia de pobreza (energética, de vivienda...) sin precedentes. Son los colectivos que ya estaban más precarizados y los que están ocupados en los sectores más afectados. La situación se agrava entre los migrantes sin papeles, vetados a las ayudas como consecuencia de las trabas para empadronarse.
4. Infraestructuras: la eterna promesa de Corredor Mediterráneo
La lluvia de millones prometida por el Estado en infraestructuras en Catalunya hace años que, legislatura tras legislatura, se queda en nada, un agravio que se ha convertido en uno de los máximos reproches del Govern a la Moncloa. La principal reivindicación es la culminación de Corredor, ya que es clave para mejorar la competitividad del eje mediterráneo, tanto para varios sectores productivos como para los puertos de Barcelona y Tarragona, a los cuales también se les tiene que mejorar el acceso viario y ferroviario. Entre la lista de temas pendientes, uno de los que también urge -por la afectación en la movilidad diaria de miles de personas- es el de Rodalies, que ha sido maltratado por la sequía de recursos de Fomento. La red no se amplía, no se hacen los desdoblamientos prometidos, como el de la R3, y la Generalitat pide que se complete el traspaso de competencias. Más allá de Rodalies, sin embargo, pronto vencerán los primeros peajes, y la lucha entre la Generalitat y el Estado para ver quién se queda la gestión no cesan y todavía no hay un modelo que garantice el mantenimiento de estas vías. Además, la Generalitat también reivindica no centralizar a través de Aena la gestión del aeropuerto de Barcelona y ha empezado un pulso por el tren hasta el Prat con Renfe y ya ha encargado la gestión a Ferrocarrils de la Generalitat. En cambio, la gestión de la L-9 del metro de la capital catalana se ha desencallado.
5. Despoblación: acabar con las desigualdades territoriales
En Barcelona está a punto de llegar el 5G, pero en muchos lugares de Catalunya no hay ni cobertura de móvil. Esta es una de las grandes diferencias que hay entre las zonas más pobladas y las que están más alejadas de las cuatro áreas metropolitanas de las capitales. Pero no es la única. Para acabar con las desigualdades territoriales que han fomentado el despoblamiento hace falta una estrategia de país, desarrollada desde los municipios y que comprenda diferentes ámbitos. Por un lado, la vivienda: en muchos pueblos pequeños hay casas y pisos vacíos que son segundas residencias o que los propietarios han dejado que se degraden. Y, en las zonas más turísticas, el problema son los precios desorbitados y que muchos inmuebles están pensados solo para ir de vacaciones, no para vivir en ellos. El otro punto elemental, sobre todo en el caso de las familias y de la gente mayor, es la proximidad con los centros educativos y sanitarios. Hay municipios donde el médico solo visita una vez a la semana o que no disponen de escuela ni instituto, y cada día tienen que hacer muchos kilómetros para ir a clase o para hacerse una prueba médica. Y, además de una buena conexión de internet, también hace falta una red de transporte público que conecte los pueblos pequeños y las grandes ciudades. Sin olvidar la infraestructura eléctrica: en muchos lugares, a la mínima que llueve o hace viento, se va la luz durante horas, y esto deja tirados a los vecinos y las empresas. Para acabar, una vez cubiertas las necesidades básicas, es importante tener al alcance otras servicios esenciales como supermercados, tiendas, esparcimientos, academias de idiomas, cines o teatros. Toda una serie de políticas que se tienen que impulsar a nivel nacional, antes de que sea demasiado tarde y muchos pueblos pierdan los últimos vecinos que les quedan.
6. Igualdad: el reto de pasar de la teoría a la práctica
Las mujeres solo ocupan un 35,4% de los cargos de dirección a pesar de que son mayoría en las universidades. La diferencia entre el salario medio de los hombres y el de las mujeres todavía es de un 23%, hay más mujeres que hombres en el paro y las mujeres son más pobres: la tasa de riesgo de pobreza es para las mujeres casi seis puntos más alta que para los hombres. Y ellas dedican el doble de horas semanales que ellos a las tareas domésticas y a los cuidados. Con los datos en la mano y a pesar de los hitos conseguidos, las desigualdades entre mujeres y hombres persisten. Y a pesar de que afectan a la mitad de la población, las políticas de igualdad no ocupan nunca la centralidad del debate político, más allá de las propuestas que cada partido lleva en su programa. Queda trabajo por hacer. Para empezar, desplegar y dotar de recursos la ley catalana de igualdad. En 2020 el Parlament acabó aprobando varias leyes en favor de la igualdad, como la ley para la igualdad de trato y la no discriminación y una modificación de la ley de 2008 para erradicar la violencia machista y que reconoce como tal la violencia digital o la obstétrica. El confinamiento ha puesto a cuerpo descubierto un aumento de la violencia machista, a pesar de que se denunció menos por miedo y por las restricciones de movilidad. Las casas de acogida no dan a basto y faltan plazas en las que mujeres y sus hijos puedan vivir alejados de su agresor. La pandemia también ha hecho aflorar el déficit crónico en medidas de conciliación.
7. Cultura: recuperar un sector en emergencia
Incluso cuando ya nos quede lejos la era de las mascarillas y los confinamientos, es probable que la cultura todavía arrastre los efectos de la pandemia. Este es un sector que, por su fragilidad estructural, sufre crisis más agudas y más prolongadas que otros ámbitos productivos. El principal objetivo de la próxima legislatura tendrá que ser la reactivación de la actividad: a nivel de negocio se ha perdido en solo un año entre el 10% de la facturación (libros) y el 70% (cine), pero es que la situación es crítica cuando hablamos de los trabajadores de la cultura, que se han quedado sin ingresos y con ayudas forzosamente limitadas. El incremento del presupuesto de cultura es la única promesa que ha aparecido en algún mitin -pasar del 0,7% al 2% del presupuesto-, pero se trata de un acuerdo ya aprobado por todos los grupos parlamentarios y con el horizonte 2026. Antes harían falta inyecciones de adrenalina para rescatar salas de conciertos, discotecas, teatros y cines; repensar las ayudas a festivales y equipaciones; mejorar las dotaciones a la creación; recuperar la capacidad de producción audiovisual de la mano de una Tv3 más musculada; normalizar el catalán en áreas clave como el cine, los doblajes y las plataformas, y presionar para la aprobación en el Congreso de la ley de mecenazgo y de un estatuto del artista que garantice condiciones laborales dignas. La guinda de tanto trabajo imprescindible pero de poco lucimiento será el nuevo Museo de Historia y Arqueología, que tiene que renacer en una nueva sede.
