El Gobierno y ERC asumen que no habrá presupuestos para San Juan

Socialistas y republicanos han mantenido los mismos equipos negociadores y tienen conversaciones semanales

Salvador Isla reunido con Oriol Junqueras
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BarcelonaDespués del choque por unos presupuestos que ni llegaron a negociar, el PSC y ERC pusieron el contador a cero. Fue a mediados de marzo cuando las dos formaciones decidieron darse una nueva oportunidad y reanudar las conversaciones una vez Salvador Illa retiró el proyecto de ley y Esquerra dejó de situar la recaudación del IRPF como una línea roja. Desde antes de Semana Santa, pues, socialistas y republicanos están negociando fuera de los focos que acapararon antes del debate a la totalidad de las cuentas. Las conversaciones son semanales y se desarrollan con hermetismo. La fecha límite es el mes de julio, pero el Govern tiene prisa y la consellera de Economía, Alícia Romero, ha verbalizado que la voluntad del ejecutivo es tenerlos validados para Sant Joan. ¿Es factible?

De entrada, diversas fuentes que participan en la negociación ven este objetivo poco realista, teniendo en cuenta lo lentas que avanzan las carpetas de la negociación. Para que los presupuestos vieran la luz el 24 de junio, haría falta que el Govern los aprobara en el consell executiu durante la primera quincena de mayo y, con los actuales tempos de la negociación, las mismas fuentes negociadoras lo ven difícil.

Ambas partes han mantenido sus dos equipos negociadores —por parte del Govern, encabeza esta delegació el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, aunque se ha sumado la consellera de Economía y por parte de ERC, lo hace el director general del partido, Lluís Salvadó—, pero también han creado diversos grupos de trabajo para abordar las propuestas que quieren que queden reflejadas en las partidas presupuestarias. Es en estos grupos más específicos donde también entran diputados y representantes de cada bando especializados en los temas a tratar.

Antes de que la negociación descarrilara, socialistas y republicanos no habían entrado a negociar partidas presupuestarias, sino que las conversaciones se habían centrado en desbloquear la cuestión del traspaso de la recaudación del IRPF a la Generalitat, haciendo entrar en la ecuación otros acuerdos pendientes de cumplirse como el consorcio de inversiones –no fue suficiente–. De hecho, este consorcio se tiene que empezar a tramitar en el Congreso en las próximas semanas. Las dos partes pactaron negociar los traspasos en paralelo a los presupuestos, intentando encontrar un nuevo desatascador para poder aprobar las cuentas. No será el IRPF, admiten todas las fuentes consultadas, aunque ERC no renuncia a él.

Los acuerdos pendientes

Si el IRPF es lo que marcó la negociación anterior, ahora ERC lo ha querido apartar del foco. El partido de Oriol Junqueras mantiene que el traspaso de este impuesto sigue siendo una de sus exigencias, pero se ha abierto a sustituirla si el Gobierno pone una alternativa sobre la mesa. Esta alternativa se negocia sin hacer mucho ruido —ni Esquerra ni el Gobierno hablan de presupuestos en público—, como si el tema que estuvo a punto de hacer descarrilar la legislatura hubiera pasado a un segundo término. Las fuentes confían en que habrá algún nuevo acuerdo, aunque algunas alertan de que no hay tiempo material para que sea un traspaso de soberanía de mucho calado.

De hecho, todo vuelve a depender de lo que esté dispuesto a ceder el gobierno español. Y el hecho de que el 17 de mayo haya convocadas las elecciones andaluzas es otra variable que los negociadores catalanes asumen que puede hacer dilatar el calendario. Desde la sede de ERC recuerdan que buena parte de los acuerdos de investidura dependen de Madrid. El PSC, en cambio, quería que esta negociación no volviera a estar vinculada a la variable del gobierno español y que se circunscribiera a lo que puede ofrecer la propia Generalitat.

¿Cuáles son los acuerdos que aún quedan por cumplir? El traspaso de Rodalies se debe completar; también se debe materializar la nueva financiación que se anunció en enero; se debe poner en marcha la nueva gobernanza para el aeropuerto de El Prat donde la Generalitat ha de tener un papel, y también se debe pagar aún la condonación de parte de la deuda del fondo de liquidez autonómico (FLA). Ni socialistas ni republicanos detallan, sin embargo, cuál de estas cuestiones están negociando o si hay nuevas sobre la mesa.

De hecho, los socialistas quieren centrarse en negociar partidas presupuestarias y remarcan que los tiempos para el cumplimiento de los acuerdos de investidura son diferentes. Lo decía esta semana la portavoz del Govern y consejera de Territori, Sílvia Paneque. "¿Esto quiere decir que no estamos trabajando en otras cuestiones? No", aseguró. La portavoz también apuntó que los acuerdos de investidura van con "calendarios diferentes" al de las cuentas. Es decir, el ejecutivo no quiere ser esclavo de los calendarios que puedan tener otras cuestiones que van más allá de los presupuestos para que no le pase como con el IRPF.

¿Una consulta sobre el apoyo a Illa?

A la espera de cómo avancen las negociaciones, Esquerra deberá explicar a sus bases el acuerdo al que llegue con el PSC. La dirección de los republicanos trasladó a su consejo nacional la decisión de no abrir negociaciones por los presupuestos hasta que no hubiera un gesto con el IRPF. Ahora bien, los cuadros republicanos que rechazan negociar con el PSC, como el Colectivo Primero de Octubre —una de las corrientes críticas minoritarias dentro de ERC—, ha ido un paso más allá y este viernes han registrado formalmente la petición para convocar una consulta interna para someter a debate de las bases el apoyo de ERC al gobierno de Salvador Illa.

"Se debe volver a dar voz a la militancia", ha defendido su portavoz, Xavier Martínez, en declaraciones a los medios, donde también ha apuntado que no se están cumpliendo los acuerdos de investidura. Entre los militantes que han registrado la petición, también hay miembros de Foc Nou, la candidatura que encabezaron Helena Solà y Alfred Bosch en las primarias. Ahora la dirección les debe decir la cantidad exacta de avales que han de presentar –los estatutos establecen que lo debe pedir el 10% de la militancia–. A partir de entonces, tendrán 50 días para conseguirlos.

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