El gobierno español intenta consensuar con los grupos la bajada del precio de la energía del 29 de marzo

MadridEl gobierno español quiere que las medidas económicas para paliar los efectos económicos de la crisis con Ucrania se conviertan en un pacto de estado y que, por lo tanto, cuenten con el máximo consenso parlamentario. Esta mañana ha empezado una ronda de contactos con los grupos para plantearles las fórmulas que tiene en mente para intentar rebajar los precios de la electricidad, el gas y los carburantes. El 29 de marzo el gobierno español prevé aprobar un decreto con todo un paquete de medidas que podrían ir más allá de la rebaja de precios energéticos.

La primera reunión ha sido con el PP y en ella han participado las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, así como también el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Después ha continuado con Ciudadanos y PNV, y los próximos días el ejecutivo español prevé reunirse con el resto de grupos parlamentarios excepto Vox, que ha declinado la invitación. ERC se tenía que reunir este miércoles con el gobierno pero al final ha pedido aplazar el encuentro por cuestiones de agenda. "Es el momento de la unidad de todos, y el único enemigo es Putin y su guerra salvaje", ha dicho Bolaños en rueda de prensa después del encuentro con los populares, donde ha hecho un llamamiento a todos los grupos a apoyar el decreto.

Bolaños ha confirmado que el gobierno bajará el precio de la electricidad, el gas y los carburantes, pero no ha concretado con qué fórmulas. Lo único que ha dicho es que encima de la mesa hay ayudas estatales, fiscales, poner topes a los precios o que haya un "único" precio de la energía. Son medidas, ha especificado, que van de acuerdo con lo que se está debatiendo a escala europea. "Habrá bajada de precios el día 29 de marzo. Trabajaremos para que este consenso agrupe los socios de la Unión Europa. Y, si no hay, el gobierno de España adoptará medidas", ha afirmado. Es decir, el ejecutivo intentará adoptar medidas consensuadas con Bruselas –y, por eso, el gobierno español da máxima importancia a la reunión del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo–, pero si no encuentra consenso, tendrá que limitarlas a las que España puede tomar dentro de sus competencias.

Las medidas adoptadas hasta ahora

Hasta ahora el gobierno español ha movido ficha para reducir el precio final de la factura de la luz, es decir, el de la electricidad. Ha aprobado –y prorrogado hasta el verano– medidas fiscales: una rebaja del IVA, la suspensión temporal del impuesto eléctrico y la reducción del 5,1% al 0,5% en el impuesto especial de producción de energía eléctrica, cosa que comportará que el Estado deje de recaudar unos 12.000 millones a lo largo del año, según los cálculos del ejecutivo. Además, se ha ampliado la cobertura del consumidor vulnerable a través del bono eléctrico, una medida que el ministerio de Transición Ecológica está volviendo a perfilar para determinar quién tiene que asumir el coste. Y también ha puesto en marcha la confiscación de una parte del dinero que las eléctricas ganan de más gracias al funcionamiento del mercado mayorista y trasladarlos directamente al consumidor final, una medida que se ha aguado después de la batalla declarada por parte de las eléctricas los últimos meses.

El margen que tiene para tocar el precio del gas es más complicado. El objetivo final de Sánchez es que el gas no determine el precio del resto de energías que forman parte del mercado mayorista eléctrico o incluso poder toparlo. Por eso se necesita el visto bueno de Bruselas, porque la normativa que lo regula es comunitaria. En cuanto al precio de los carburantes, fuentes del ministerio de Hacienda confirman al ARA que pretenden tocar a la baja el impuesto especial de los hidrocarburos, es decir, aplicar su tipo mínimo. La diferencia sobre el precio final, pero, no será muy diferente porque una gran parte del peso fiscal sobre el gasóleo y la gasolina recae sobre el IVA del 21% que se aplica. Las mismas fuentes explican al ARA que tocar esta figura también es una opción, pero reconocen que "se tiene que pedir a Europa" porque, a escala comunitaria, se obliga a grabar estos productos con el tipo máximo del Estado.

Más allá de las medidas para bajar los precios de la energía, Podemos también ha trasladado a los ministros del gobierno un documento con una batería de medidas en otros ámbitos como el del mercado de la vivienda, en que proponen, por ejemplo, recuperar la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler –se desplegó durante la pandemia y decayó en febrero – o también ampliar el ingreso mínimo vital. Un documento que ya hicieron público este lunes en rueda de prensa. Fuentes del ministerio de Transportes confirman que han recibido las propuestas sobre vivienda y aseguran que las "estudiarán".

El PP y Cs dicen que el gobierno español va tarde

El PNV ha hecho una valoración positiva del encuentro con el gobierno y se ha emplazado a más reuniones en los próximos días. En cambio, PP y Ciudadanos han sido más críticos: lamentan que el gobierno español quiera esperar hasta el 29 de marzo para que la rebaja de los precios sea efectiva. Los populares continúan con la mano extendida para bajar los impuestos de los productos energéticos, pero su portavoz, Cuca Gamarra, ha lamentado que en la reunión de esta mañana con el gobierno no han encontrado "concreción" en las medidas que el gobierno quiere tomar: "No se han cumplido las expectativas que teníamos en inmediatez y concreción de medidas". Y, en este sentido, ha asegurado que el PP sí que ha puesto encima la mesa medidas como bajar el IVA del precio de los carburantes hasta el mínimo del 4%. Los populares, además, creen que España puede adoptar medidas sin esperar el visto bueno de Europa, porque como estado tiene "autonomía" para adoptar bajadas fiscales que no necesitan la aprobación de la Unión Europea. "El gobierno va tarde", ha añadido también el portavoz de Cs, Edmundo Bal, que ha defendido el consenso con el Consejo Europeo, pero ha pedido también tomar medidas "inmediatas" como estado.