El Govern y la CUP ensanchan su distancia, pero sin romper

BarcelonaHace exactamente un año la CUP era quien más cerca estaba de ser el partido de la estabilidad en Catalunya. Con ERC y JxCat peleados por la investidura y con el PSC y los comunes excluidos de las negociaciones, los cuperos eran los únicos que garantizaban sus votos para hacer a Pere Aragonès presidente. Por lo tanto, el único partido –al margen de ERC– dispuesto a desbloquear la legislatura y evitar unas nuevas elecciones. 365 días después, se ha girado la tortilla. Esquerra y Junts gobiernan de nuevo, y lo hacen más con el apoyo habitual de los comunes –como los presupuestos– y el PSC –Juegos Olímpicos y renovación de los medios públicos– que con el del partido anticapitalista. ¿Se han roto definitivamente las relaciones entre los dos partidos de gobierno y la CUP? La respuesta no admite ni un sí ni un no rotundo.

En público, el divorcio se hace explícito. La última muestra fue justo hace una semana en el pleno del Parlament durante la sesión de control en el Govern. "La inmersión es un consenso de país y un modelo pedagógico internacional. Ustedes ahora venden la lengua", dijo la diputada cupera Dolors Sabater a Aragonès. El president, poco proclive a elevar el tono, no pudo disimular su disgusto. "Puedo entender que tengan una posición crítica, pero no nos pueden decir que vendemos la lengua. Yo no lo diría nunca de ustedes", se defendió.

Esta esgrima dialéctica fue el colofón de semanas de discrepancias entre aquellos socios que, sobre el papel, tenían que formar la mayoría independentista más amplia de la historia del Parlament. Pero lejos de aplicar "la mayoría del 52%", la carpeta de conflictos se hace cada día algo más gruesa y están prácticamente todos los temas troncales de la legislatura: los Juegos Olímpicos, la reforma de la ley de política lingüística y la mesa de diálogo, por citar solo algunos ejemplos. El último episodio, el intento de los anticapitalistas de reprobar al conseller Josep Gonzàlez-Cambray en el Parlament, que el Govern consiguió abortar gracias a los votos, precisamente, del PSC y los comunes.

"Fue un intercambio muy duro", explica un dirigente de Esquerra, rememorando los reproches cruzados de la semana pasada entre Sabater y Aragonés. Aun así, desde la calle Calàbria –sede de los republicanos– no se da nada por roto. Todo lo contrario: "Seguimos hablando y haciendo reuniones. Nuestro compromiso es cumplir con los compromisos a los que llegamos por el pacto de la investidura", esgrimen desde la dirección de ERC. El diagnóstico que hacen es que en las últimas semanas ha habido "dos temas muy mediáticos" que han tensado las relaciones al máximo –los Juegos y la lengua–, pero no se da "ningún puente por roto". En el Govern se reproduce esta misma óptica. Como mínimo los teléfonos entre el Palau de la Generalitat y los cuperos siguen activos. Por ejemplo, el día en el que la Generalitat informó del plan de estabilización de 59.000 trabajadores públicos que ahora son temporales, la consellera Laura Vilagrà hizo al menos dos llamadas antes de que se comunicara a la prensa. Una a los sindicatos, la otra a la CUP.

Ejemplos prácticos

Un caso similar sucede con la exigencia que formulan los cuperos de que la Generalitat se retire como acusación popular de las causas contra manifestantes. Desde el Govern se asegura que los contactos son menudeados y que incluso se analiza "caso a caso". Contactos que por parte de la CUP capitanea el diputado Xavier Pellicer y Vilagrà o representantes de los servicios jurídicos por parte del gobierno. La Generalitat, además, percibe que no todo son negativas de los anticapitalistas. Por ejemplo, hace tres semanas el Parlament aprobó el decreto para hacer la consulta de los Juegos de Invierno gracias a los votos de la CUP y eso que se opone frontalmente al certamen deportivo. Cuando el Govern decidió anunciar en público las dos consultas para los Juegos, los anticapitalistas fueron precisamente los únicos a los que Vilagrà llamó antes de la rueda de prensa.

Desde la CUP, la visión es bastante más pesimista. Fuentes del partido admiten que se mantienen los contactos, pero lo ven más por cuestiones de cortesía parlamentaria que derivados del acuerdo de investidura. Un acuerdo que, enfatizan, "no es de legislatura". "No tenemos una relación estable porque sus socios preferentes son otros", explican fuentes cuperas, pensando, sobre todo, en el PSC. De hecho, la CUP intenta a través de su discurso que cuaje un nuevo concepto en la política catalana: la "sociovergencia republicana". Es decir, las alianzas a tres bandas entre ERC, JxCat y el PSC.

Hace pocos días el propio Pellicer declaraba a su partido "en pie de guerra" con el Govern y daba la "legislatura por agotada", pero admitía que la CUP ahora mismo no tiene suficiente fuerza para "cambiar de escenario". La prueba más evidente de que la legislatura aguanta es que Aragonés, cuando los cuperos se opusieron a los presupuestos, retiró su compromiso de someterse a una cuestión a confianza a medio mandato que, en la práctica, era dar a la CUP las claves de unas elecciones anticipadas. La retiró y no tuvo ninguna consecuencia.

La prueba de los presupuestos

Uno de los hechos que permiten desdramatizar el divorcio aparente es que todavía quedan meses para la siguiente prueba de fuego que permitirá medir el estado de la relación: la negociación de los presupuestos de 2023. Nada hace pensar que los cuperos se avengan a dar luz verde a las nuevas cuentas, teniendo en cuenta que ya se opusieron a los de 2022. Pero para el Govern todavía quedan muchas batallas antes de afrontar esta guerra. Además, nadie esconde ni en el Palau de la Generalitat ni en la Moncloa ni en los ayuntamientos que los presupuestos de 2022 ya se hicieron pensando en el hecho de que pudieran ser de dos años. 2023 es doble año electoral –municipales y generales–, y pocos gobiernos sin mayoría absoluta encontrarán socios dispuestos a negociar.