La Generalitat lleva la causa del Tribunal de Cuentas a la ONU

BarcelonaLa Generalitat aspira que la causa del Tribunal de Cuentas contra altos cargos del Govern por la acción exterior aparezca en los informes de la ONU. Este viernes, la dirección general para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que depende de la conselleria de Igualdad y Feminismos, ha enviado a las Naciones Unidas dos documentos que señalan la vulneración de los derechos humanos que, a parecer suyo, representan la causa al órgano fiscalizador y también la formulación del delito de sedición en España. Estos informes se han entregado al relator especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Clément Nyaletsossi Voule, con el objetivo de que se incorporen al informe que presentará en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Concretamente, el documento de la Generalitat considera que los procedimientos del Tribunal de Cuentas no ofrecen las garantías necesarias y "generan indefensión". El ejecutivo catalán culpa de estas carencias a los "sesgos politizados en el proceso de elección de sus miembros y en su función jurisdiccional, desvinculada de la justicia ordinaria". Además de la falta de garantías procesales y la politización de sus miembros, el Govern también apunta que el órgano fiscalizador se extralimita en sus funciones.

Este no ha sido el único movimiento para intentar que la causa al Tribunal de Cuentas llegue a los órganos supranacionales. Hace un mes, por ejemplo, la senadora de ERC y miembro del Consejo de Europa, Laura Castel, envió un informe sobre "la grave represión económica del Tribunal de Cuentas contra el independentismo" a varias instancias europeas, entre las cuales la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) o la Comisión de Venecia.

El delito de sedición, una excepción en Europa

La Generalitat no solo ha enviado a la ONU un documento sobre el Tribunal de Cuentas, sino que otro informe analiza el delito de sedición. Este ha sido elaborado por el despacho de abogados Xarxa Jurídica y defiende que la formulación actual de la sedición abre la puerta a penalizar derechos fundamentales como el de protesta. Además, el informe también repasa la existencia de delitos de esta tipología a otros países y concluye, después de compararlo con 17 estados, que "el caso español no tiene homólogos en el contexto europeo y obedece a criterios de criminalización o castigo desfasados respecto a los estándares europeos".

También asegura que la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo del delito de sedición "no es clara, vulnera principios de legalidad" y provoca inseguridad jurídica, además de situar la desobediencia civil no violenta multitudinaria en el amparo de este delito, sin que la renuncia a la violencia implique ninguna diferencia.

A pesar de este posicionamiento del ejecutivo, ni ERC ni Junts son de momento proclives al hecho que una reforma del delito de sedición solucione parte del conflicto, a diferencia de Podemos –impulsor de la medida– y el PSOE –que afirma que está trabajando en ello aunque no se haya hecho público ningún adelanto–. Por ahora, es una incógnita saber si el aval del Consejo de Europa a la reforma del delito, que dijo hace un mes y medio que serviría para evitar penas "desproporcionadas" como las que han sufrido los líderes independentistas, hará cambiar de opinión a los republicanos y JxCat y activará la tramitación de la Moncloa.