Elecciones catalanas

Los críticos del ANC denuncian irregularidades y piden que se detenga la consulta por la lista cívica

Aseguran que votan socios con cuotas impagadas, pero la dirección les responde que pueden hacerlo si no han solicitado la baja

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Socios de la ANC reivindicando la lista cívica en la Diada del 2022

BarcelonaEl sector del ANC contrario a la lista cívica no da tregua a la dirección y ahora exige que se pare la consulta que se está haciendo estos días entre los socios para validar si es necesario presentar candidatura a las elecciones al Parlament. Un grupo de catorce miembros de la entidad, entre las que se encuentran ex secretarios nacionales o el exvicepresidente Jordi Pesarrodona, han presentado una denuncia a la dirección y al comité deontológico en el que impugnan la consulta y piden que se pare y se invalide todo el proceso de votación. ¿El motivo? Las graves irregularidades que aseguran que se están produciendo.

En la denuncia sostienen que "varias personas han votado, con más de tres trimestres de cuotas impagadas y algunas con más de cinco años", en Girona, Lleida, Vallès Oriental, Vallès Occidental y Barcelona, ​​aunque los estatutos establecen que se perderá la condición de socio por el "impago acumulado de tres trimestres de las cuotas sin que haya habido una declaración de exención por parte del secretariado nacional".

Los denunciantes, que afirman que pueden haber muchos más casos, exponen para validar estas irregularidades que cuando estas mismas personas han intentado inscribirse en la asamblea general ordinaria (AGO) que se celebra este sábado, se les ha indicado que no podían participar porque tenían pagos pendientes. Pese a poner sobre la mesa que quizás se están utilizando dos bases de datos distintas "por error", este sector considera que el resultado de la consulta "compromete demasiado el futuro de la Asamblea para no actuar con la máxima celeridad" porque está en cuestión "la credibilidad democrática" de la organización.

Fuentes de la dirección rebaten que pueden votar a todos los socios que lo eran hasta el 31 de diciembre del 2023, como ya se hizo en la consulta para acordar el posicionamiento de la entidad en las elecciones españolas. "Los socios que no han solicitado la baja son socios de pleno derecho. No pueden participar en AGO ni en las elecciones al secretariado nacional los socios que no estén al corriente de pago, pero sí en las consultas", afirman. "Si hubiéramos hecho lo contrario, estaríamos vulnerando derechos de socios que no nos han manifestado la voluntad de pasar a ser simpatizantes o darse de baja y podrían acusar al actual secretariado de restringir el censo", añaden.

"La actual dirección hace lo que quiere, un socio que no ha pagado los tres últimos recibos pierde todos los derechos como socio y no puede votar ni en las consultas ni en el AGO y pasa a ser simpatizante", replican miembros del sector contrario a presentarse a los comicios. Y lamentan que no hayan recibido ninguna respuesta de la dirección desde que el pasado sábado presentaron la denuncia al comité permanente y al comité deontológico, el organismo independiente que dirime los conflictos que se producen en el seno de la entidad. Precisamente, dos de los cinco miembros de este órgano, Sebastià Sardiné y Xavier Rigau, presentaron su dimisión, según avanzó el ARA, por su desacuerdo con la lista cívica.

"Utilizar un censo donde están inscritas personas que ya han dejado de ser miembros de la Asamblea, se trata de una gravísima infracción de los estatutos", sentencian los críticos, que piden que se elabore un censo acorde con los estatutos que incluya sólo a los miembros de pleno derecho y que este censo sea validado por un grupo de personas que no formen parte del secretariado.

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