La gerente del PSOE responsabiliza a Santos Cerdán de los pagos bajo sospecha en el caso Leire Díez

MadridEl PSOE mantiene el guion que ha instaurado desde que estalló el caso Leire Díez y continúa levantando un muro entre Ferraz y la conocida como fontanera socialista. Ahora ha sido el turno de Ana María Fuentes, la actual gerente del partido, que ha declarado en la Audiencia Nacional como investigada por falsedad en documento mercantil. La Guardia Civil y el juez Santiago Pedraz sospechan que falseó facturas y notas de encargo para hacer llegar dinero a Leire Díez y disimular los pagos. Fuentes presentes en la declaración relatan al ARA que Ana María Fuentes ha descargado las culpas en Santos Cerdán, que en aquel momento era el número 3 del partido y también está investigado, alegando que él ordenaba y daba el visto bueno a las órdenes de encargo, a las facturas y a los pagos. Ella, en cambio, "no controlaba" expresa y específicamente en qué se gastaba el dinero.

Además, ha afirmado que no tenía trato con Leire Díez: no sabía nada de ella, no se reunieron, no la vio en Ferraz y no sabía que había encuentros con ella. Sobre la compra de billetes de tren y avión para la entonces militante del PSOE ha apuntado a las dos trabajadoras que hacían las gestiones, que –ha dicho– no pasaban por ella. Esta mañana también ha declarado Ismael Oliver, que fue abogado de Koldo García durante poco más de un año, desde febrero de 2024 hasta junio de 2025.

La tesis de la Guardia Civil

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que Ana María Fuentes, con la “intermediación” de Leire Díez, “falseó” dos notas de encargo al despacho de Ismael Oliver y a Jacobo Teijelo, que es abogado de Santos Cerdán. Un informe del instituto armado relataba que los socialistas los contrataron a cambio del “asesoramiento y análisis de diferentes asuntos de naturaleza jurídica” con “notas verbales, notas informativas y propuestas de actuación”. “Habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional y de servir como medio para que la formación política pudiera materializar pagos que habrían sido utilizados para financiar la actividad presuntamente delictiva”, relataba.

El juez Santiago Pedraz sostiene que emitió las dos notas de encargo en fechas en las que “no consta que estuvieran prestando asesoramiento jurídico” al PSOE. La sospecha es que los pagos servían para “retribuir” las maniobras que presuntamente estaba instigando Leire Díez para “proteger” a los socialistas y a Pedro Sánchez. El juez apuntó a Ana María Fuentes por una “intervención concreta y auxiliar” que la sitúa en una posición de “coautoría o complicidad”.

¿Cuáles son los pagos en duda? Primero, entre junio y septiembre de 2024, Leire Díez cobró 16.000 euros de Zaño Consultora, la empresa de Gaspar Zarrías, que habría recibido el dinero del PSOE. Más tarde, la entonces militante socialista recibió 27.225 euros del despacho de Ismael Oliver. Finalmente, Jacobo Teijelo cobró 125.000 euros del PSOE que –según la Fiscalía– estaban destinados a pagárselo a él y podrían ser el “vehículo” para retribuir a Leire Díez, a pesar de que “no se han llegado a acreditar los pagos” de él hacia ella. A finales de julio, el juez pidió información a doce bancos para rastrear, precisamente, todo este dinero.

La Fiscalía Anticorrupción argumenta que la presunta trama criminal articuló un “imbricado sistema de apoyo económico” en el que utilizaba sociedades de los investigados con el “presumible concierto” de la gerente del PSOE para poder realizar los pagos “sin revelar al ordenante”. Cuando declaró como investigado, Jacobo Teijelo esgrimió que el PSOE le contrató para que estudiara qué podría pasar con las causas del entorno del partido.

La única persona del PSOE imputada

Ana María Fuentes es la única persona del PSOE actual que está imputada en esta causa. Inicialmente, también lo estaban dos trabajadoras de Ferraz, Covadonga San Pedro Pascual y Celia Rodríguez, pero el magistrado lo archivó alegando que se limitaron a “ejecutar las órdenes” que recibían de Santos Cerdán para gestionar los viajes y reuniones de los investigados y que no hay constancia de que ellas dos “conocieran” que estaban llevando a cabo el “plan ilícito”.