El juez Peinado cierra la investigación contra Begoña Gómez y la deja a un paso de juicio

MadridDos años después de dar el pistoletazo de salida a la investigación que provocó los famosos cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido cerrar la instrucción sobre Begoña Gómez y la deja a un paso de juicio por cuatro delitos. Está acusada de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Cree que su condición de esposa del presidente español sirvió "para influir" y le permitió "acceder a interlocuciones institucionalmente excepcionales". "Como contraprestación, Begoña Gómez ofrecía la ventaja competitiva de las referidas empresas, en un trato privilegiado o de proximidad con la administración pública, aprovechando que su esposo es el presidente del gobierno de España", concluye el magistrado. Eso sí, a última hora, el magistrado descarta el delito de intrusismo laboral. Asimismo, da el mismo paso para su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, y para el empresario Juan Carlos Barrabés.

A lo largo de la interlocutoria, de 39 páginas, Juan Carlos Peinado hace dieciséis alusiones a Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Apunta que las empresas con las que Begoña Gómez se relacionaba participaban en "numerosos procedimientos de licitación pública" y sostiene que los contactos que ella mantenía "se orientaban a la obtención de futuros beneficios privados o comerciales indebidos". Es decir, el patrocinio de la cátedra que ella codirigía en la Universidad Complutense de Madrid era la "fachada" de una "retribución encubierta por futuros beneficios" relacionados con el gobierno español. "No se está ante contactos aislados, accesorios o puramente protocolarios, sino ante una actuación continuada, directa y operativa", añade.

En relación con el presunto delito de tráfico de influencias, dice que desde que Pedro Sánchez fue elegido presidente del gobierno español se tomaron "determinadas decisiones públicas favorables" a la cátedra: "Pudo obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional". Y es en este momento cuando el juez incluso compara España con un régimen autoritario para justificar la ausencia de jurisprudencia: "No podrá encontrarse un supuesto de similares características, porque las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro estado". Como mucho, cita a Fernando VII, que fue rey en el año 1808.

Las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, tienen ahora cinco días para pedir la apertura de juicio oral y formular su escrito de acusación, que deberá contener el número de años de prisión que le solicitan. La Fiscalía hace tiempo que pide el archivo de la causa. En caso de que llegue a juicio –como es previsible–, Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular. Poco después de conocerse la noticia, la reacción del gobierno español ha llegado de manos del ministro Félix Bolaños, que ha cargado con dureza contra el juez, a quien ha acusado de hacer un "mal irreparable" a la justicia española: "Esta instrucción ha avergonzado a muchos ciudadanos del país, así como a jueces y magistrados".

La contratación de su asesora

El delito de malversación tiene relación con la contratación de su asesora en la Moncloa, que la ayudaba en tareas relacionadas con la cátedra. El juez reconoce que Begoña Gómez no puede ser considerada "autora directa" del presunto delito porque ella no le pagaba el sueldo, pero cree que sí fue "inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente" del "desvío" de dinero público porque "aprovechó de manera estable su dedicación en tareas ajenas a la encomienda institucional", como interlocución con universidades y patrocinadores, seguimiento de la cátedra y asistencia a reuniones. Por tanto, dice que Begoña Gómez utilizó la "fuerza de trabajo y cobertura institucional sufragadas por el Estado" para sus "finalidades privadas y profesionales" y sostiene que, viendo la "continuidad, reiteración y aprovechamiento" de esta ayuda, no puede enmarcarse en "meros favores aislados o episodios episódicos".

Sobre la captación de fondos, Juan Carlos Peinado cree que Begoña Gómez los buscaba para la cátedra "en apariencia", pero que –realmente– eran para "integrarlos en su patrimonio personal". Finalmente, el juez da carpetazo al delito de intrusismo laboral, que estaba vinculado con la firma de un pliego de condiciones técnicas de un software de la cátedra. Como ha quedado acreditado que no se necesitaba un "título específico" para hacerlo y no hay "indicios plurales y sólidos", el juez ha decidido aparcarlo.