El gobierno español ignora la cuestión catalana en el examen periódico ante la ONU

MadridLa situación del catalán o los derechos de los activistas independentistas no han tenido espacio durante el examen periódico universal de Naciones Unidas al que se ha sometido España este miércoles en Ginebra (Suiza). Hace cinco años de la anterior evaluación, a la que los países se someten voluntariamente, y es la cuarta vez que el gobierno español le afronta. Ni en la intervención de sus representantes ni en el informe previo que ha presentado el ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido cabida la cuestión catalana. En cambio, en la recopilación de información que había realizado la ONU y entre las aportaciones de entidades de la sociedad civil, sí aparece como una preocupación en relación con la situación de los derechos humanos en el Estado.

Entre las organizaciones que lo han puesto sobre la mesa están Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana. En el documento, la ANC advierte que "el derecho a un juicio imparcial y la igualdad ante la ley de los representantes independentistas catalanes no está garantizado". "Varias organizaciones expresaron su preocupación por la discriminación y el discurso del odio contra los catalanes, así como por las denuncias de acoso laboral por hablar catalán", recoge el informe. Òmnium, por su parte, expresa "preocupación por la supuesta aplicación inadecuada de la ley orgánica de amnistía de 2024 y los obstáculos judiciales a su aplicación". Recomienda aplicarla "sin injerencias políticas ni interpretaciones arbitrarias y crear un mecanismo internacional de vigilancia" que lo supervise.

Durante unas tres horas, el resto de delegaciones han hecho, en breves intervenciones formales y poco incisivas, comentarios sobre las acciones emprendidas por el gobierno español desde 2020. Han sido numerosas las que han recomendado mejorar la protección frente a discursos de odio o la discriminación. Austria mencionó explícitamente la necesidad de proteger las "minorías nacionales o lingüísticas". También Bielorrusia ha puesto el foco en la "discriminación de minorías nacionales" y Samoa en la garantía de la educación en "lenguas regionales". Varias delegaciones han alertado también contra la ley mordaza, como Noruega, y Camerún ha pedido controlar "el uso excesivo de la fuerza" por parte de las fuerzas policiales.

En la recopilación previa que había hecho la ONU, en paralelo al de las entidades, se recuerda que el Comité contra la Tortura expresó preocupación por "la amplia discrecionalidad que otorga" la norma a las fuerzas de seguridad y que el relator especial sobre cuestiones de las minorías denunció la injerencia en los humanos sus opiniones, reunirse pacíficamente y participar en asociaciones" así como por las acusaciones penales "desproporcionadas" formuladas contra ellos con el objetivo de "coaccionarles por sus opiniones políticas". También se recoge la vulneración del derecho a la vida privada y la privacidad de la correspondencia con el espionaje con Pegasus y Candiru y la necesidad de investigarlo.

Vivienda, menores inmigrantes o aborto

Habiendo dejado la cuestión catalana a un lado, la mayoría de intervenciones se han centrado en reclamar más esfuerzos en la protección de los menores inmigrantes, con alguna mención explícita a la situación de saturación en las Islas Canarias, en garantizar el derecho al aborto en todo el territorio y en mejorar el acceso a la vivienda. Aunque numerosos países han alabado el trabajo de España en la lucha contra la violencia de género y la agenda feminista, han instado a realizar más esfuerzos, también en la lucha contra el tráfico de personas. Palestina, por su parte, alabó su reconocimiento oficial como estado y las acciones contra el genocidio, que instó a incrementar.