Sánchez obvia el aviso de Lesmes y el Congreso tramitará de forma exprés la reforma del CGPJ

MadridNuevo capítulo en el choque abierto entre el gobierno de Pedro Sánchez y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el conservador Carlos Lesmes, con el mandato caducado desde hace más de dos años. En medio de una nueva crisis abierta por el nuevo veto socialista –de la mano del PP y Vox– a investigar al rey emérito, ahora a pesar del aval de los letrados del Congreso, el PSOE y Unidas Podemos sí han cerrado filas este miércoles en la mesa de la cámara baja para tramitar de forma exprés la reforma del órgano de gobierno de los jueces para que no pueda hacer nombramientos importantes mientras esté en funciones. Los dos partidos, que tienen mayoría en la mesa del Congreso, han rechazado la petición de Lesmes de pedir un informe previo al CGPJ antes de que el hemiciclo tramite la reforma, una medida que también había pedido el PP.

Hay que tener en cuenta que el gobierno español decidió impulsar esta reforma a través de una proposición de ley en el Congreso registrada por los socialistas y el partido violeta, hecho que no los obliga a pedir un informe preceptivo. A mediados de diciembre, el CGPJ envió un toque de atención a la cámara instándola a escuchar a Europa, jueces y fiscales antes de reformar la ley. A su parecer, no hacerlo incumpliría el tratado de la Unión Europea, mientras que la Moncloa asegura que el bloqueo en la renovación del poder judicial justamente incumple las recomendaciones de Bruselas. En definitiva, un pescado que se muerde la cola mientras pasan los meses y Lesmes sigue al frente del CGPJ llevando a cabo nombramientos clave como los de magistrados de diferentes salas del Tribunal Supremo, cosa que el gobierno español considera un desafío.

De hecho, este miércoles el CGPJ sigue con su actividad haciendo nombramientos pendientes de la cúpula judicial, con sesiones hoy y mañana de la comisión permanente para escuchar a los aspirantes a presidir las audiencias provinciales de Almería, las Baleares, Ciudad Real, Cantabria, Granada, León, Navarra y Salamanca. La reforma de la ley del 1985 que regula el funcionamiento del CGPJ busca justamente establecer un régimen jurídico para cuando este organismo tenga que estar en funciones. Propone "limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ salido, los miembros del cual han excedido el periodo constitucional de mandato". En este contexto, señala que, superado el mandato de cinco años, el órgano de gobierno de los jueces no tendría que poder nombrar al presidente del Supremo, los presidentes de las audiencias, los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, así como los presidentes de sala o los magistrados del Supremo o del Constitucional.

La tensión entre el gobierno de Sánchez y el CGPJ ya creció a finales del 2020, cuando la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, acusó a Lesmes de "invadir" la soberanía parlamentaria al pedir un informe preceptivo. Hoy el PSOE y Unidas Podemos han ido juntos a la hora de tramitar con urgencia esta reforma, que ya superó el primer trámite parlamentario en el hemiciclo hace pocas semanas. De todos modos, el PSOE y Unidas Podemos tienen discrepancias a la hora de abordar la reforma del CGPJ. El partido violeta considera que habría que recuperar la polémica reforma inicial para cambiar las mayorías necesarias de elección de diferentes vocales del órgano de gobierno de los jueces en las Cortes –criticada por Bruselas– para desbloquear la elección por parte del PP. Los socialistas, sin embargo, se oponen a ello claramente.