ERC reconoce la existencia de la estructura B desde el 2019 y señala a los responsables

MartorellEl escándalo de los carteles sobre el Alzheimer y la estructura B de ERC destapada por el ARA que ha sacudido el partido en los últimos meses ha vuelto a hacerlo este sábado en el congreso que los republicanos celebran en Martorell. La comisión de la verdad, el órgano que impulsó a Oriol Junqueras para investigar esta cuestión en paralelo al trabajo del responsable de cumplimiento y de la comisión de garantías, ha presentado sus conclusiones ante la militancia –sin entregarles el informe, que ha enviado directamente a la comisión de garantías–. La investigación, que ha pilotado Joan Tardà, reconoce que el partido tuvo en marcha una estructura B desde 2019 hasta 2023 que fue la encargada de sacar adelante los carteles contra los hermanos Maragall, entre otros, y señala a dos responsables: dos de los vicesecretarios de comunicación que tuvo el partido durante este periodo, Sergi Sabrià.

El informe no es vinculante, sino que es la comisión de garantías y el responsable de cumplimiento el que tiene sobre la mesa la investigación oficial del partido y quien tiene la potestad de sancionar a los responsables. Sin embargo, la comisión que ha pilotado Tardà –que la dirección equiparaba a una comisión de investigación de una cámara legislativa– ha citado en los últimos dos meses a varios militantes y no militantes del partido. Según ha explicado el vicesecretario general de comunicación, Isaac Albert, ha habido 18 personas que han comparecido y 12 que no lo han hecho. Entre los que decidieron no comparecer se encuentra el exconseller Ernest Maragall, tal y como explicó el ARA, y la ex secretaria general del partido, Marta Rovira, envió una declaración por escrito, según fuentes consultadas.

Según Albert, Tardà también ha explicado a la militancia el dinero que se destinó a Relevance, la empresa con la que ERC trabajaba para hacer las contracampañas. Desde 2016 hasta 2023 el partido le pagó 4 millones de euros, aunque aquí se incluyen servicios más allá de las campañas de contraste. Sin embargo, según varias fuentes consultadas habría al menos 200.000 euros que se destinaron a la estructura B, unos 15.000 de los cuales sirvieron para conseguir el silencio de las personas que engancharon los carteles contra los Maragall.

La exposición que ha hecho Tardà ante la militancia ha enervado a varios afiliados, que consideran que ha sido de parto. Lo expresaron las mismas personas que impugnaron esta comisión ante la de garantías, Isaac Peraire y Marta Vilaret, en X. Peraire, de hecho, anunció que llevará estas conclusiones a la comisión de garantías también porque considera que fue "Un acto político, espectáculo y escarnio lamentable, impreciso, de parto, sesgado. Incendiario".

También censuró el informe quien lideró la candidatura de Foc Nou, Helena Solà, que en un tuit le tildó "de escarnio". Tardà pidió disculpas a la militancia por estos hechos, pero también, sin mencionarlo, al ex director de comunicación del partido Tolo Moya, al que consideró que se le había señalado como "responsable y brazo ejecutor", pero que según Tardà tuvo "un cierto grado de participación en la estructura B".

Aval a la ponencia política

Las conclusiones de la comisión de la verdad ha sido el último punto que ha debatido la militancia este sábado, pero el congreso –al que se habían inscrito 1.500 personas pero sólo han participado unas 700, entre ellos el expresidente Pere Aragonès pero no Marta Rovira– que ha comenzado con el debate de la ponencia política. El documento sentaba las bases ideológicas del partido para los próximos cuatro años, en los que quieren que la nación y la lengua sean dos de sus ejes vertebradores. De las 867 enmiendas que se presentaron la dirección transaccionó más de 400, una de ellas de la corriente Ágora, impulsada por Joan Tardà.

El texto defiende "avanzar hacia una solución del conflicto nacional con España basada en el principio democrático" y apuesta por tener una relación con el "socialismo catalán que combine confrontación y colaboración". Los republicanos han firmado alianzas con los socialistas tanto en el Estado como en la Generalitat, pero estos pactos siempre les han llevado a contradicciones. Sin ir más lejos, este mismo sábado Esquerra ha salido a dar un toque de atención a los socialistas por las negociaciones entre el gobierno español y los sindicatos por la empresa que debe gestionar Cercanías. "Quien debe gestionar Cercanías es una empresa de obediencia catalana", ha dicho el vicesecretario de comunicación de Esquerra, Isaac Albert, ante la oferta del ministerio de Transportes a los sindicatos para que la empresa dependiera de Renfe.

Aparte de la relación con los socialistas, en la ponencia ERC también insta a las "fuerzas independentistas y soberanistas de izquierda a fomentar sinergias y alianzas" para "construir una vía amplia que permita mejorar las condiciones para hacer efectivo el derecho a decidir". Tardà ha logrado transaccionar este texto con la dirección, pero mantiene viva una enmienda a la ponencia estratégica que debe debatirse este domingo y que va en la línea de incluir a los no independentistas en el partido –en un inicio quería reformar los estatutos en este sentido, pero finalmente se desdijo.

En el debate de este sábado la dirección también ha incorporado una enmienda que plantea "transitar" sobre las 32 horas de jornada laboral, además de hacer un reglamento que permita incorporar a personas migrantes en lugares "relevantes" de las listas, en un acuerdo con Ágora.

Vía libre a las corrientes internas

Aparte de la hoja de ruta política, Esquerra también ha aprobado cambios organizativos –la ponencia estatutaria la ha validado un 89% de la militancia–, como constituir corrientes internas dentro de ERC, una propuesta pactada con Nova Esquerra Nacional, Foc Nou y Àgora. Deberá pedirlo un 3% de la militancia y el partido deberá redactar un reglamento en los próximos seis meses para regular su funcionamiento. El principal choque que se preveía con la candidatura de Xavier Godàs y Alba Camps era sobre la limitación del mandato de Junqueras e incompatibilizarlo con cargos públicos, pero los críticos retiraron la propuesta con el compromiso de que la dirección abra ese debate durante ese mandato.

Los críticos dan marcha atrás y retiran las enmiendas que pedían limitar el mandato de Junqueras