Joyas en el Falcon: la aduana de los presidentes en Torrejón de Ardoz
La ley de transparencia es ambigua a la hora de definir cuáles son los regalos a los que los altos cargos deben renunciar
Barcelona"¿Algo que declarar?" Quien más o quien menos ha oído esta frase cuando su avión llevaba pocos minutos de haber aterrizado. Pero el control aduanero es más flexible cuando afecta a las autoridades. Miguel Sebastián, exministro de Industria (2008-2011), ha relatado recientemente cómo se gestionaban –al menos en su época– los regalos en los viajes oficiales. En el año 2008, ya a bordo del Falcon durante el vuelo de vuelta de la ciudad de Yeda (Arabia Saudí), un emisario real le entregó una cartera de piel que ocultaba en su interior joyas de lujo. Él decidió no llevarse el obsequio a casa y actualmente se encuentra en una vitrina del ministerio, pero recuerda que los funcionarios le explicaban: "Lo más habitual era que los regalos nos los quedáramos los ministros".Sebastián pretendía defender al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por el caso de las joyas que tendrá que justificar ante el juez –que provienen "de herencias y regalos", según decía su portavoz–. Pero el exministro acabó abriendo el melón de si en los viajes oficiales hay muchos regalos de este estilo que acaban en casa de monarcas, presidentes y ministros, que a menudo aterrizan en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), las instalaciones militares donde duermen los aviones oficiales tipo Falcon.
En el año 2005 el gobierno socialista aprobó el Código de Buen Gobierno de la mano del consejo de ministros, un reglamento que regulaba por primera vez el comportamiento respecto a los regalos que recibían los políticos. La normativa, sin embargo, apuntaba Sebastián en una entrevista a Antena 3, "estaba pensada para empresas españolas o empresas extranjeras con intereses en España" y no en regalos de monarquías extranjeras. De hecho, el código "excluía los regalos de cortesía", como en el caso de las joyas de Sebastián, "regalos que no se pueden rechazar", afirmaba el exministro. Ahora bien, "en el caso de obsequios de más significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado".
Papel mojado
Aquel primer código de conducta se fue consolidando a través de diferentes leyes posteriores de rango superior. El texto de Zapatero, por ejemplo, sirvió de inspiración para la ley de transparencia del 2014, impulsada y aprobada bajo el gobierno de Mariano Rajoy y vigente hoy en día. La norma general establece que no se puede admitir ningún regalo y, de hecho, aceptarlos (o pedirlos) a cambio de hacer, retrasar u omitir un acto propio de la función pública constituye un delito de soborno. Pero hay excepciones. El gran vacío recae en la ambigüedad: ninguno de los textos legales fija una cantidad económica máxima ni un tope que limite la aceptación de los objetos. En lugar de eso, la legislación lo fía absolutamente todo a la interpretación y al criterio personal de los mismos políticos, lo que permite retener aquellos regalos que no vayan "más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía".
Y precisamente aquí radica el problema: ¿qué son, exactamente, los "usos habituales, sociales y de cortesía"? María José Rodríguez Puerta, profesora de derecho penal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), advierte que la ausencia de concreción hace que la normativa funcione como simple "orientación" o un documento voluntario que depende únicamente de la "buena voluntad" del político. "Los regalos de cortesía deberían depositarse en la administración porque se han recibido por el cargo que ocupaban", remarca la experta, que alerta que esta ambigüedad legal supone una evidente "vía de entrada de influencias".
Las consecuencias de esta opacidad son completamente palpables hoy en día. Rodríguez Puerta recuerda el escándalo del Qatargate en el Parlamento Europeo, donde el estado de Qatar intentó "lavarse la cara" mediante regalos y viajes gratuitos para los representantes europeos. Esta red de sobornos evidenció la extrema vulnerabilidad de las instituciones internacionales ante los obsequios sin fiscalizar.
Ante esta laxitud general, hay organismos que han intentado ponerle freno estableciendo topes específicos. Así, las Cortes Generales tienen fijado un límite tasado de 150 euros en su código de conducta. Si un obsequio institucional o recibido en un viaje oficial supera esta cifra, debe entregarse a la secretaría general para ser debidamente inventariado y publicado en su página web. Por otro lado, la Casa del Rey, arrastrando la sombra del rey emérito, aprobó en 2015 una norma que impide a sus miembros aceptar dinero en efectivo o bienes que comprometan la dignidad de la institución. Aun así, a pesar de publicar un registro anual donde se enumeran los presentes –como los 358 recibidos en 2024–, la Zarzuela continúa omitiendo su valor económico.
En Cataluña, la ley de transparencia y los diferentes códigos de conducta obligan a los altos cargos de la Generalitat y de las administraciones a publicar abiertamente un registro donde se detallan todos los regalos de cortesía e institucionales que aceptan por razón de su cargo.
Como concluye Rodríguez Puerta, mientras no se aprueben "obligaciones taxativas y sanciones" a todos los niveles, el sistema actual continuará siendo "un autoservicio".
