MadridEl presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no salió incólume de la comparecencia en Les Corts para informar de los efectos de la DANA que asoló a varias localidades el 29 de octubre. Se le vio preocupado por mantener un tono contenido, pero dejando mensajes de fondo autoexculpatorios. Era una sesión para rendir cuentas, pero quedó claro que Mazón buscaba una barrera protectora en el argumento de que la prioridad absoluta es trabajar para atender a las víctimas y reconstruir. Nos hemos pasado dos semanas largas diciendo que no era el momento de las críticas, que debería esperarse para las explicaciones, y cuando han llegado de la mano de Mazón y en las Corts Valencianes no han sido convincentes.
Es posible que haga bien no dimitiendo ahora, porque descabezar el gobierno autonómico complicaría efectivamente el trabajo ingente que queda por hacer. Ya decidirán las urnas cuando toque. Sin embargo, Mazón y el PP deben ser muy conscientes de los largos efectos políticos del descontrol de la DANA, por la pérdida de vidas humanas y la destrucción que dejó a su paso. Él ha dicho que no volverá a ser candidato si fracasa en la operación de la reconstrucción, pero puede que no tenga que esperar tanto.
Para los populares será una decisión difícil. Sin embargo, los intereses de la organización y las expectativas electorales de su líder, Alberto Núñez Feijóo, pesarán mucho en las prioridades que se fijen desde la sede central del partido, en la calle Génova de Madrid. Un edificio, por cierto, sobre el que el Supremo acaba de reiterar que fue reformado con dinero negro, de acuerdo con la sentencia que rebaja una de las condenas impuestas al extesorero popular, Luis Bárcenas, en este caso por un delito de fraude fiscal. Cuesta mucho, no solo al PP, deshacerse del pasado, y este factor hace difícil sacar réditos de perseguir la corrupción en otros partidos mientras siguen recibiéndose confirmaciones de culpabilidad en el propio.
Una estrategia defensiva
Con DANA y sus efectos ocurre algo parecido. Feijóo anunció una intervención importante de Mazón, que pondría fin a las dudas sobre su comportamiento en la trágica jornada del 29 de octubre, o las reduciría a la mínima expresión. Y no fue así. En parte porque hemos vuelto a ver una estrategia defensiva que busca apoyarse en los errores y responsabilidades de terceros. Puede haberlos, y deberán tenerse en cuenta. No estoy seguro de que la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiendo de la administración central, acertara en todos los mensajes que envió ese día, en las horas en que lo hizo y en el contenido. Es legítimo buscar en las equivocaciones o inexactitudes de los demás un atenuante para el comportamiento de uno mismo. Pero no creo que a Mazón le sirva de mucho.
No es sólo una cuestión de suerte. En política hay que estar donde era necesario en el momento preciso que hacía falta. De lo contrario, no se puede obtener ni mantener la confianza de los ciudadanos. Hay que saber interpretar las alertas, es necesario reaccionar ante los avisos, sobre todo el presidente de una comunidad que tiene riesgos anunciados con suficiente antelación. Mazón sólo tiene un atenuante, y es consistente, en el dato del volumen de agua caído sobre las zonas afectadas. Pero le faltaron reflejos, instinto político, capacidad de decisión y, en definitiva, perspicacia. Por eso su comparecencia no fue convincente. No puede recurrirse al argumento de la imprevisibilidad de una DANA tan feroz y perjudicial si no se ha reaccionado con rapidez para conjurar el riesgo que suponen este tipo de fenómenos.
Había que pedir ayuda
Esta carencia de reacción proporcionada a la gravedad de la tragedia se puso igualmente de manifiesto en las jornadas inmediatamente posteriores a la devastación. Mazón debería haber corrido a exigir al gobierno de Pedro Sánchez que, basándose en el precepto legal que fuera necesario, se apresurara a volcarse sobre las localidades afectadas con todo tipo de efectivos y material. No hacía falta discutir nada sobre la declaración de emergencia ni rebuscar títulos habilitantes en la Constitución.
La urgencia de la ayuda era tan evidente que bastaba viendo las imágenes. Es legítimo, lo vuelvo a decir, intentar defenderse, pero darle la vuelta a todo ahora en busca de responsabilidades, buscando la inculpación, incluso judicial, de la vicepresidenta del gobierno español Teresa Ribera, no creo que sea una operación demasiado rentable para el PP. Seguro que todo el mundo reforzará los mecanismos de alerta, empezando por la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero dudo mucho que la clave de la tragedia sea la actuación de este organismo. Quizás las cosas serían distintas si la presa de Forata no hubiera aguantado, porque la devastación habría sido mucho peor y los efectos de la rotura del pantano reclamarían la exigencia de responsabilidades más allá de las autoridades autonómicas.
El papel de Ribera
Teresa Ribera, en todo caso, hará bien en ser más convincente que Mazón cuando comparezca en el Congreso. En su caso las explicaciones deben pasar por dar cuenta de lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer en Valencia para controlar los efectos de las riadas. El cambio climático existe y agrava los riesgos, pero el control de las zonas inundables requiere de actuaciones aplazadas probablemente por una definición de las prioridades errónea. En cualquier caso, inferir de una criticable planificación de las tareas del ministerio para la Transición Ecológica –del que es titular la vicepresidenta Ribera– una supuesta relación de causalidad con la tragedia valenciana y sus víctimas resulta jurídicamente excesivo.
Es cierto que la existencia de la catástrofe y su gestión por parte de las administraciones no aportan nada positivo a la candidatura de Ribera para formar parte de la Comisión Europea, como vicepresidenta ejecutiva y titular de la cartera de Competencia y Transición Ecológica. Es una mala carta de presentación, no tanto por lo que ocurrió en relación con la DANA, sino por el trabajo no realizado con antelación para evitar estos efectos si algún día se presentaba una situación como la de este fatídico final de octubre. El PP, en todo caso, incurre en una contradicción reclamando el indulto para Mazón y la condena para Ribera, es decir, cuando intenta impedir el acceso de ella a la Comisión Europea mientras protege a su correligionario diciendo que la prioridad es ahora reconstruir lo que la DANA destruyó.