¿España está luchando contra la corrupción?

MadridLas constantes acusaciones entre los principales partidos del Estado relacionadas con la corrupción ocupan la mayor parte del debate público sobre esta lacra. En los últimos meses, PP y PSOE no han acercado posiciones para hablar de cómo evitar que se repitan casos que les han afectado, como son el de Montoro o el de Cerdán, sino que se han alejado aún más las opciones de trabajar conjuntamente para poner freno a estas prácticas. "Deberíamos sentarnos todos a trabajar y dejar de señalarnos con el dedo unos a otros", defiende el director ejecutivo de Transparencia Internacional en España, David Martínez, en una entrevista con el ARA. La organización ha elaborado un informe con cien recomendaciones para luchar contra la corrupción en el que analiza el plan estatal que presentó Pedro Sánchez el 9 de julio después de que estallara el escándalo de quien, hasta ese momento, era su número tres en el partido. "Lo primero que necesitamos es unidad [política]", concluye Martínez, quien señala que "utilizar la corrupción como arma arrojadiza demuestra un nivel insuficiente de madurez democrática".

A juicio de Transparencia internacional en España, la batería de medidas que planteó el presidente del gobierno español es un "primer gran paso" con "medidas muy importantes", pero hay un problema de fondo. Sánchez "aprovecha una ventana de oportunidad de forma positiva", pero justamente esta precipitación ante el escándalo ha impedido que se haga un diagnóstico "sólido y completo", apunta Martínez. La primera recomendación que hace la organización es que se desarrolle una estrategia estatal anticorrupción -elaborada por un grupo experto- que aporte una visión "holística" para solucionar las fallas del sistema. La organización dedicada a combatir la corrupción insta a superar la dinámica seguida hasta ahora, que es la de adoptar iniciativas sin una visión de conjunto y que no acaban de arrancar por carencia de recursos y financiación. "Hay una parte del marco anticorrupción [vigente] que no se está cumpliendo", subraya Martínez.

Una arquitectura a medias

"Antes de pensar en inteligencia artificial, big data y en cuestiones que puedan ser más innovadoras [...] hay que garantizar unos mínimos básicos en anticorrupción", reflexiona el director de Transparencia Internacional en España sobre uno de los elementos del plan de Sánchez que consiste en incorporar "nuevas herramientas" en la plataforma de contratación del sector público. Recientemente, el presidente español ha anunciado el "próximo" lanzamiento de esta medida. La organización, de enmendar los "déficits en la implementación" de la ley estatal de protección de los alertadores de corrupción aprobada a principios de 2023. "España no ha cumplido todavía la obligación de establecer un marco adecuado y completo de canales de denuncia externos, lo que deja un ámbito de desprotección considerable en todo el territorio nacional, sobre todo en aquellas comunidades autónomas".

Quien debe encargarse es la recientemente constituida Autoridad Independiente de Protección del Informante que, según lamenta Transparencia Internacional, "aún no tiene presupuesto propio para poder cumplir su mandato". En una entrevista con el ARA hace un par de meses, su nuevo presidente, Manuel Villoria, reconocía sus limitaciones, agravadas por la falta de presupuestos estatales: "Nosotros todavía no hemos abierto el canal externo porque somos tres personas en esta Autoridad y sería irresponsable". El objetivo, dijo Villoria, era poner en marcha la maquinaria en noviembre. "El 90% de los grandes escándalos de corrupción se han descubierto por un alertador", apunta Martínez, quien avisa de que no tener ese canal bien desarrollado implica el "riesgo de que haya gente que no esté denunciando porque tiene miedo" a quedar desprotegida.

En el caso de Catalunya, la Oficina Antifrau sí está haciendo la función de protección del alertador, pero los implicados tienen quejas de cómo está funcionando por falta de recursos. De hecho, el Gobierno de la Generalitat justo acaba de aprobar la memoria preliminar del anteproyecto de ley para proteger a los alertadores en Cataluña.

¿Quién debe controlar?

Otro de los anuncios de Sánchez fue la creación de una Agencia de Integridad Pública que sea "independiente" y se erija como "órgano central de prevención, supervisión y planificación en el ámbito de la corrupción". Transparencia Internacional pide detenerse a pensar si éste es el modelo que "conviene más al país" y analizar bien que no haya solapamiento de funciones con otros organismos. "Mientras no se conforma una autoridad nacional que garantice un marco de integridad sólido y completo en la función pública, se recomienda fortalecer de forma urgente la Oficina de Conflicto de Intereses dotándola de autonomía funcional [hoy por hoy está adscrita al ministerio de Función Pública], presupuesto propio suficiente y potestades efectivas de verificación de declaraciones, de transición" consistente en dar "plena capacidad" a autoridades ya existentes mientras se hace "todo el proceso de evaluación y armonización" del sistema.

Los demás flancos

"Hay una serie de áreas que todavía no se han fortalecido o que no se han tenido en cuenta", apunta Martínez, quien sitúa entre las lagunas del sistema fijar "un marco sólido" de prevención de la corrupción en empresas públicas o la regulación de los grupos de interés, conocidos como lobis. Sobre este último punto, existe una ley en tramitación en el Congreso que continúa en un cajón y que Transparencia Internacional reclama aprobar de forma "urgente" con la introducción de mejoras. El director de la organización admite que "siempre habrá riesgos" porque ninguna medida es "infalible", pero que "cuantas más áreas de riesgo mitigue, más difícil será que se materialicen". En cualquier caso, tranquiliza, que pese a los escándalos que ocupan tan habitualmente titulares, "no hay corrupción sistémica generalizada en España".