Gobierno español

Podemos fija ya condiciones para los presupuestos del 2023 para "reorientar" el rumbo de la coalición

Precio máximo para los combustibles, 10.000 millones para la sanidad y la educación pública y reforma fiscal, entre sus prioridades

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La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, durante el acto de ayer en Madrid.

MadridLa legislatura española entra en su recta final y en Podemos son conscientes de que es ahora cuando tienen que jugar su última carta para demostrar la utilidad del gobierno de coalición. Después de las últimas desavenencias con el PSOE por la gestión de la llegada de inmigrantes a Melilla y también por incrementar el presupuesto en defensa, la formación lila se conjura para intentar "reorientar el rumbo" del ejecutivo y conseguir que el aparente giro de los socialistas hacia la izquierda después de las elecciones andaluzas sea una realidad. "El país y el gobierno se enfrentan a uno de los momentos más difíciles de la legislatura", ha avisado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, este lunes en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal. En este sentido, Podemos ve en los presupuestos del 2023 su última oportunidad y, por eso, ya antes de que empiecen las vacaciones de verano, la formación lila ha decidido fijar sus prioridades. "Han de ser unos presupuestos que devuelvan un horizonte político nítido al gobierno, tienen que ser la prueba del algodón", ha añadido Belarra.

Para llegar a este horizonte, la líder del partido lila ha presionado al PSOE para que se ponga manos a la obra con normativas como la ley de vivienda o suavizar la ley mordaza. Dos normativas que están en tramitación en el Congreso: la de vivienda apenas está en el proceso de enmiendas, mientras que la normativa que tiene que derogar parte de la ley de seguridad ciudadana del PP lleva meses encallada en la ponencia, la fase final de la tramitación, por las desavenencias entre los socios de coalición y el PSOE. "Es inexplicable que la ley mordaza lleve más tiempo en vigor bajo un gobierno progresista que bajo un gobierno del PP", ha lamentado Belarra.

Además de acelerar estas dos medidas de cara a los próximos meses, los lilas quieren blindar los servicios públicos estatales a través de una batería de medidas para incluir en los presupuestos del año que viene. "España no está en guerra, sino que está sufriendo las consecuencias económicas y sociales de una guerra", ha afirmado la líder de Podemos para justificar su no al incremento del presupuesto en defensa (en el cual este lunes también se ha reafirmado la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz) y su sí a más "medidas para protegernos de su impacto económico". ¿Qué es lo que pide exactamente Podemos?

Frenar la inflación

Además de mantener el tope al precio del gas, Podemos propone establecer un precio máximo para los combustibles que "ponga límite a la escalada de precios". Un precio máximo que, según ha explicado Belarra, sería sufragado con el impuesto extraordinario a los beneficios de las empresas energéticas, aprobado en el consejo de ministros extraordinario del 25 de junio en el marco de la ampliación del decreto de medidas anticrisis. Los lilas también insisten en continuar rebajando el precio del abono del transporte público hasta que cueste 10 euros en todas las comunidades autónomas.

El aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) es otra de las exigencias –una cuestión que ya estaba prevista abordar con los agentes sociales de cara al año que viene y que no está vinculada a los presupuestos–, así como incrementar en un 15% el IPREM (el índice que marca buena parte de las prestaciones sociales al Estado como por ejemplo el subsidio de paro o las becas). Podemos también pone entre sus prioridades actualizar las pensiones y los salarios de acuerdo con la inflación, además de "prohibir definitivamente" los cortes de suministro a personas vulnerables, una cuestión que no ha resuelto el gobierno de coalición.

Maternidad y dependencia

El partido lila insiste en aprobar una ley de familias que incluya una ampliación de los permisos de maternidad y paternidad de seis meses; una "renta de crianza" de 100 euros al mes por cada niño de cada familia, y un "permiso retribuido" para los trabajadores de siete días al año que se destinen a cuidar a la familia.

También piden cumplir con el "compromiso" de aumentar hasta 600 millones de euros la atención a la dependencia e incrementar también en 200 millones de euros el plan del ministerio de Igualdad para la conciliación de las familias (el llamado Plan Corresponsables). Además, también proponen un incremento de 70 millones en la inversión en políticas contra la violencia machista.

Sanidad y educación

El partido lila también propone un fondo de 10.000 millones de euros destinado a la sanidad y la educación pública. "Las comunidades autónomas podrían pedir financiación voluntariamente y tendrían que aportar un euro de sus presupuestos por cada dos euros que reciban de este fondo", ha detallado Belarra. Podemos pide priorizar la atención primaria y la salud mental en el ámbito sanitario, y la educación infantil de 0-3 años, pero no detalla cuál tendría que ser el porcentaje que se destine (las comunidades autónomas tienen la competencia).

Reforma fiscal

La reforma fiscal es la eterna batalla en el seno del gobierno de coalición que todavía no se ha resuelto. Podemos cree que no "puede esperar más", mientras el PSOE ha ido dilatando este debate a lo largo de los últimos meses. En el mes de marzo el grupo de expertos del gobierno español hizo su propuesta, pero el ministerio de Hacienda de momento no ha movido ficha más allá de incluir algunas cuestiones en el marco de fiscalidad verde que recomendaba Bruselas. "Hemos de equilibrar la balanza fiscal haciendo que los que más tienen paguen lo que los corresponde", ha insistido Ione Belarra.

Podemos también exige que las grandes empresas paguen el mismo porcentaje de impuestos que las pequeñas. En este sentido, ha propuesto que el tipo mínimo del 15% del impuesto sobre sociedades grave todos sus beneficios. Vuelven a reclamar, además, un impuesto a las grandes fortunas para evitar el dumping fiscal de Madrid. Una propuesta que los lilas han llevado a debate en el Congreso y a la que el PSOE se ha opuesto. Los lilas también proponen que las pymes reduzcan su tributación de un 25% a un 23%, que las parejas de hecho lo puedan hacer conjuntamente y que se implemente la reducción del IVA de los productos menstruales, una cuestión que quedó fuera, finalmente, de la nueva ley del aborto impulsada por el ministerio de Igualdad. Además, también pretenden reducir el IVA de las peluquerías y las veterinarias.

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