MadridLa situación del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene cierta carga de ironía. El líder socialista se ha retirado a reflexionar sobre su posible renuncia por el “acoso” al que ve sometida a su mujer, Begoña Gómez. Lo dice por la admisión a trámite de la querella que Manos Limpias ha presentado contra ella, en la que le acusa fundamentalmente de tráfico de influencias. Tanto hablar de lawfare –utilización política de la justicia– en relación al mundo independentista y ahora resulta que lo que está a punto de caer es el líder socialista por el cansancio que le produce que los medios de comunicación de la derecha y la ultraderecha hayan convertido a su mujer en diana de la labor de desgaste del gobierno, judicializando el asunto por el camino de presentar una querella.
La publicación de informaciones sobre presuntas gestiones de Begoña Gómez a favor de sociedades interesadas en recibir ayudas públicas estaba en marcha desde hace ya tiempo. El detonante de la reacción de Sánchez fue la decisión del juez Juan Carlos Peinado de iniciar una investigación penal sobre los supuestos hechos denunciados. Se nota que en la carta de tres folios en la que comunicaba su retirada temporal Sánchez hizo un cierto esfuerzo de contención. El texto carga contra PP y Vox, por alimentarse de acusaciones falsas contra su mujer, y hace responsables a los medios de comunicación al servicio de estos partidos, pero no extiende sus reproches al aparato judicial. Incluso se contuvo cuando el mismo miércoles respondió en el Congreso al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien le preguntaba sobre la confianza que le merece la justicia. Y contestó: “En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, sin embargo, sigo creyendo en la justicia de mi país”.
Respuesta forzada
Fue una respuesta obligada desde el punto de vista institucional pero claramente forzada. El gobierno, que sigue empeñado en conseguir la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no puede abrirse un frente de batalla directo con los jueces. Pero es obvio que desde la llegada de Sánchez a Moncloa los socialistas tienen un problema con este sector. Y no sólo con el aparato judicial, sino también con los fiscales. Mejor dicho, con parte importante de la magistratura y la Fiscalía. En ambos cuerpos predomina la ideología conservadora. Lo refleja el hecho de que ambas principales asociaciones de jueces y fiscales tengan este signo. Sin embargo, la prudencia de Sánchez evitando el conflicto con la justicia no es exclusivamente institucional. Es obviamente la mejor opción, porque la más sensata defensa de su mujer y de sus propios intereses políticos debe partir del respeto al juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, un magistrado de 70 años que ha sido descrito como colaborador en jornadas judiciales organizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y que reúne al sector conservador de la magistratura.
La batalla dialéctica con el juez ya la ha iniciado la Fiscalía en el terreno que le es propio, el procesal. Al ministerio público le ha faltado tiempo para presentar recurso contra el auto del magistrado Peinado. Veremos cómo termina el debate jurídico sobre la solidez de una querella que, al parecer, aporta poco más material indiciario que algunas informaciones de los medios a los que Sánchez atribuye una total falta de credibilidad. Y veremos también si el líder del PSOE se va por este asunto. Sánchez es poco previsible, pero me cuesta imaginarle dejando caer los brazos.
