El PSOE plantea en el Congreso que los funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad

El movimiento llega en plena precampaña catalana y tras el asesinato en la cocinera de Mas d'Enric

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Salvador Illa en el congreso del PSC.

MadridPocas cosas son casualidad en política y el PSOE ha decidido en plena precampaña en Catalunya registrar una proposición de ley para que los funcionarios de prisiones tengan la condición de agentes de la autoridad. Con el asesinato de una cocinera del centro de Mas de Enric a manos de un interno, los socialistas mueven ficha y rescatan una iniciativa que reclaman los trabajadores del centro penitenciario en el gobierno de Esquerra, que hasta ahora no se ha avenido. Es una manera de desgastar al jefe de filas de los republicanos, Pere Aragonès, que desde la presidencia ha tenido que gestionar el conflicto con los funcionarios de prisiones, que han pedido sin éxito la dimisión de su consejera de Justicia, Gemma Ubasart.

La proposición del PSOE ya se votó en la anterior legislatura, pero decayó a consecuencia de la convocatoria anticipada de elecciones para el 23 de julio del pasado año. ¿Qué opinión expresaron entonces los partidos? En marzo de 2022 se votó la toma en consideración de esta misma propuesta en la cámara española y contó con el voto favorable de la mayoría del Congreso. Se mostraron partidarios el PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Cs, el PNV y Junts. En cambio, se opusieron Esquerra, EH Bildu y la CUP.

La iniciativa se trata de una modificación de la ley orgánica general penitenciaria que el PSOE asegura haber trabajado con los sindicatos mayoritarios de prisiones, muy movilizados en las últimas semanas a raíz del episodio en prisión tarraconense. De hecho, es una medida que han pedido con insistencia con el objetivo de que las agresiones que puedan sufrir se consideren más graves. "Dará seguridad jurídica al trabajo que realizan estos trabajadores públicos y evitará que se dicten decisiones judiciales dispares", afirma el portavoz de Interior del PSOE, David Serrada. Entre otras cuestiones, esta iniciativa propiciaría que la administración tuviera que indemnizar a los funcionarios que hubieran sufrido "daños materiales o personales como consecuencia del desarrollo de su actividad profesional".

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