Juan Carlos I invoca su inmunidad contra la demanda de Corinna ante la justicia británica

Los abogados de la firma internacional Clifford Chance han presentado una respuesta a la demanda presentada por los abogados de Corinna zu Sayn-Wittgenstein por acoso, seguimiento ilegal de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el Reino Unido y difamación. El escrito de respuesta señala que Juan Carlos I es inmune ante esta demanda por su condición de ex rey de España y ex Jefe de Estado. 

Los abogados James Lewis, Jonathan Caplan y Adam Chichester-Clark presentaron la demanda civil en nombre de su clienta, que reside en Londres, el 29 de diciembre de 2020, cuya tramitación comenzó en marzo pasado. Juan Carlos I, residente en Abu Dabi, contrató al bufete Clifford Chance por sugerencia de su abogado en Madrid, Javier Sánchez-Junco. Fuentes jurídicas en Madrid señalan que los abogados de Clifford Chance han viajado a Abu Dabi para entrevistarse con el rey emérito para elaborar la respuesta a la demanda civil. Esas fuentes señalan que la primera respuesta, como era previsible, rechaza la demanda sobre la base de la doctrina legal de la inmunidad soberana o inmunidad de la corona según la cual un soberano o estado no puede cometer irregularidad alguna y es inmune ante una demanda civil o penal en su propia nación. La misma doctrina se invoca para rechazar tribunales extranjeros y recibe el nombre de inmunidad de Estado. 

Esta doctrina se traduce en la máxima, en latín, Rex non potest peccare o, el rey no puede delinquir. La respuesta, según señalan fuentes jurídicas, invoca en consecuencia la inmunidad de ejecución (immunity from enforcement). El periódico británico Daily Mail señala en su edición de este domingo 17 de octubre que Juan Carlos I rechaza la demanda civil de Corinna con el argumento de la inmunidad soberana. Según los procedimientos en el Alto Tribunal de Justicia británico, el juez a cargo convocará a las dos partes -los abogados de Corinna y de Juan Carlos I-para acordar el curso de la acción civil: citación de testigos y presentación de documentos de prueba. Se estima que la instrucción de estos procedimientos puede durar hasta dieciocho meses. 

Pero antes el tribunal deberá pronunciarse sobre el argumento legal de la inmunidad soberana. Una derivación importante es que la inmunidad soberana o de Estado puede llevar a que el gobierno de España tenga que presentar argumentos en favor de ella o por el contrario renunciar a ella por escrito dentro del procedimiento. El argumento de la inmunidad soberana tiene un antecedente negativo para Juan Carlos I en la sentencia del comité judicial de la Cámara de los Lores, en su condición de tribunal supremo, de 1999, que denegó la inmunidad de ex jefe de Estado al ex dictador chileno, general Augusto Pinochet Ugarte, quien perdió la batalla legal en un juicio penal de extradición. 

Los jueces-lores dictaminaron por mayoría que entre las funciones de un jefe de Estado -condición que adquirió Pinochet tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973- no se encuentra el delito de tortura. Y rechazaron amparar al ex dictador frente a la exigencia de extradición de España. James Lewis, uno de los tres abogados de Corinna que firma la demanda civil, precisamente, participó en 1998 y 1999 en el equipo de juristas que defendió a favor de la Fiscalía de la Corona británica -que representaba a España en la batalla por la extradición de Pinochet- la inexistencia de amparo del ex dictador en la doctrina de inmunidad soberana.